En Chile, ¿A quién vamos a proteger con esta descarbonización?
Ignacio SÁNCHEZ
Al momento de cierre de la edición de este artículo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, expone frente a la ONU que «Hay que dejar de lado la falsa dicotomía entre crecimiento y desarrollo sustentable. El desarrollo o es sustentable o no va ser desarrollo». En ese mismo día, la cancillería Chilena reafirma que no firmará el acuerdo de Escazú, acuerdo que compromete garantías ambientales y sociales a las comunidades que hoy están en crisis y en posibles conflictos futuros.
Hoy, incendios de miles de kilómetros cuadrados permanecen en el corazón de la región de California en Estados Unidos, récords de temperaturas en el desierto y aumentos sostenidos de la magnitud y cantidad de incendios por año nos entregan otra señal del punto donde se cruzan las acciones humanas con el ecosistema. En este contexto, como un golpe de lucidez frente a los hechos, el gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció por conferencia de prensa que “no tiene paciencia para los que niegan el cambio climático”, sin embargo este mismo año bajo su administración se han aprobado más de 45 nuevos proyectos de fracking, tipo de extracción que se liga directamente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Como este ejemplo lejano vemos como el cambio climático sigue su paso, que se muestra inexorable ante acciones poco claras, o mejor dicho movilizadas otros motivos, no enfocados al bienestar de las personas y comunidades, sino de la rentabilidad y estabilidad de los capitales privados. El panel intergubernamental contra el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, como medida global concreta contra el cambio climático y limitar a 1.5 °C el aumento de temperatura media global, indica que para el año 2050 se debe balancear en “cero” las emisiones de CO2 y disminuir al mínimo las emisiones otros generadores de efecto invernadero. En este foco la “descarbonización” de la matriz eléctrica, que se refiere a reducir los combustibles fósiles en uso para generación energética, se menciona como crucial. A nivel Latinoamericano, este foco de descarbonización ha sido presentado como portador de oportunidades económicas a los países que mantengan acciones al respecto, y en el caso de la generación energética creando empleos y disminuyendo los impactos a la salud por medio del uso de fuentes renovables de energía. Asimismo, mantener las antiguas tecnologías respecto al uso de fuentes renovables además de aumentar su riesgo económico en esta transición hacia una matriz más limpia, se vuelve altamente impopular ante el escenario climático. Esta llamada de atención mundial se cruza directamente con la motivación existente en el territorio Chileno de eliminar las termoeléctricas a carbón, manifestada desde la amplia acción de comunidades y ciudadanía como lo es la alianza “Chao Carbón”para visibilizar las zonas de sacrificio ambiental y social creadas en torno a estas ellas , donde existen altas tasas de problemas de salud asociados a emisiones y efectos severos en los ecosistemas circundantes. (Debemos recordar que Chile mantenía al 2016 un 78% de la emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la generación eléctrica y mantenía un 40% de esta producción en base a carbón al 2018) Con acciones que hacen pensar que se están atendiendo a estas demandas, el gobierno chileno lanzó el año 2019 un plan de descarbonización que cuenta con el cierre de las centrales eléctricas a carbón comenzando con 19% de la capacidad total antes del año 2025 y el 100% para el año 2040. Este plan de avance se entregó como una oportunidad para renovar medios de generación obsoletos en el escenario climático “y que serán reemplazados por Energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia» en palabras del ministro de energía Jobet. Sin embargo el tono e imagen de las medidas son contradictorias en la urgencia de las mismas: Por una primera parte para este plan de descarbonización el cierre de casi 80% de las generadoras a carbón restantes post 2025, no considera un programa de cierre para ninguna unidad generadora antes del 2040 dejando hasta el momento la decisión completamente a criterio de las empresas hasta el año 2041. Medida directamente incongruente con la necesidad urgente de acabar lo antes posible los efectos dañinos acumulativos demostrados en personas y ecosistemas ubicados en las cercanías de estas centrales y más concretamente respecto a lo plasmado según el último estudio del Gobierno para la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) documento que concreta que estas acciones de cierre: “permitirán propiciar un desarrollo sustentable y sostenible para la comunidad”. Y en una faceta antagónica, con un gobierno que considera muy preocupante un proyecto de ley que podría permitir el cierre de todas las termoeléctricas a carbón menores de 30 años al 2025. Argumentando la posible crisis laboral y de precios de la energía que podría acarrear el precipitarse, pero como se vió, sin contrapropuestas concretas al respecto. Siguiendo en la misma línea, mientras en el PELP del gobierno se muestra una proyección positiva de las energías renovables alcanzando un 70% al 2025, se realizó un polémico cambio reglamentario bajo el título de «Estado de reserva estratégica» para posibilitar que las centrales a carbón se mantengan disponibles hasta por 5 años después de su cierre mediante una remuneración de un 60% del monto que reciben las centrales activas por potencia. La justificación a lo anterior se entrega dentro del decreto aprobatorio sólo con la frase: “con la finalidad de dar resguardo a la seguridad y eficiencia del sistema Eléctrico Nacional”. De esta manera, bajo una medida no respaldada por informes técnicos acerca del aporte de estas centrales al respaldo de la matriz, se le entrega un subsidio o aliciente a las termoeléctricas para su retiro amortiguando su costo capital de cierre. Este claroscuro muestra que en lo sustantivo, el foco de las medidas tiene que ver más con una imagen políticamente correcta en lo medioambiental y con un fuerte foco en la estabilidad económica del «business as usual» más que medidas con un espíritu real de cambio. Se da a entender al fin, que las decisiones país sobre el bienestar tanto de las comunidades como ambiental, está coercionado por la circunstancias del mercado, creadas a partir de decisiones de rentabilidad tomadas por privados y donde el rol del estado o la ciudadanía fue cosmético o administrativo, y que verdaderamente no se cree en un futuro sin carbón ni en un plan contra el cambio climático sino que es una postura forzada por las circunstancias geopolíticas. La rentabilidad únicamente financiera no puede ser el motor de la decisión política para que ciertas tecnologías como el carbón ingresen a la matriz a corto o largo plazo, ya que como se muestra en este caso, al momento de tomar decisiones que están fuera del ámbito de las razones de mercado que las dejaron establecerse (plan de descarbonización, y compromisos ambientales país), la justificación de su necesidad estratégica y política se vuelve autoproclamada. Lamentablemente no hubo un compromiso estratégico real con el medio ambiente al momento de frenar que el 40% de la generación fuese tomada por las carboneras en un afán economicista y, como mínimo posterior, al tomar cartas en el asunto por las zonas de sacrificio. Ese enfoque ya no existió, y con la oportunidad de comenzar de cero con un plan de descarbonización tampoco están las voluntades para salir del vicio del mercado ya adquirido. La rentabilidad dicta los pasos futuros y el riesgo lo asume en este caso el estado, y lo que es peor las personas que ven transformados y vulnerados sus territorios. Es necesario otro enfoque, donde el medio ambiente y los habitantes jueguen un rol fundamental en las decisiones. De aprobarse la redacción de una nueva constitución en Chile, será el momento donde se pueda plasmar en una constitución ecológica los reales derechos de los ecosistemas y sus habitantes, la justicia ambiental y valorar el medio ambiente sobre el derecho a la propiedad y así, que decisiones tomadas en un unos pocos directorios de empresas privadas no defina cuales son las políticas públicas en energía futuras sino el derecho soberano de sus habitantes a tener a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.[1] https://jacobinmag.com/2020/09/ecosocialism-barbarism-climate-change-denial-wildfires
[2] Rogelj, J., D. Shindell, K. Jiang, S. Fifita, P. Forster, V. Ginzburg, C. Handa, H. Kheshgi, S. Kobayashi, E. Kriegler, L. Mundaca, R. Séférian, and M.V.Vilariño (2018). Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. atthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]
[3] BID y DDPLAC (2019). Como Llegar a Cero Emisiones Netas: Lecciones de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C
[4] http://www.chaocarbon.cl/alianza.php
[5]https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/09/cierre-adelantado-de-cuatro-centrales-energeticas-a-carbon-ambientalistas-valoran-pero-califican-de-insuficiente-el-anuncio-del-gobierno-en-la-cop25/
[6] Chile Sustentable (2020). Estado de reserva estratégica: ¿Subsidio a las termoeléctricas a carbón?
[7]Ministerio de energía de Chile (2019). Planificación Energética de Largo Plazo, Periodo 2018-2020.
[8] https://www.revistaei.cl/2020/08/04/nuevo-reves-para-el-gobierno-comision-de-medio-ambiente-aprueba-proyecto-que-prohibe-instalacion-y-funcionamiento-de-centrales-a-carbon/
[9] Ministerio de Energía (2020). Decreto Supremo N°42