¿Son las fuentes renovables capaces de resolver el problema? ¿Alcanzan?

¿Son las fuentes renovables capaces de resolver el problema? ¿Alcanzan?

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Jorge Chemes | Pablo Bertinat

Resulta indispensable abandonar los combustibles fósiles. No solo por la escasez y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por los graves conflictos socioterritoriales que han generado el desarrollo de los combustibles fósiles, la agroindustria y la producción a gran escala.

El camino principal pasa por la reducción de la demanda de energía en los sectores que más la usan, apuntando a eliminarlos, reducirlos, transformarlos y suplantar su fuente energética fósil. En este camino, se plantea la idea de una sólida incorporación de fuentes renovables de energía.

En el presente trabajo, las fuentes energéticas se caracterizan por dos atributos. Por un lado su renovabilidad o no renovabilidad. Este atributo es una característica física y se relaciona con la posibilidad de que las generaciones futuras dispongan de dicha fuente, en función de su tasa de consumo y regeneración natural. Así, por ejemplo, mientras que el petróleo es no renovable, el viento y el sol son fuentes renovables. Pero el segundo atributo es su sustentabilidad o no sustentabilidad. En este caso, este atributo no solo tiene que ver con aspectos físicos de la fuente, sino con la forma y los procesos de aprovechamiento de esa fuente. Así, se asume que las no renovables, justamente por esa razón, también son no sustentables. Pero los aprovechamientos de las fuentes renovables se deben analizar desde una matriz que contemple no solo los beneficios energéticos, sino los impactos sociales, ambientales, ecosistémicos, etc.

Existen diferentes formas y procesos para llevar a cabo la adaptación tecnológica necesaria para el uso de las fuentes renovables de energía. En la actualidad, predomina un formato industrial e hipertecnológico de las fuentes renovables que puede considerarse una extensión de los combustibles fósiles (Gonzalez Reyes, 2018). Este modelo intensivo utiliza los fósiles, la minería y muchos compuestos que también son finitos.

A diferencia de los combustibles fósiles y el uranio, las fuentes primarias de energías renovables son de una magnitud inconmensurable. Existen innumerables trabajos que comparan, por ejemplo, la radiación solar disponible sobre la Tierra con el uso actual de la energía, indicando que, en solo unos instantes de tiempo, llega a la Tierra la energía que consumimos en un año,[1] o trabajos que muestran que el potencial eólico disponible es muy superior a la energía utilizada en la actualidad y a la que necesitaremos ante un escenario tendencial.[2]

Sin embargo, las limitaciones aparecen a la hora de disponer de dichos recursos primarios para su transformación en uso final.En un primer momento, se podría afirmar que, en el corto y mediano plazo, es posible utilizar fuentes primarias renovables para producir electricidad, que luego será el vehículo para atender un uso final determinado.

Las restricciones son de diverso tipo, pero podríamos agruparlas básicamente en dos grupos: las limitaciones físicas y materiales, y las limitaciones socioambientales. Ambas establecerán un techo a la posibilidad de desarrollo infinito de las aplicaciones de las fuentes renovables de energía.

Si se hace referencia a las limitaciones físicas y materiales, es necesario aceptar que, más allá de que las fuentes primarias sean inconmensurables, la infraestructura para su conversión requiere de una cantidad importante de materiales, entre los que se encuentran algunos muy comunes como el cobre, pero también diversos tipos de materiales menos abundantes, como teluro, cadmio, indio, germanio, arsénico y galio, entre otros. Todos estos materiales son finitos y muchos de ellos se encuentran ya en estado crítico.

En el siguiente cuadro, se puede observar un listado de los materiales citados con información acerca de su aplicación y la fecha prevista de cénit, tras lo que se prevé que su producción decrezca (Gonzalez Reyes, 2018).

Existen muchos trabajos que dan cuenta de la criticidad de los materiales necesarios para el desarrollo de las fuentes renovables.[3] Estos recursos no solo son escasos y tienen una tasa de extracción mucho menor a las necesidades que implicaría un desarrollo en masa de energías renovables que mantenga la demanda actual, sino que tienen implicaciones económicas y geopolíticas importantes debido a su distribución en el planeta. Por ejemplo, China posee más del 95 % de las reservas de estos minerales.

Es importante también atender a los procesos, ya que la infraestructura no se desarrolla de un día para otro. La actual infraestructura fósil demoró más de medio siglo en instalarse y solo fue una adición de fuentes. En este caso, como advierte González Reyes (2018), se trata de un cambio distinto, ya que no se trata de aumentar el consumo, sino de disminuirlo.

Pero también existen limitaciones socioambientales importantes. Por un lado, la mayoría de los materiales involucrados son extraídos mediante minería, en algunos casos en el lecho submarino. El incremento de estos procesos mineros ocasionaría contaminación de fuentes de aire, agua, mares y subsuelo, lo cual daría lugar a conflictos socioambientales en los territorios (continentales y costeros), asociados a desplazamientos, acaparamientos y desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores, así como los de las comunidades sobre los territorios. Más allá de la necesidad de usar algunos materiales, la decisión sobre su extracción debe ser tomada por las comunidades en los territorios donde estos se encuentran.

Asimismo, el establecimiento de parques eólicos o granjas fotovoltaicas, que requieren grandes cantidades de tierra o espacio oceánico, se traduce en una mayor presión sobre el acceso, uso y control de los territorios y aguas, generando aún mayor impacto sobre las comunidades que viven en ellos.

Desde la transición energética popular, este problema hace evidente la necesidad de una transformación más profunda, que incluya las formas de uso y control de la energía, en el contexto de formas de producción, distribución y consumo sostenibles desde el punto de vista social y ambiental.

[1] https://landartgenerator.org/infographics.html. En este caso, se muestra la superficie necesaria de paneles fotovoltaicos para abastecer el consumo de energía mundial en distintos años.

[2] https://landartgenerator.org/infographics.html

[3] Se puede observar información relevante en “Metal Stocks in Society, Scientific Shyntesis” (UNEP, 2010) o en “Critical Materials for the Transition to a 100por ciento Sustainable Energy Future” (WWF, 2014).

Honty (2014) sistematiza claramente la mejor información existente sobre muchos de estos materiales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, las denominadas tierras raras disprosio, terbio, europio, neodimio e itrio, que son críticos en el corto plazo, además de otros en situación casi crítica.

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La transición energética es inevitable, necesaria y posible. ¿Pero qué transición?

La transición energética es inevitable, necesaria y posible. ¿Pero qué transición?

Maximiliano PROAÑO
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nota publicada en TERRITORIOS COLECTIVOS

La transición energética hoy en día es objeto de debate público. Organismos internacionales, políticos, corporaciones, la academia y la sociedad civil se refieren a dicho concepto para tratar de explicar sus puntos y llevar a cabo su agenda. Algunos sectores se refieren a la transición energética desde las propuestas de la economía verde, con lógicas economicistas y corporativistas; otros abogan por una transición energética transformadora, que se convierta en la punta de lanza de un nuevo modelo de desarrollo.  Entonces cabe preguntarnos ¿Cómo es posible que la transición energética proyecte significados tan diversos?. Para esbozar una respuesta, primero resulta necesario acotar algunos aspectos relevantes sobre los cuales se desenvuelve la transición energética a nivel global.

 

En primer lugar, es importante tener claro que la transición energética es inevitable pues los recursos fósiles son finitos y, por lo tanto, tenemos la certeza que se acabarán. De hecho el gas y petróleo barato y de fácil extracción ya se están acabando y por esta razón, algunos países han recurrido a los hidrocarburos de una costosa y compleja técnica de extracción como es la fractura hidráulica o el fracking que además implica una serie de riesgos e impactos ambientales y sociales.

 

Además, por la evolución que han tenido las energías renovables durante los últimos años (lo veremos más adelante) todo indica que las energías fósiles quedarán obsoletas antes que se acaben por completo.

 

Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que la transición energética es necesaria y urgente. El sector energético es responsable de la gran mayoría de los conflictos socioambientales del país[1]. Las termoeléctricas son las principales responsables de la existencia de cinco zonas de sacrificio en Chile donde las comunidades y los territorios han sido fuertemente afectados. Pero además, del desafío local, también está el global. Sobre el 70% de los gases efectos invernadero causantes de la crisis climática  provienen del sector energético. En Chile es sobre el 75%.

 

Hoy la crisis climática ya representa una enorme amenaza para la humanidad, y en las próximas décadas esto empeorará, mientras que los esfuerzos de los gobiernos son absolutamente insuficientes. El acuerdo de París busca que los gobiernos logren reducir el alza de la temperatura a 1.5°C al 2030, pero incluso logrando reducir el alza de la temperatura a 1,5º C, las consecuencias del calentamiento global serán muy nocivas. Según la ONU el CC ocasionará la caída en la pobreza de 120 millones de personas al 2030. Un alza de 1.5 salvaría a 40 millones de personas del hambre comparado con un alza de 2º y 270 millones menos sufrirían de sequía y escasez hídrica también con la diferencia en el alza de 1,5 a 2º. En el caso de Chile si bien es un país que aporta un porcentaje menor de los GEI globales, al momento de comparar las emisiones per cápita son bastante altas, entre las de Francia e Inglaterra. Además, la ONU ha declarado al país como altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

 

Cabe agregar que la catástrofe global que origina la crisis climática en curso tiene responsables y tiene un fuerte componente de (in)justicia ambiental, toda vez que afecta en mayor medida a los países más vulnerables y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Con el desarrollo del capitalismo un pequeño grupo de la población mundial controla los medios de producción, y por lo tanto, toma las decisiones sobre cómo, dónde y cuánto producir. En 2014 Richard Heede, presentó un estudio que analiza, durante el período de 1854-2010 (gran parte de la era industrial), las emisiones de 90 corporaciones públicas y privadas dedicadas a la producción de carbón mineral, petróleo, gas y cemento. La investigación concluyó que esas 90 corporaciones han sido responsables del 63% de los gases de efecto invernadero (GEI) en el período estudiado. Es más, si consideramos sólo a las primeras 20 de la lista, todas gigantes del sector energético, estas producen el 30% de los GEI. Por otra parte, mientras el 10% más rico de la población mundial es responsable de generar el 50% de los gases efecto invernadero globales, el 50% más pobre de la población mundial, unos 3.500 millones de personas, generan solo el 10% de los GEI totales. Este 50% se ubica casi absolutamente en el sur global, es decir, asia, áfrica y latinoamérica.

 

Pero la transición energética no es sólo inevitable y necesaria, sino que también es absolutamente posible. Una de las grandes ventajas de las energías renovables es la posibilidad de desarrollar proyectos a escala local donde la ciudadanía pase a jugar un rol activo. Generalmente se argumentaba que el problema de las energías renovables era su alto costo de inversión, sin embargo, esto ha cambiado. La Agencia Internacional de Energía Renovable ha establecido que a partir de 2020 la energía solar y la eólica en tierra serán más económicas que las alternativas más baratas de energías fósiles sin ningún tipo de asistencia financiera.

 

Entonces si la transición energética es inevitable, necesaria y posible ¿por qué no está ocurriendo en la forma y velocidad requerida? La respuesta se podría resumir en la falta de voluntad política para hacer frente a los enormes intereses y el tremendo poder corporativo de las energías fósiles. Esto se refleja en políticas públicas inadecuadas tales como subsidios a energías sucias, falta de regulación y políticas fiscales que incentiven decididamente las energías renovables, y por sobretodo, la ausencia de un marco regulatorio y político que propicie.

 

Transición energética en Chile

¿Está sucediendo la transición energética en Chile? ¿Es posible esta transición energética bajo los modelos energéticos y productivos actuales?. La respuesta depende de qué entendemos por transición energética.

 

Si la entendemos como una transición que signifique sólo un cambio tecnológico desde energías fósiles a renovables, se podría decir que Chile está inmerso en un proceso de transición energética, pues hace siete años atrás la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica chilena era aproximadamente de 5%, hoy en cambio sobrepasa el 20%. Sin embargo, aunque el crecimiento de las energías renovables ha sido explosivo, la matriz eléctrica chilena, como se puede ver en la imagen, a junio de 2020 aún está compuesta de fuentes fósiles por sobre el 50%.

Esta matriz eléctrica basada principalmente en fuentes fósiles como carbón, gas y diésel, resulta determinante en que a lo largo del territorio nacional existen cinco zonas de sacrificio (Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel), que concentran la gran mayoría de las centrales termoeléctricas del país y donde los derechos humanos de los habitantes de dichos territorios son vulnerados a diario. Por lo tanto, lo cierto es que Chile aún posee un modelo energético contaminante, con una alta concentración en la propiedad, con mucha conflictividad por su impacto socioambiental, reproductor de desigualdad e injusticia ambiental, y con ausencia de participación de la ciudadanía en la planificación, propiedad y gestión de los proyectos energéticos.

 

¿Qué transición energética requiere Chile?

En términos de Gudynas (2011) las transiciones son un conjunto de medidas, acciones y pasos que permiten moverse del desarrollo convencional al desarrollo deseado, el buen vivir o el imaginario que construyamos. Por lo tanto, si el modelo energético de un país está directamente ligado a su modelo de desarrollo, tenemos que un nuevo modelo energético necesariamente pasa por plantearnos un modelo societario diferente. Qué duda cabe que hoy en Chile, en un contexto post 18-O y pandemia, el modelo se encuentra impugnado y, por lo tanto, el debate público debe girar en torno a qué modelo de desarrollo queremos construir. En este contexto, una transición energética justa y democrática puede convertirse en la punta de lanza hacia un país más equitativo.

 

En el debate sobre la transición energética, mucho se habla sobre la necesidad de una transición justa. Acorde con el origen del término en EEUU en la década de los 70´en las negociaciones por el cierre de una planta nuclear, el debate aún gira principalmente en la necesidad de tomar las medidas adecuadas para que los trabajadores del sector energético no sean los grandes perjudicados de este proceso[2]. Sin embargo, aunque la inclusión de los trabajadores para una transición energética justa es un aspecto esencial, este debe ser un proceso más amplio y complejo. En términos de justicia, y en particular de justicia ambiental, son tres las nociones que resultan claves para la transición energética, estas son la distributiva, participativa y de reconocimiento (Schlosberg, 2007; Hervé 2010). El elemento distributivo, es entendido como la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales, considerando no sólo el aspecto procedimental de la justicia sino también el sustantivo. El elemento participativo, es un principio ampliamente reconocido como un elemento de la esencia de la justicia así como del Derecho Ambiental.

 

Generalmente, la teoría de la justicia reconoce la participación como un medio que permite abordar de mejor manera tanto los problemas de distribución como de reconocimiento (Schlosberg, 2007). El elemento del reconocimiento por su parte, “no solo se refiere al derecho individual al reconocimiento de uno mismo, sino más importante, al reconocimiento de las identidades colectivas y sus necesidades, preocupaciones y modos de vida particulares” (Urkidi & Walter, 2011, 684-685). Esta noción de justicia, es particularmente relevante para las comunidades indígenas que luchan por sus derechos territoriales, la protección de su cultura y espiritualidad.

 

En cuanto a la necesidad de una transición energética democrática, debemos entender que se requiere un cambio de paradigma sobre el rol que juega la ciudadanía en materia energética, transitando desde la situación actual de meros clientes, a concebir la energía como un bien común y por lo tanto convertirnos en actores activos tanto en los procesos de planificación y diseño de la política energética, participación temprana de las comunidades sobre los proyectos que se desarrollan en los territorios y en los procesos de toma de decisiones, y como agentes activos en los procesos de generación y distribución de energía a través de experiencias de asociatividad tales como cooperativas de energía.

 

Para concluir, sólo reforzar la idea que para que la transición energética sea económica, social y medioambientalmente viable, esta debe ser justa y democrática. Para llevar a cabo este propósito exitosamente, se requiere a su vez, de un marco institucional y político adecuado que le permita a las comunidades experimentar un proceso de empoderamiento y asociatividad de algo tan cotidiano y común como la energía.

 

Referencias:

Gudynas, E. (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En C.M. MOKRANI, Más allá del desarrollo. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, ISBN: 978-9942-09-053-9.

Heede, R. (2014). Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010.

Hervé, D. (2010). Noción y elementos de la Justicia Ambiental: Directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista De Derecho (Valdivia),23(1), 9-36. doi:10.4067/s0718-09502010000100001.

Schlosberg, D. (2007) Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature (New York: Oxford University Press).

Urkidi, L., & Walter, M. (2011). Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America. Geoforum42(6), 683–695. doi: 10.1016/j.geoforum.2011.06.003


[1] https://mapaconflictos.indh.cl/#/

[2] https://www.energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia

 
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Reloj

En Chile, ¿A quién vamos a proteger con esta descarbonización?

En Chile, ¿A quién vamos a proteger con esta descarbonización?

Ignacio SÁNCHEZ
Ignacio SÁNCHEZ
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Al momento de cierre de la edición de este artículo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, expone frente a la ONU que «Hay que dejar de lado la falsa dicotomía entre crecimiento y desarrollo sustentable. El desarrollo o es sustentable o no va ser desarrollo». En ese mismo día, la cancillería Chilena reafirma que no firmará el acuerdo de Escazú, acuerdo que compromete garantías ambientales y sociales a las comunidades que hoy están en crisis y en posibles conflictos futuros.
Hoy, incendios de miles de kilómetros cuadrados permanecen en el corazón de la región de California en Estados Unidos, récords de temperaturas en el desierto y aumentos sostenidos de la magnitud y cantidad de incendios por año nos entregan otra señal del punto donde se cruzan las acciones humanas con el ecosistema. En este contexto, como un golpe de lucidez frente a los hechos, el gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció por conferencia de prensa que “no tiene paciencia para los que niegan el cambio climático”, sin embargo este mismo año bajo su administración se han aprobado  más de 45 nuevos proyectos de fracking, tipo de extracción que se liga directamente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Como este ejemplo lejano vemos como el cambio climático sigue su paso, que se muestra inexorable ante acciones poco claras, o mejor dicho movilizadas otros motivos, no enfocados al bienestar de las personas y comunidades, sino de la rentabilidad y estabilidad de los capitales privados. El panel intergubernamental contra el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, como medida global concreta contra el cambio climático y limitar a 1.5 °C el aumento de temperatura media global,  indica que para el año 2050 se debe balancear en “cero” las emisiones de CO2 y disminuir al mínimo las emisiones otros generadores de efecto invernadero. En este foco la “descarbonización” de la matriz eléctrica, que se refiere a reducir los combustibles fósiles en uso para generación energética, se menciona como crucial A nivel Latinoamericano, este foco de descarbonización ha sido presentado como portador de oportunidades económicas a los países que mantengan acciones al respecto, y en el caso de la generación energética creando empleos y disminuyendo los impactos a la salud por medio del uso de fuentes renovables de energía. Asimismo, mantener las antiguas tecnologías respecto al uso de fuentes renovables además de aumentar su riesgo económico en esta transición hacia una matriz más limpia, se vuelve altamente impopular ante el escenario climático. Esta llamada de atención mundial se cruza directamente con la motivación existente en el territorio Chileno de eliminar las termoeléctricas a carbón, manifestada desde la amplia acción de comunidades y ciudadanía como lo es la alianza “Chao Carbón”para visibilizar las zonas de sacrificio ambiental y social creadas en torno a estas ellas , donde existen altas tasas de problemas de salud asociados a emisiones y efectos severos en los ecosistemas circundantes. (Debemos recordar que Chile mantenía al 2016 un 78% de la emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la generación eléctrica y mantenía un 40% de esta producción en base a carbón al 2018) Con acciones que hacen pensar que se están atendiendo a estas demandas, el gobierno chileno lanzó el año 2019 un plan de descarbonización que cuenta con el cierre de las centrales eléctricas a carbón comenzando con 19% de la capacidad total antes del año 2025 y el 100% para el año 2040. Este plan de avance se entregó como una oportunidad para renovar medios de generación obsoletos en el escenario climático “y que serán reemplazados por Energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia» en palabras del ministro de energía Jobet   Sin embargo el tono e imagen de las medidas son contradictorias en la urgencia de las mismas:  Por una primera parte para este plan de descarbonización el cierre de casi 80% de las generadoras a carbón restantes post 2025, no considera un programa de cierre para ninguna unidad generadora antes del 2040 dejando hasta el momento la decisión completamente a criterio de las empresas hasta el año 2041. Medida directamente incongruente con la necesidad urgente de acabar lo antes posible los efectos dañinos acumulativos demostrados en personas y ecosistemas ubicados en las cercanías de estas centrales y más concretamente respecto a lo plasmado según el último estudio del Gobierno para la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) documento que concreta que estas acciones de cierre: “permitirán propiciar un desarrollo sustentable y sostenible para la comunidad”. Y en una faceta antagónica, con un gobierno que considera muy preocupante un proyecto de ley que podría permitir el cierre de todas las termoeléctricas a carbón menores de 30 años al 2025. Argumentando la posible crisis laboral y de precios de la energía que podría acarrear el precipitarse, pero como se vió, sin contrapropuestas concretas al respecto.  Siguiendo en la misma línea, mientras en el PELP del gobierno se muestra una proyección positiva de las energías renovables alcanzando un 70% al 2025, se realizó un polémico cambio reglamentario bajo el título de «Estado de reserva estratégica» para posibilitar que las centrales a carbón se mantengan disponibles hasta por 5 años después de su cierre mediante una remuneración de un 60% del monto que reciben las centrales activas por potencia.  La justificación a lo anterior se entrega dentro del decreto aprobatorio sólo con la frase: “con la finalidad de dar resguardo a la seguridad y eficiencia del sistema Eléctrico Nacional”. De esta manera, bajo una medida no respaldada por informes técnicos acerca del aporte de estas centrales al respaldo de la matriz, se le entrega un subsidio o aliciente a las termoeléctricas para su retiro amortiguando su costo capital de cierre. Este claroscuro muestra que en lo sustantivo, el foco de las medidas tiene que ver más con una imagen políticamente correcta en lo medioambiental y con un fuerte foco en la estabilidad económica del «business as usual» más que medidas con un espíritu real de cambio. Se da a entender al fin, que las decisiones país sobre el bienestar tanto de las comunidades como ambiental, está coercionado por la circunstancias del mercado, creadas a partir de decisiones de rentabilidad tomadas por privados y donde el rol del estado o la ciudadanía fue cosmético o administrativo, y que verdaderamente no se cree en un futuro sin carbón ni en un plan contra el cambio climático sino que es una postura forzada por las circunstancias geopolíticas.  La rentabilidad únicamente financiera no puede ser el motor de la decisión política para que ciertas tecnologías como el carbón ingresen a la matriz a corto o largo plazo, ya que como se muestra en este caso, al momento de tomar decisiones que están fuera del ámbito de las razones de mercado que las dejaron establecerse (plan de descarbonización, y compromisos ambientales país), la justificación de su necesidad estratégica y política se vuelve autoproclamada.  Lamentablemente no hubo un compromiso estratégico real con el medio ambiente al momento de frenar que el 40% de la generación fuese tomada por las carboneras en un afán economicista y, como mínimo posterior, al tomar cartas en el asunto por las zonas de sacrificio. Ese enfoque ya no existió, y con la oportunidad de comenzar de cero con un plan de descarbonización tampoco están las voluntades para salir del vicio del mercado ya adquirido. La rentabilidad dicta los pasos futuros y el riesgo lo asume en este caso el estado, y lo que es peor las personas que ven transformados y vulnerados sus territorios.  Es necesario otro enfoque, donde el medio ambiente y los habitantes jueguen un rol fundamental en las decisiones. De aprobarse la redacción de una nueva constitución en Chile, será el momento donde se pueda plasmar  en una constitución ecológica los reales derechos de los ecosistemas y sus habitantes, la justicia ambiental y valorar el medio ambiente sobre el derecho a la propiedad y así, que decisiones tomadas en un unos pocos directorios de empresas privadas no defina cuales son las políticas públicas en energía futuras sino el derecho soberano de sus habitantes a tener a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
[1] https://jacobinmag.com/2020/09/ecosocialism-barbarism-climate-change-denial-wildfires
[2] Rogelj, J., D. Shindell, K. Jiang, S. Fifita, P. Forster, V. Ginzburg, C. Handa, H. Kheshgi, S. Kobayashi, E. Kriegler, L. Mundaca, R. Séférian, and M.V.Vilariño (2018). Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R.  atthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]
[3] BID y DDPLAC  (2019). Como Llegar a Cero Emisiones Netas: Lecciones de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C 
[4] http://www.chaocarbon.cl/alianza.php
[5]https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/09/cierre-adelantado-de-cuatro-centrales-energeticas-a-carbon-ambientalistas-valoran-pero-califican-de-insuficiente-el-anuncio-del-gobierno-en-la-cop25/ 
[6] Chile Sustentable (2020). Estado de reserva estratégica: ¿Subsidio a las termoeléctricas a carbón?
[7]Ministerio de energía de Chile (2019). Planificación Energética de Largo Plazo, Periodo 2018-2020.
[8] https://www.revistaei.cl/2020/08/04/nuevo-reves-para-el-gobierno-comision-de-medio-ambiente-aprueba-proyecto-que-prohibe-instalacion-y-funcionamiento-de-centrales-a-carbon/
[9] Ministerio de Energía (2020). Decreto Supremo N°42

 

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¿Pueden la soberanía alimentaria y la transición energética ser procesos sinérgicos?

¿Pueden la soberanía alimentaria y la transición energética ser procesos sinérgicos?

Jorge CHEMES
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Pablo BERTINAT
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Más allá de una discusión centrada en las fuentes de energía, hablar de transición energética es hablar de recursos, políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, ambiente, derechos humanos, igualdad de género, estrategias empresariales, de tecnología, diversificación productiva, relación entre energía y distribución de la riqueza, relación entre energía y matriz productiva y soberanía alimentaria, entre otros. Hablar de transición es comprender las intrincadas relaciones entre infinidad de factores, la diversidad de concepciones (sistémicas y contrasistémicas) y aspiraciones que existen (Bertinat, 2016).

 

Así, la transición energética popular invita a sentipensar la ciudad, la ruralidad, la producción de alimentos, el consumo de energía incorporada en alimentos y en su movilidad, en consumo local, en la soberanía alimentaria, en agroecología campesina.[i]

En la nota “Las transiciones energéticas”, se indica que el acuerdo en el diagnóstico de la crisis climática (desde distintas visiones políticas e ideológicas) entre las diversas miradas de transición energética (corporativa o popular) es la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, esto ha llevado a ignorar la responsabilidad de la agroindustria y los agrocombustibles como causas de la crisis climática.

 

La agricultura industrial no solo es responsable por el acaparamiento de tierras y territorios a nivel global,[ii] sino que es también una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. El uso creciente de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, la maquinaria pesada que se requiere para laborar las extensiones de monocultivos, la deforestación, la generación de desechos a partir de la producción en exceso a lo largo de la cadena y el alto consumo energético del sistema de distribución y comercio de alimentos a gran escala (refrigeración, residuos y transporte) hacen que las corporaciones agroindustriales sean responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, la agroindustria se posiciona, junto con los intereses de la biotecnología y la industria energética, contra las y los campesinos y la población en general (da Silva & Martín, 2016).

 

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) demuestra que, en conjunto, los sistemas mundiales de producción alimentaria (desde las explotaciones agrícolas donde se cultivan los alimentos a las etapas posteriores de procesado y comercialización) consumen el 30 % de toda la energía disponible. La mayor parte del consumo de energía (70 %) se produce una vez que los alimentos han salido de las explotaciones agrícolas, en transporte, procesamiento, envase, almacenamiento, comercialización y preparación (FAO, 2012).

 

«El aumento en los precios del petróleo y el gas natural, la inseguridad respecto a las reservas limitadas de estos recursos no renovables y el consenso mundial sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, podrían obstaculizar los esfuerzos mundiales para satisfacer la creciente demanda de alimentos, a menos que la cadena agroalimentaria se desvincule del consumo de combustibles fósiles.» Del mismo modo, “sin acceso a la electricidad y a fuentes de energía sostenibles, las comunidades tienen pocas posibilidades de alcanzar la seguridad alimentaria, y ninguna oportunidad de asegurarse medios de vida productivos que puedan sacarles de la pobreza» (FAO, 2012). Aún más, las comunidades campesinas precisan de acceso garantizado a los medios de producción, crédito, acceso a mercados para poder llevar a cabo su labor, como ratificó la Asamblea General de la ONU en 2018, en su Declaración sobre Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP, por su sigla en inglés).

 

Diversos movimientos sociales, como La Vía Campesina, proponen la soberanía alimentaria como solución a la crisis climática (Via campesina, 2017; 2016), a partir de la agricultura familiar campesina y la agroecología campesina (Via campesina, 2018).

 

La agricultura campesina es un modo de ser, de vivir y de producir en el campo y el periurbano. Se asienta en el trabajo familiar, a partir de una base de recursos bajo control campesino (tierra, agua, energía y biodiversidad), se realiza en una relación fuerte con el ambiente, busca incesantemente una autonomía relativa en el proceso de producción, y coloca el foco en las necesidades de la comunidades campesinas (mejora de la condiciones de vida y disminución del trabajo pesado) (da Silva & Martín, 2016).

 

La solución desde la perspectiva de la transición energética popular no es hacer más eficiente o dotar de energías renovables a la agricultura industrial, sino fortalecer, impulsar y empoderar la agricultura campesina y popular, lo que implica promover la alimentación como derecho humano básico, reforma agraria, protección de los bienes comunes y de la biodiversidad, reorganización del comercio de alimentos, eliminar la globalización del hambre y de la pobreza, promover la paz social y el control democrático.[iii]

 

La transición energética popular requiere reorientar subsidios y políticas públicas, también en relación con la producción de alimentos y el acceso a la tierra.

 

Existen diversas tecnologías orientadas a la agricultura campesina y a la agroecología. La senda de la transición energética popular, entre otras cosas, lleva a reflexionar y deconstruir las nociones sobre tecnología, su apropiación social en un diálogo de saberes, así como a asumir la imposibilidad de su replicación universal sin tener en cuenta los contextos culturales, sociales y ambientales. Tanto los problemas y las soluciones de la energía y sus transiciones deben ser cocreadas y codiseñadas por la complejidad de actores que componen los sistemas productivos comunitarios/de pequeña escala y agroecológicos.[iv]

 

Aunar esfuerzos y agendas entre los movimientos sociales, las y los trabajadores del campo y la ciudad, que defienden la soberanía alimentaria, la agroecología familiar y campesina y la transición energética popular puede contribuir a la transformación sistémica necesaria para avanzar hacia sociedades basadas en la justicia ambiental y social.

 

Notas

[i] De acuerdo con La Vía Campesina, “la Agroecología es un enfoque tecnológico subordinado a objetivos políticos profundos, y por tanto, la práctica de la agroecología necesita ser: colectiva, orgánica al movimiento, solidaria, ajustada a las condiciones materiales y políticas concretas”. https://viacampesina.org/es/para-la-via-campesina-la-agroecologia-es-un-enfoque-tecnologico-subordinado-a-objetivos-politicos-profundos/

[ii] Ver: El acaparamiento global de tierras: Guía básica. https://www.tni.org/es/publicacion/el-acaparamiento-global-de-tierras

[iii] La Vía Campesina, en “Soberanía Alimentaria: Un futuro sin hambre” (Vía Campesina, 1996).

[iv] Thomas, junto a sus colegas de trabajo en “De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales” (2009) y otros trabajos, da cuenta de cómo artefactos que “funcionan” en el laboratorio o en otras geografías o realidades socioculturales, al ser transferidas a nuevos espacios, no dan los mismos resultados.

Bibliografía

Bertinat, P. (2016). Transición energética justa. Pensando la democratización energética. Fundación Friedrich Ebert.

da Silva, V., & Martín, F. (Abril de 2016). Soberanía alimentaria y cambio climático. Por los caminos de la soberanía alimentaria(512).

FAO. (2012). Energy Smart Food at FAO: An Overview.

Via campesina. (2 de Mayo de 2016). La via campesina. Movimiento campesina internacional. Obtenido de https://viacampesina.org/es/soberania-alimentaria-y-cambio-climatico/

Via campesina. (6 de Noviembre de 2017). La Via Campesina. Movimiento campesino internacional. Obtenido de https://viacampesina.org/es/comunicado-prensa-la-soberania-alimentaria-la-unica-solucion-defender-derecho-los-pueblos-la-justicia-climatica-cop23/

Via campesina. (28 de Mayo de 2018). La Via Campesina. Movimiento Campesino Internacional. Obtenido de https://viacampesina.org/es/para-la-via-campesina-la-agroecologia-es-un-enfoque-tecnologico-subordinado-a-objetivos-politicos-profundos/

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No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo

No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo

Maximiliano PROAÑO
Maximiliano PROAÑO
Ignacio SÁNCHEZ
Ignacio SÁNCHEZ
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Estos últimos meses Chile ha vivido días muy duros, al enorme aumento de casos de contagios por COVID-19 y las muertes asociadas, se sumó el drama social de amplios sectores de la sociedad que no tienen lo mínimo para subsistir. La crisis sanitaria ha desnudado grandes temas pendientes del país como lo son la enorme desigualdad y la vulnerabilidad con que vive la gran mayoría de los chilenos. Desigualdad y vulnerabilidad que hizo que la mayoría del país dijera basta a partir del 18 de octubre en las más grandes manifestaciones sociales en 30 años. Lo que se ha impugnado fuertemente durante los últimos meses es el modelo de desarrollo que genera desigualdades en muchas dimensiones, una de las principales son las desigualdades territoriales, donde mientras un sector minoritario del país puede vivir con un estándar de país desarrollado, la gran mayoría debe sufrir las consecuencias nocivas de este modelo, la contaminación, los servicios públicos deficientes, la precariedad en diversos ámbitos de la vida.

Hoy resulta increíble recordar que, en el período previo al estallido social, Piñera trataba de instalarse como líder internacional con la organización de la COP25 y la APEC. Un país con zonas de sacrificio, cuya principal fuente de generación eléctrica sigue siendo el carbón, un país que aún no firma el tratado de Escazú, con sus aguas completamente privatizadas y un sistema de evaluación ambiental absolutamente deficiente.  Previo al 18-O el gobierno estaba logrando la aprobación de una reforma tributaria que bajaba impuestos a los más ricos y que no planteaba nada respecto a establecer un impuesto verde a las fuentes fijas que hasta el FMI ha recomendado establecer en 73 dólares por tonelada de CO2 (en Chile actualmente son 5 dólares por tonelada de CO2).

La gran mayoría de la élite política y económica de Chile se había autoconvencido de ese país próspero ad portas de convertirse en un país desarrollado y que el modelo económico-social del país era un éxito. Un claro ejemplo de esto, es que a menos de dos semanas del 18-O el empresariado por medio de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ponía una alerta a proyectos de ley enfocados en el bien común considerados literalmente “Riesgos al crecimiento”, advirtiendo que existen instrumentos alternativos como una mejor gestión que pueden usarse para no afectar este crecimiento. Esta misiva advertía de ciertas iniciativas que podrían limitar el desarrollo productivo del país, tales como la protección de glaciares, provocar incertidumbre en proyectos al permitir revocar proyectos por ratificación ciudadana, distorsionar

los instrumentos ambientales vigentes al incorporar “condiciones a proyectos por el sólo hecho de estar emplazados en una localidad” (localidades que son zonas declaradas ambientalmente latentes o saturadas claro) ignorando la posibilidad de reducir la contaminación, por secretarìa, al compensar emisiones si fuese el caso. Esto entrega rápidamente una radiografìa del foco del empresariado chileno ambientalmente hablando: mantener las decisiones con los cánones existentes de decisiones centralizadas, con parámetros principalmente económicos y legales, fuera de los territorios y la ciudadanía.

En este contexto de las acciones del gobierno y el empresariado, resulta muy preocupante que el gobierno en medio de la crisis sanitaria y social actual, y bajo la justificación de la reactivación económica, ha insistido en su agenda pre 18-O, impulsando proyectos de ley como el que “Perfecciona textos legales que indica para promover la inversión” Boletín 11747-03. Dicho proyecto de ley había sido presentado en 2018 pero su tramitación estaba entrampada en el parlamento principalmente por propuestas que proponen bajar el estándar ambiental en materias de aguas, energía y evaluación ambiental de los proyectos de inversión. En materia energética, el proyecto de ley, plantea reformar la ley ambiental que indica que deben ser evaluadas ambientalmente las centrales de energía que generan más de 3 MW. El proyecto de ley  propone que el poder ejecutivo mediante un reglamento establecerá las centrales que deban ser evaluadas ambientalmente. Esto significa que cada gobierno tendría la potestad de establecer o modificar mediante reglamento qué proyectos de generación eléctrica deben ser evaluados ambientalmente. Aunque el parlamento ha rechazado dicha modificación a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, el gobierno ha insistido en reponer su tramitación y en mayo, en medio de la crisis sanitaria, le puso suma urgencia a su discusión.

Durante las últimas semanas ha sido posible observar en la prensa varios titulares sobre la necesaria reactivación económica poniendo énfasis en la necesidad de un “fast track” en la tramitación ambiental resolviendo los “cuellos de botella” que retrasan la aprobación de proyectos. En este contexto se produjo el pasado 14 de junio el “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” entre el oficialismo y algunos partidos de oposición con la finalidad de, por una parte allegar a las familias más vulnerables del país los recursos básicos para subsistir, y de esta manera puedan efectivamente quedarse en casa, y por otra el acuerdo plantea medidas de reactivación económica. Una revisión de este acuerdo, permite observar escasas referencias a una reactivación con consideraciones ambientales. Además, resulta llamativo que mientras en la sección que describe medidas de inversión pública se establece que estas serán “con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático acelerando cartera de inversión pública ligados a construcción embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en ERNC”; en cambio, las medidas de incentivo a la inversión privada se plantean medidas de “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando

estricto cumplimiento de normativas ambientales” y también plantea otras medidas para “acelerar concesiones”.

En una línea que pareciera paralela, pero que no hace más que corroborar cuál es el foco de las medidas anteriores, desde el ingreso en marzo del COVID a Chile como demuestra el reporte de OLCA se han ingresado al sistema de evaluaciòn medioambiental el doble de proyectos con 5 veces mayor inversión global en relación al mismo período de los 2 años anteriores, esto genera un escenario donde las capacidades de evaluación se vuelven insuficientes para filtrar proyectos que deberían someterse a requerimientos más estrictos.  De estos, un 65% del global de proyectos pertenecen al sector energía, casi totalmente proyectos de energìas renovables, contando como ejemplo que sólo dos megaproyectos de energía fotovoltaica se llevan el 68% de la inversión energética ingresada en este perìodo y ambos ingresados aprovechando la posible evaluación ambiental más laxa y sin participación ciudadana.  Se podría aplaudir el hecho de este ingreso de energías limpias a la matriz eléctrica, pero dado el contexto de ingreso a evaluación, nula participación ciudadana, la escala de inversiones y el escenario político-empresarial mencionado anteriormente, se vuelve un marco poco esperanzador.

Es más, resulta contradictorio el proceso que vive Chile con las señales que el gobierno intenta proyectar: La recientemente lanzada estrategia de transición justa como visión de largo plazo, considera como eje fundamental de trabajo a la  comunidad para la detección de necesidades e impactos en el territorio, valorar la decentralizaciòn de la discusión, y reconocer la responsabilidad ambiental y social de las empresas. Todo esto corre el riesgo de volverse letra muerta en el escenario aquí descrito o peor aún usar el instrumento como legitimador de proyectos ambientalmente cuestionables.

Así podemos ver que en Chile se configura un futuro ambiental incierto en función de la recuperación económica, imagen que contrasta peligrosamente con muchos otros países. La Unión Europea en su “plan de recuperación para europa” considera dentro de sus ejes fundamentales la transición ecológica y considera instrumentos concretos como el fortalecimiento del Fondo de Transición Justa con el fin de ayudar a los Estados miembros a acelerar la transición hacia la neutralidad climática. En latinoamérica, los gobiernos no han sido capaces de comprender la necesidad de repensar nuestros modelos productivos, que nos permitan afrontar mejor posibles crisis sanitarias futuras y sobretodo la crisis climática cuyos efectos serán catastróficos para la región si no reaccionamos ahora. Sin embargo, una luz de esperanza surge desde la sociedad civil quienes han comprendido que, así como lo planteara Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. De esta forma diversos actores de distintos países, sectores y disciplinas, claman por un “Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina” en lo que se ha denominado “Pacto Social del Sur”. De modo similar en Chile la Plataforma de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) frente al acuerdo del “Marco de Entendimiento para Plan de

Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” concluye que “El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental”.

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Impuestos verdes. ¿Un instrumento para la transición energética?

Impuestos verdes. ¿Un instrumento para la transición energética?

Maximiliano PROAÑO
Maximiliano PROAÑO
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Latinoamérica además de ser la región más desigual del mundo posee economías basadas en la explotación de sus recursos naturales. Estas dos características están directamente relacionadas pues la matriz productiva en los países latinoamericanos ha sido construida a través de  procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2003) donde una minoría históricamente se ha enriquecido mediante la apropiación de bienes comunes naturales mientras amplios sectores de la sociedad sufren las consecuencias socioambientales en sus territorios. El sector energético junto con la minería han sido las mayores manifestaciones de este esquema, por lo tanto, cuando nos referimos a la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para nuestros países, implica también un nuevo modelo energético.

 

Sin embargo, en el caso de la energía, así como en la problemática ambiental en general, es posible observar que para hacer frente a las problemáticas sociales y ambientales de las fuentes fósiles, sumadas al contexto de la crisis climática, surgen propuestas desde dentro del mismo modelo para hacer ciertas correcciones enmarcadas lo que se ha denominado la economía verde. Por una parte están los instrumentos de incentivo a las energías renovables, por otro lado están los instrumentos que persiguen desincentivar la emisión de CO2,  tales como el mercado de emisiones transables y los impuestos verdes. En la presente columna analizaremos estos últimos y específicamente el impuesto al carbono.

 

Los sistemas tributarios de los países, pueden jugar un rol redistributivo importante, así como incentivar ciertas actividades económicas que a un país le interesa desarrollar y desincentivar aquellas actividades cuyos efectos económicos, sociales y/o ambientales no son deseados. Justamente este es el caso de los impuestos verdes, entendidos como un instrumento económico que grava las externalidades producidas por un emisor. Su aplicación permite que quien contamine deba internalizar el costo y retribuir a través de un pago, generando el incentivo para que la fuente contaminante incorpore los costos asociados a las externalidades que producen y los reduzcan [1].    

                                                          

El impuesto verde más común es el impuesto al carbono. Sin embargo, como se puede ver en el siguiente mapa, si bien es un instrumento muy extendido en Europa, en el mundo sólo se encuentra vigente en 25 países. En latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia y México cuentan con este instrumento.

 

El principal problema que tiene el impuesto en la actualidad, es que la tasa, o precio al carbón, fijada en la mayoría de los países, es demasiado baja como para cumplir con su finalidad, esto es, desincentivar las actividades económicas altas en emisión de CO2 como aquellas que queman combustibles fósiles, como las termoeléctricas, y por lo tanto, lograr una baja de las emisiones. Mientras la comisión de alto nivel para el precio al carbón conformada por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern estableció que para una exitosa implementación del Acuerdo de París un adecuado precio al carbón debiera fluctuar entre los US$40 a 80 dólares por tonelada de CO2(tCO2e) al 2020 y US$50-100/tCO2e al 2030. El FMI por su parte recomienda US$50/tCO2e en el caso de las economías avanzadas y de US$25/tCO2e  en el caso de las emergentes en 2030.

En el caso de Argentina el impuesto al carbono se fijó en US$6/tCO2, en Chile en US$5/tCO2, en Colombia US$4,24/tCO2 y en México entre US$0,38/tCO2 y US$3/tCO2. Esto sitúa a los países latinoamericanos en el grupo con tasas más bajas y muy lejos de lo recomendado para dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de París. En el otro extremo se encuentran países como Suecia con un impuesto de US$119/tCO2, Suiza con US$99/tCO2 y Finlandia entre US$58/tCO2 y US$68/tCO2. Por otra parte, aún muchos países mantienen mecanismos de subsidio a los combustibles fósiles [2].

Por lo tanto, un importante aumento de este impuesto, es un primer aspecto a considerar para que dicho impuesto tenga algún impacto relevante en la disminución de emisiones de CO2. Pero además el diseño del tributo en algunos casos genera importantes distorsiones, como es el caso de Chile.

 

El impuesto al carbono en Chile

 

En Chile a partir de 2014, pero entrando en vigencia en 2017, se establecieron tres impuestos que gravan fuentes móviles y fijas. El primero corresponde a la primera venta de vehículos livianos (fuentes móviles), de acuerdo a su rendimiento urbano y sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). El segundo impuesto grava fuentes fijas y las emisiones a la atmósfera de los contaminantes locales NOx, material particulado (MP), y dióxido de azufre (SO2), que afectan directamente a las comunidades aledañas a los lugares donde estos se emiten.

Finalmente el tercer impuesto grava la emisión de dióxido de carbono (CO2), aplicado a las mismas fuentes fijas que individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2). El modelo de impuesto verde a fuentes fijas implementado en Chile es del tipo “aguas abajo”, est significa que grava las emisiones generadas, no el contenido de carbono de los combustibles fósiles utilizados, es decir, a los usuarios de los combustibles fósiles, mientras los impuestos aguas arriba graban a los productores distribuidores e importadores (Ainzúa, Pizarro & Pinto, 2018). Como ya lo abordamos en el presente artículo, este último impuesto, al CO2, tiene un valor muy bajo ($5USD por tonelada de CO2), por lo que su impacto en la disminución de emisiones de CO2, de acuerdo a cifras del Ministerio del Medioambiente, ha sido de 0,13%, es decir, prácticamente nulo.

Además de la baja tasa en que fue fijado el impuesto al carbono en Chile, otro problema en el diseño de este tributo es que adicionalmente, se estableció un mecanismo de cálculo y pago de compensaciones para aquellas unidades generadoras cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable considerado en el despacho, sea mayor o igual al costo marginal. Este mecanismo de compensación debe ser pagado por todas las empresas generadoras que participan del balance de inyecciones y retiros de energía, a prorrata de la totalidad de sus retiros físicos de energía destinados a abastecer clientes finales. Es decir, es pagado tanto por las generadoras eléctricas mediante fuentes fósiles como aquellas de fuentes renovables.

De este modo, el monto total de impuesto al carbono correspondiente al año calendario 2019, es de MM CLP $ 158.159 (US$210 millones), de los cuales un 94% (MM CLP $ 148.235, equivalentes a US$197 millones) están asociados a pagos realizados por empresas generadoras. En tanto, el monto total a compensar asciende a CLP $22.061 MM (US$29 millones), lo que equivale a un 14,88% del total de impuesto pagado por las empresas generadoras.

Como se puede observar en la siguiente tabla, seis de las 24 termoeléctricas que pagaron el impuesto al carbono, compensaron un 100% de lo pagado.

 

Pero no sólo la baja tasa y los problemas en su diseño en los distintos países han sido objeto de críticas. También la efectividad del impuesto al carbono en reducir las emisiones, ha sido puesta en duda incluso en los países con las más altas tasas. En fases iniciales de aplicación del impuesto, Finlandia había obtenido resultados moderadamente positivos en la reducción de emisiones, pero países como Suecia o Dinamarca prácticamente no observaron una disminución en sus emisiones de CO2. Posteriormente, Suecia rediseñó e incrementó el impuesto, lo que generó un descenso de las emisiones, fundamentalmente provenientes del sector transporte, en un 6% (Anderson, 2019) “Los diferentes impactos del impuesto al carbón en diferentes países proviene principalmente de las diferentes tasas fijadas, diferentes alcances de las exenciones al impuesto así como el diferente uso dado a los ingresos fiscales” ( Lin & Li, 2011, pp 5144).

 

Por los elementos analizados en el presente artículo, cabe concluir que la transición energética justa y democrática no se obtendrá a través de instrumentos de economía verde como impuestos al carbón. Estos instrumentos apuntan más bien a corregir excesos del modelo energético vigente como las múltiples externalidades que generan las energías fósiles. Los impuestos al carbono, si son diseñados e implementados adecuadamente, pueden jugar un rol importante en la disminución de emisiones de CO2 y en acelerar los procesos de descarbonización de las matrices eléctricas de los países. Sin embargo, resulta necesario insistir que la transición energética no se trata sólo del reemplazo de las energías fósiles por renovables, sino en un proceso mucho más complejo que impugna la forma en que se han tomado las decisiones en materia energética y el rol de meros clientes que se le ha otorgado a la ciudadanía, que nos permita, por lo tanto, avanzar en la construcción de un modelo energético que comprende la energía como un derecho y un bien común.

 

Referencias:

 

  • Ainzúa S., Pizarro R. y Pinto F. (2018). Infraestructura Institucional de los Impuestos Verdes en Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 16p. Recuperado de:
  • Andersson J. (2019). Carbon Taxes and CO2 Emissions: Sweden as a Case Study. American Economic Journal: Economic Policy, 11(4): 1–30.
  • Coordinador Eléctrico Nacional. (2020). Informe Coordinador Eléctrico Nacional. Implementación artículo 8º de la ley 20.780. Balance preliminar de compensaciones.
  • García N. (2018). Implementación del Impuesto Verde en Chile. Art. 8º ley Nº 20.780. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Asesoría Técnica Parlamentaria.
  • Harvey, David (2003). The New ImperialismOxford University Press. ISBN 0-19-927808-3.
  • Lin & Li (2011). The effect of carbon tax on per capita CO2 emissions. Energy Policy 39, 5137–5146.
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Las transiciones energéticas

Las transiciones energéticas

Jorge CHEMES
Jorge CHEMES
Pablo BERTINAT
Pablo BERTINAT
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Existen tantas miradas de la transición energética como intereses económicos, políticos, ideológicos, ecológicos, tecnológicos y hegemónicos.

Así, hay propuestas de transición energética con objetivos claramente diversos. Miradas político-económicas desde el neoliberalismo, el keynesianismo y el anticapitalismo, desde perspectivas ecologistas, del culto a la vida silvestre o a la ecoeficiencia (culto a lo tecnológico) o desde el ecologismo de los pobres (Martinez Alier, 2011), con focos en la sustentabilidad débil, fuerte o superfuerte (Gudynas, 2004), o por grandes multinacionales de la industria del crudo [1] y por pequeñas cooperativas ciudadanas.

Actualmente, conviven diversas miradas de la transición energética, desde las que sostienen representantes del neoliberalismo verde [2] y grandes multinacionales de la industria del crudo[3], hasta las de movimientos o instituciones ecologistas de las más diversas vertientes ideológicas [4], organismos internacionales vinculados a la energía [5], equipos científicos y sindicatos [6], por mencionar solo algunas.

Es importante analizar y sistematizar las diversas propuestas de transición energética, con el fin de brindar pautas para ayudar a pensar cuáles deben ser las características de una transición energética congruente con una mirada de justicia social, ambiental y poscapitalista frente al extractivismo.

Con el objetivo de ordenar las diversas propuestas, se presenta aquí una especie de clasificación no exhaustiva ni excluyente.

Si bien existen diferencias profundas, la mayoría de las propuestas de transición energética poseen un denominador común: aceptar el rol de la acción humana, particularmente a partir de la era industrial, en la generación del cambio climático que se presenta actualmente, proponer la diversificación de la matriz energética y el fomento de la disminución del contenido fósil para reemplazarlo por otras fuentes; en algunos casos, por fuentes renovables y sustentables; en otros, por nuclear e, incluso en algunos casos, por los llamados fósiles no convencionales.

El debate sobre transición energética surge en el contexto de la guerra fría a finales de la década de 1970, como propuesta para desarrollar una matriz energética basada en recursos renovables, opuesta al desarrollo de la energía nuclear (Brüggemeier, 2017) (Fornillo, 2018).

A su vez, el término “transición justa”, si bien no se refiere solo a la transición energética, surge por primera vez como un principio rector del movimiento laboral en la década de 1970 bajo el liderazgo de Tony Mazzocchi en la Unión Internacional de Trabajadores del Petróleo, la Química y la Energía Nuclear (OCAW), que estuvo en el origen de la creación del movimiento sindical y ambiental. La idea de una «transición justa» aparece en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015, que hace referencia a la necesidad de tener «en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional» (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2015).

En pleno siglo XXI, se puede afirmar que la preocupación (o, en algunos casos, la oportunidad económica) para algunos actores que impulsan la transición energética es la crisis climática. Así, desde distintos espacios oficiales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se plantean propuestas y condiciones para la transición energética. Al identificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como la principal causa de la crisis climática, estos espacios pretenden generar mecanismos para restringirlas, principalmente a través del uso de fuentes energéticas no fósiles.

Sin embargo, reducir el análisis de las causas de la crisis climática a las emisiones de gases de efecto invernadero deja de lado otros elementos, tanto en el ámbito ambiental (por ejemplo, contaminación, reducción de la biodiversidad) como social (consumo, desigualdades, violación de derechos). Son aspectos importantes, que forman parte de la crisis y deben tenerse en cuenta en la búsqueda de soluciones. Esta reducción conceptual se conoce como “carbonización del clima” y se asocia con el interés de establecer indicadores cuantitativos y, ligado a ello, crear herramientas de mercado. En muchos casos, todo se reduce a las toneladas equivalentes de dióxido de carbono (por ser el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera),[7] cuya disminución se convierte en el indicador único de la lucha frente a la crisis climática global.

En este contexto, son varias las vertientes que pretenden imponer su mirada de transición energética, algunas de forma autoritaria, y otras populares y en constante construcción. Como punto de partida, se pueden identificar dos grandes universos. Por un lado, están los actores que, frente a la situación climática, ven en la transición energética un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico geopolítico —con mecanismos de sustentabilidad débil, con una mirada corporativa y patriarcal—, que se podría denominar “universo del ambientalismo corporativo” o lo que Maristella Svampa, en su ensayo “Imágenes del fin” (2018), clasifica como narrativa capitalista-tecnocrática. Este posicionamiento configura lo que aquí denominaremos como la transición energética corporativa.

Por el otro, están quienes apuestan por una sustentabilidad fuerte o superfuerte y persiguen una transición energética basada en la justicia socioambiental, participativa y cooperativa, algo que se podría definir como “universo del ecologismo popular”, basado en la narrativa anticapitalista y de transición socioecológica (Ibídem, pág. 158, 2018). Esta perspectiva daría lugar a lo que llamaremos, de aquí en adelante, la transición energética popular.

La transición energética corporativa no es solo empresarial, sino que esta mirada puede tener adeptos diversos, como empresas multinacionales, Estados (países, provincias, regiones, municipios), instituciones y organizaciones que ven en este camino el único posible —o, para ellos, el más “rápido”— para responder a la urgencia de la crisis.

Quienes impulsan una transición energética corporativa se enfocan en una perspectiva estrictamente técno-economicista hegemónica. Para esta visión, el objetivo principal es emitir menos gases de efecto invernadero y generar cierto respaldo geopolítico ante la creciente preocupación pública por el cambio climático, en un proceso creciente de acumulación de riqueza y poder a través de las nuevas áreas de extracción, manteniendo las relaciones de desigualdad existentes.

En muchos casos, impulsan salidas a las urgencias climáticas sumamente controvertidas e impactantes, como el uso de la energía nuclear, el gas no convencional y las grandes represas.

En la transición energética corporativa, la mayoría de los elementos (artefactos, proyectos, normativas, investigación y desarrollo, etc.) son controlados por, o funcionan en favor de, corporaciones transnacionales o potencias mundiales, complejizando los sistemas y la cotidianeidad bajo la excusa de la eficiencia, y limitando así la posibilidad de democratizar el uso de la energía y la tecnología.

En este marco, juega un rol central el tema de la propiedad y el control de acceso a las fuentes energéticas, los materiales y las tecnologías necesarias. La concentración del sistema energético es una característica inherente a este. Grandes empresas, no solo privadas, sino en muchos casos públicas, detentan el poder hegemónico.

Los principales actores de la transición energética corporativa impulsan el desarrollo de las fuentes de energías renovables desde una concepción utilitaria y desde un formato industrial, imaginando que ellas podrían ser una alternativa a los límites planetarios de recursos en el marco de un modelo intensivo extractivista, en definitiva dominado por una lógica fósil (Gonzalez Reyes, 2018). Imaginan que las fuentes energéticas no fósiles podrían sostener el sendero actual de crecimiento ilimitado.

En algunos casos, también adquiere protagonismo la cuestión asociada a la eficiencia energética desde una perspectiva tecnocrática. Se percibe el potencial de cambio solo en la eficiencia tecnológica y, por lo tanto, de consumo, sin plantear que se alteren las lógicas mismas de ese consumo.

Esta transición energética corporativa se configura como hegemónica, autoritaria y hetero-patriarcal. No obstante, debido a la presión de movimientos sociales, en algunos casos llega a contar con características más democráticas, como el acceso al sol en las viviendas, la eliminación de impuestos a la autogeneración de energía solar en países como España o los planes de acceso a energías renovables para hogares vulnerables en Nueva York,[8] entre muchos otros ejemplos. Estas variables no son parte integral de la transición energética corporativa, sino resultado de la presión política que ejercen los movimientos sociales.

Así, la transición energética corporativa se asienta en la banalizada idea del “desarrollo sustentable”, en continuar en el camino del crecimiento sin límites, intercambiando recursos fósiles por renovables y alta tecnología, sin modificar las lógicas de consumo capitalistas, ni cuestionar la distribución o el acceso a la energía de las poblaciones o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.

La transición energética corporativa no representa un cambio de paradigma, sino una expresión del modo en que el sistema capitalista intenta capitalizar la crisis energética y climática para un nuevo ciclo de acumulación.

El fin último de los actores que impulsan esta visión de la transición energética es liderarla. Así lo expresa un representante de la empresa de energía danesa DONG Energy:[9]

“Nuestra ambición es impulsar la transición del sistema energético y liderar la transformación ecológica. Y eso no es solo un reto tecnológico, también es un reto humano (…) ¿Cómo conseguimos que el público para el que construimos nuestros parques eólicos o los que viven cerca de donde se instalarán acepten este cambio en su paisaje? (…) Necesitaremos que la gente adopte comportamientos o productos que son buenos para la sociedad y buenos para el medio ambiente, pero que no necesariamente tienen un beneficio directo y visible para los individuos cuyo comportamiento estamos pidiendo cambiar.”

Desde esta visión, no se cuestionan los conflictos socioambientales que se generan, sino cómo permear los valores culturales de las comunidades, imponiendo la perspectiva de las empresas.

En contraposición a este “universo del ambientalismo corporativo”, encontramos el ”universo del ecologismo popular”.

Desde esta otra mirada, urge construir colectivamente una transición energética popular contrahegemónica, basada en el respeto de los derechos y en la justicia socioambiental. En palabras del investigador Kolya Abramsky (Transnational Institute, 2016), “la democracia energética —entendida como una visión abstracta del futuro desarrollo del sector de la energía— es ‘una fantasía’. El equilibrio de poder existente en el capitalismo neoliberal es profundamente antidemocrático. Por lo tanto, toda transición energética emancipadora requeriría una transformación fundamental de la geometría del poder actual y, como tal, exigiría una estrategia política concreta y ambiciosa sobre cómo se podría alcanzar este tipo de transformación. De este modo, puede que la cuestión más apremiante no pase por cuáles serían las características exactas de una futura utopía energética, sino, más bien, cómo podemos construir poder y organización colectiva”.

Las condiciones materiales del planeta imposibilitan la idea de la expansión o el crecimiento sin límites. Esta realidad se debe analizar en un contexto de conflictos ecológicos distributivos, por los que diferentes actores, con diferentes niveles de poder e intereses distintos, se enfrentan a las demandas de recursos por parte de otros actores en un momento ecológico particular (Martinez Allier, 2004).

No hay posibilidad de imaginar un mundo en el cual quepan muchos mundos sin sentipensar cómo construir muchas sociedades que puedan alcanzar la felicidad con mucha menos materia y energía. Esto significa una gran disputa de poder y de sentido.

Son pocas las miradas que entienden la energía no como un fin, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en un marco de derechos congruente con los derechos de la naturaleza.

“La concepción de la energía es cultural. Son radicalmente distintas las sociedades que consideran el petróleo como un recurso, que las que lo hacen como la sangre de la tierra. En este marco se asume a la energía como algo más que un concepto físico, pues es un elemento social, político, económico y cultural.” (Fernández Durán & González Reyes, 2018).

Esta mirada de la transición energética popular se asienta sobre la premisa de construir el derecho a la energía y cuestiona la idea de la energía como una mercancía. Se asienta sobre la idea de desprivatizar, de fortalecer las diversas formas de lo público, lo participativo y lo democrático. Se asienta sobre la imperiosa necesidad de reducir la utilización de energía y, a la vez, desfosilizar las fuentes energéticas utilizadas. Se asienta sobre la lucha por eliminar la pobreza energética, y descentralizar y democratizar los procesos de decisión en torno a la energía.

La transición energética popular se configura como un proceso de democratización, desprivatización, descentralización, desconcentración, desfosilización y descolonización del pensamiento, para la construcción de nuevas relaciones sociales, congruentes con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza.

Bibliografía

Brüggemeier, F.-J. (2017). Sol, agua, viento: la evolución de la transición energética en Alemania. Friedrich Ebert Stiftung.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (2015). Acuerdo de París.

Fernández Durán, R., & González Reyes, L. (2018). En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (Vol. 1). (I. 978-84-947850-8-5, Ed.) Madrid, España: Libros en Acción/Baladre.

Fornillo, B. (2018). Hacia una definición de transición energética para Sudamérica: Antropoceno, geopolítica y posdesarrollo. Prácticas de oficio, 46-53.

Gonzalez Reyes, L. (2018). Las necesidades de evaluar la reducción neta del consumo de energía. En Voces expertas para la transcición energética. Madrid: Ecologistas en Acción.

Gudynas, E. (2004). Ecología, economía y ética para el desarrollo sostenible. Montevideo, Uruguay: Ediciones Coscoroba.

Martinez Alier, J. (2011). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria.

Martinez Allier, J. (2004). El ecologismo de los pobres (Vols. ISBN: 84-7426-743-9). Barcelona: Icaria Editorial S.A.

Svampa, M. (diciembre de 2018). Imegenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. Nueva Sociedad(278).

Transnational Institute. (2016). Hacia la democracia energética. Debates y conclusiones de un taller internacional.

 

[1] https://elperiodicodelaenergia.com/los-tres-grandes-ejes-de-la-transicion-energetica-de-la-petrolera-bp/

[2] http://www.losverdes.org.ar/tag/transicion-energetica/

[3] http://www.retruco.com.ar/la-transicion-energetica-solo-matriz-fosil-o-popularizacion-del-poder/

En la reunión del Foro Económico Mundial de Davos que tuvo lugar en enero de 2019, el director ejecutivo de la petrolera BP, Bob Dudley, señaló: “Creo que es hora de que contemos nuestra historia de manera un poco diferente; que la gente sepa que estamos comprometidos con esta gran transición energética”.

[4] https://www.foeeurope.org/just-transition, https://www.tierra.org/paso-9-asegurar-una-transicion-energetica-justa-y-equitativa/

[5] http://www.olade.org/noticias/guatemala-se-desarrollo-la-iv-conferencia-la-transicion-energetica-america-latina-caribe/

[6] http://www.unter.org.ar/node/15222

http://csa-csi.org/MultiItem.asp?pageid=11647

[7] https://br.boell.org/pt-br/2016/11/01/metrica-do-carbono-abstracoes-globais-e-epistemicidio-ecologico

[8]https://elperiodicodelaenergia.com/nueva-york-proporcionara-energia-solar-comunitaria-gratis-a-10-000-hogares-vulnerables/?fbclid=IwAR3qOVwUFZ3_Ce_z4dD19JnTP6kfEENtq3eJHM9AQ4jyBRpaVPBdPkCyAw8

[9] https://blog.antropologia2-0.com/es/transicion-energetica-necesita-antropologos/

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Sobre la salida a la crisis sanitaria y la necesidad de una transición socioecológica

Sobre la salida a la crisis sanitaria y la necesidad de una transición socioecológica

Maximiliano PROAÑO
Maximiliano PROAÑO
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Sin duda la crisis sanitaria global en la que estamos inmersos dará origen a una serie de reflexiones desde las más diversas disciplinas sobre los desafíos que enfrentará nuestra sociedad en el futuro. Si algo debemos tener claro es que muchas cosas no volverán a ser lo mismo, para bien o para mal. Aunque una emergencia global como la del COVID-19 no va a significar por sí misma el colapso del sistema capitalista, si puede ser el punto desencadenante de una crisis multifactorial que se venía configurando desde antes, donde la crisis climática juega un rol central, y que puede significar un verdadero cambio civilizatorio. Algo que la crisis actual ha puesto de manifiesto es la importancia de lo público, de una institucionalidad que trabaja en función del bien común, en contraste, lo cruel que puede resultar en momentos como el actual un modelo que persigue la satisfacción de las necesidades individualmente sin derechos sociales garantizados.

 

Sin embargo, ha sido justamente en momentos de crisis y desastres, naturales o creados, donde se han forjado los mayores procesos de profundización neoliberal. Por lo tanto, es un voluntarismo creer que el impacto causado por la crisis del COVID-19 producirá necesariamente un cambio en quienes ostentan el poder político y económico en cuanto a ceder sus privilegios en beneficio de un modelo societario más igualitario y sustentable.

Por el contrario, bajo el argumento de superar la crisis económica global causada por el COVID-19, anunciada como la más profunda desde casi un siglo, es posible que muchos gobiernos, ya sea con respaldo ciudadano o mediante autoritarismos, impulsen reducciones de derechos sociales, laborales y libertades individuales. También es posible imaginar que bajo el discurso de retomar la senda del crecimiento económico, los gobiernos decidan, una vez más, sacrificar el medioambiente con la consiguiente afectación de territorios y comunidades. El gran problema de esto último, es que esta vez no hay margen. El mayor desafío que enfrenta la humanidad hoy es la crisis climática, cuyas consecuencias durante los próximos años serán muy nocivas, y si no somos capaces de actuar ahora, simplemente se nos aproxima una crisis humanitaria de proporciones catastróficas.

 

COVID-19 y la crisis climática

Mucho se ha destacado que la pandemia del COVID-19 ha dado un respiro al planeta y por lo tanto a la lucha contra el cambio climático. Como el BID lo ha señalado, el COVID-19 también se ha transformado en un “experimento en tiempo real sin precedentes que se encuentra en marcha en todo el mundo”. En el caso de la crisis climática, esta crisis sanitaria nos permite ver la magnitud del tremendo desafío que como humanidad tenemos por delante. De acuerdo a agencias especializadas, las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para el año 2020 caerán entre un 5.5 y 5.7 % debido a la pandemia. Sin embargo, esta reducción posee dos inconvenientes, es insuficiente, y es transitoria. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) ha señalado que un camino para reducir los GEI más allá de un 1.5 grados centígrados requiere una caída de las emisiones de alrededor de un 50% hasta el 2030, comparado con los niveles de 2010, y alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Como fue explicado en una columna anterior, aún logrando limitar el alza del 1,5 ºC según la ONU el cambio climático ocasionará el ingreso a la pobreza de 120 millones de personas al 2030. Sin embargo, lograr reducir el alza de la temperatura global a 1.5º en vez de 2º salvaría a 40 millones de personas del hambre y a 270 millones de sufrir de escasez hídrica.

 

La crisis del COVID-19 nos recuerda una vez más la urgencia de una transición energética. La contaminación del aire proveniente de la quema de combustibles fósiles, origina anualmente cerca de nueve millones de muertes en el mundo. Esta situación se ve agravada en el contexto actual. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard concluye que los pacientes con COVID-19 viviendo en áreas de los Estados Unidos con altos niveles de contaminación del aire antes de la pandemia, tienen más probabilidad de morir por la infección que los pacientes en áreas del país con aire más limpio.

Por otra parte, la crisis sanitaria ha profundizado la baja en los precios del petróleo debido a la disminución en la demanda global. Esto es una mala noticia para el proceso de transición energética y la necesaria desfosilización, justamente en un año que, de acuerdo a IRENA, marcaría el punto de inflexión en que las tecnologías de energía solar fotovoltaica y eólica en tierra (onshore) son más competitivas que cualquier tecnología fósil para generación eléctrica. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que los bajos precios del petróleo también son un gran golpe para la extracción de petróleo no convencional mediante fractura hidráulica o fracking (técnica que genera un gran impacto socioambiental), que por sus altos costos de producción no resultan competitivos. Esto posee importantes implicancias geopolíticas, toda vez que el fracking le permitió a EEUU posicionarse durante los últimos años como el mayor productor de petróleo en el mundo.

 

Por estas razones, no parece exagerado afirmar que la forma en que encontremos una salida a la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 resulta clave para el futuro de la humanidad. Si la salida es sólo a través del descubrimiento de la vacuna y la recuperación económica se forja sobre las mismas bases del modelo productivo actual, que no quepa duda que más temprano que tarde volveremos a estar enfrentados a una nueva crisis sanitaria. Y peor aún, nos alejaremos aún más de lograr mitigar las emisiones de gases efecto invernadero que nos permitan disminuir los efectos de la crisis humanitaria causados por la emergencia climática en curso.

 

Por lo tanto, esta crisis sanitaria nos debe impulsar a impugnar con mayor fuerza un modelo que ha comodificado casi todos los aspectos de nuestras vidas. Para esto resulta necesario reabrir el debate sobre el rol de lo público y entenderlo, en términos de Arendt, como un concepto dinámico que no se limita solamente a lo estatal. En cuanto a la transición energética necesaria para hacer frente a la crisis climática, el debate sobre el carácter público de la energía, nos debe impulsar a impugnar el rol de meros clientes otorgado a la ciudadanía. La ciudadanía ha sido despojada de los procesos de toma de decisiones sobre dónde, cómo, cuándo, cuánta energía requieren las distintas comunidades y territorios y sobre quienes pueden generarla y gestionarla. Por eso es importante comprender que cuando hablamos de transición energética no nos referimos sólo al cambio de fuentes fósiles a renovables, sino a cómo vamos a recorrer ese camino. En palabras de Víctor Toledo, actual Secretario de Medioambiente y Recursos Naturales de México, “Una cosa es transitarla bajo el modelo privado/estatal basado en empresas del Estado y corporaciones privadas, lo cual refuerza el control centralizado y vertical, y otra es la vía estatal/societaria donde el “switch energético” va quedando en manos de la sociedad y sus redes: manejo de energía so­lar, eólica e hidraúlica a pequeña escala y con dispositivos accesibles y baratos para hogares, manzanas, edificios, barrios, comunidades, municipios. Eso se llama democracia energética”.

 

Sólo una salida a la crisis sanitaria actual que considere una transición energética democrática nos permitirá hacer frente de mejor manera al desafío mayor que representa en la actualidad la crisis climática. Cualquier otro camino, tal como recuperación económica sacrificando el medioambiente o incluso otras propuestas surgidas desde el capitalismo verde, no podrán evitar crisis sanitarias futuras y sólo agravarán la crisis humanitaria originada por la emergencia climática.

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