Hace ya algunos años escuchamos aquí en Argentina el discurso de Gustavo Petro fundamentando el por qué trabajar bajo la lógica del aguacate frente a la lógica imperante del petróleo.

Años después seguimos entusiasmados al ver como estas propuestas se unían a las de los poderosos movimientos sociales y ambientales colombianos para transformarse en propuesta de gobierno para las elecciones y ahora en programa de gobierno.

Es el primer gobierno que llega al poder planteando explícitamente abandonar la lógica petrolera y construir una Colombia que se sostenga bajo otra lógica energética. Propuesta que los progresismos latinoamericanos, en general, han cancelado sucumbiendo al desarrollismo fósil, como si fuera la única alternativa.

Sin dudas la propuesta no resulta un camino sencillo, en primer lugar porque disputa la lógica establecida que indica que el único camino para superar nuestros problemas se asocia a la extracción indiscriminada de recursos naturales.

En este camino resulta indispensable apoyar la propuesta del nuevo gobierno colombiano, disputar sentidos y aportar miradas, proponer, debatir, opinar. Vayan entonces estas miradas y opiniones a riesgo de que nos digan que nos estamos entrometiendo en sus cosas. Sepan que las sentimos nuestras, de vuestros avances seguramente saldrán las nuevas propuestas para el continente.

Los apuntes presentados intentan dar cuenta solo de algunos aspectos que entendemos necesarios abordar. Por supuesto incompletos y seguramente polémicos.

Algo de información Tal vez el primer tema a abordar es la lógica del cambio. En este sentido es necesario tener en cuenta la relación entre producción, consumo interno y exportaciones de energía para poder analizar donde concentrarnos.

En este sentido y de acuerdo a Olade[1], con datos 2020, la producción total de energía ascendió a 107 Mtep, mientras que el consumo interno alcanzó los 28,68 Mtep, contabilizándose como exportaciones totales de energía 81,01 Mtep.

Esto muestra el perfil fuertemente exportador de energía, básicamente petróleo y carbón.

Para completar la información incorporamos  dos gráficos más, en el primero podemos ver la estructura de fuentes energéticas. Solo debemos recordar que hablamos de energía en general y no solo electricidad que es solo una parte menor de la estructura.

Claramente la matriz interna de fuentes tiene una alta preponderancia de combustibles fósiles que suman en conjunto un 76% de la misma.

En el siguiente gráfico podemos observar la estructura de consumo de energía, aspecto que resulta esencial para pensar donde colocar la mayor atención a la hora de pensar en la transición. En este sentido observamos que entre el sector transporte y la industria consumen el 60% de la energía. Tema relevante porque en muchos casos el sector transporte no se observa como un sector energético y suele, como es el caso
colombiano, depender de espacios diferentes en la gestión; lo cual suele complejizar su abordaje.

El sentido de los cambios

El contexto de múltiples crisis globales, el agudizamiento de la problemática climática y el incremento de los conflictos asociados al acceso a los recursos, reflejado en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pero también presente en el fuerte incremento en gastos militares de las economías del norte establecen un contexto complejo.

Este contexto nos obliga a pensar que, en la actualidad, cualquier proceso de transición debe ser pensado en clave de colapsos, potenciando la idea de generar condiciones locales y regionales que nos permitan fortalecer autonomías resilientes asumiendo el fuerte contexto de desigualdades.

De esta manera entendemos como mejor sendero aquel que nos permita desarrollar procesos de transición que transformen la estructura interna de producción y consumo.

El desafío central es como transformar el modelo productivo y las lógicas de vida adaptándolas a la restricción climática en el contexto de desigualdades que indicamos. El centro de las preocupaciones deberían ser esas transformaciones. Las herramientas de esos procesos deberían ser desarrolladas a través de los recursos generados por una exportación decreciente controlada de las exportaciones energéticas.

Como vimos, la estructura de consumo interno es muy menor respecto a las exportaciones. Se requiere una planificación del financiamiento de la transición mediante esas exportaciones decrecientes. Por supuesto que esas exportaciones deben excluir la producción de energías extremas como las explotaciones offshore o no convencionales y requiere establecer algunos mecanismos de toma de decisión que obturen el paso de los proyectos más impactantes. Claro que esto no es lo ideal pero entendemos que son procesos de transición, con todos sus grises.

En definitiva, lo central es construir una Colombia que no dependa internamente de los combustibles fósiles, que desarrolle otras formas de financiamiento en el largo plazo y que ponga en el centro la eliminación de la pobreza y las desigualdades.

Cuales podrían ser entonces algunos ejes sobre los cuales pensar

Transporte

No habrá transición sin atacar fuertemente el sector transporte, en primer lugar porque como en casi toda Latinoamérica es el mayor sector de consumo de energía y en segundo lugar porque básicamente son combustibles fósiles. El consumo se concentra fundamentalmente en gasolina y diésel.

El plantear metas de descarbonización en el sector requiere establecer metas de reducción de comercialización y uso de automóviles particulares de combustión interna. Esto implica un fuerte planteo respecto a la movilidad urbana con fuertes
inversiones para su transformación.

El otro alto componente del consumo es el del transporte de carga en el cual seguramente alternativas como la ferroviaria para las largas distancias, incluso la eléctrica y el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica para los transportes como los denominados de última milla en las ciudades pueden ser viables. Seguramente la geografía sea un elemento que complique las alternativas pero también debemos pensar como disminuir las cargas, como las cosas circulan menos.

Industria

Es el segundo sector de consumo de energía del país, sus consumos principales se basan en el uso de gas natural, carbón, electricidad y biomasa en ese orden.

El desplazamiento del carbón en primer lugar y el gas luego deberían ser los horizontes a plantear. Probablemente la principal finalidad de ellos sean los usos térmicos. Esto permitiría pensar en alternativas que dependen de las características de su uso, pero probablemente en algunos procesos se pueda usar sol para
precalentamiento y analizar el uso de hidrógeno realmente verde para dichos
fines.

Por supuesto que debiera haber un análisis respecto al modelo productivo, o sea que se produce, para qué y para quién que permita analizar qué sectores de la industria deban deprimirse en los próximos años y cuales fortalecerse en función de una economía con otra finalidad y lógica.

Residencial

El sector residencial aún conserva un peso importante del uso de biomasa, probablemente no en las mejores condiciones. En segundo lugar aparecen como fuentes utilizadas la electricidad y el gas natural. Seguramente hay fuertes diferencias entre la población urbana y rural.

Pero aquí aparecen como líneas de trabajo centrales el desarrollo de la energía solar térmica y una mayor electrificación de manera de desplazar gas. Esto requiere un trabajo muy sincronizado con las políticas de hábitat así como una fuerte apuesta a la
generación distribuida.

Electricidad

La electricidad representa aproximadamente un 20 % del consumo final de energía. La matriz de producción de electricidad muestra que casi un 70 % de ella es producida por fuentes renovables, casi toda ella hidroeléctrica con una muy pequeña parte de fuentes no convencionales pero creciendo. El otro 30 % se basa en combustibles fósiles, gas y carbón. Estimamos posible trazar un sendero de tiempo mediano para el
abandono de la generación a carbón y sostener solo lo indispensable de las térmicas más flexible sy eficientes a gas que permitan dar estabilidad al sistema eléctrico.

Sabemos que las hidroeléctricas tienen detrás una historia de conflictos territoriales. Esta situación debe abordarse con una perspectiva socio histórica, atendiendo las propuestas de los afectados por represas que han hecho desde la red Nacional de pueblos afectados y amenazados por represas y trasvases.

Entendemos que el desafío consiste en un audaz proceso de incremento en la electrificación de los usos pero con una apuesta a las fuentes renovables no convencionales y un fortalecimiento de la generación distribuida de manera de no incrementar en demasía las necesidades de inversión en transmisión.

Transición no es solo tecnología

Pensar y construir la transición energética en un contexto de múltiples crisis, de límites al desarrollo y de desigualdades requiere analizar las opciones tecnológicas desde otras perspectivas que incluyen otros aspectos.

El primero de ellos se centra en la necesidad de desarticular el modelo mercantil capitalista y corporativo que rige la normativa y regulación del sector energético. Es necesario trabajar en un nuevo paquete normativo que establezca condiciones para un desarrollo con mirada de derechos alrededor de la energía. Por ejemplo, plantear alternativas a la lógica de las subastas como únicas opciones de desarrollo del sector.

El segundo aspecto, que además tiene carácter de urgencia, es atender la problemática de las pobrezas energéticas, agudizadas durante la pandemia. Este eje no abordado de manera asistencialista, sino generando condiciones para la construcción de mecanismos de satisfacción de necesidades de acuerdo a las realidades culturales y territoriales. Pero esto tiene dos caras, en un contexto de restricciones la energía se configura como una herramienta de redistribución de riqueza con lo cual cobra sentido también la restricción de usos suntuarios de la energía en determinados sectores.

Las políticas energéticas no pueden ser un espacio exclusivo de actuación de especialistas, debe ser parte de la construcción de una sociedad posextractivista donde la multiplicidad de saberes y cosmovisiones son contempladas. Esto requiere desarrollar, construir y fortalecer espacios ciudadanos de construcción de herramientas de políticas energéticas. Sin dudas hay tecnologías que pueden resultar sinérgicas con estas propuestas, por ejemplo la generación distribuida, la construcción de políticas energéticas locales, las políticas de hábitat, etc. Nos referimos a un proceso de democratización de las herramientas de políticas.

Resulta central fortalecer las diversas alternativas de lo público, no solo en lo que se refiere a la propiedad sino fundamentalmente a la gestión. Innumerables experiencias locales comunitarias, cooperativas, colaborativas nos muestran un camino posible.

Pero lo más importante es la lógica, desarticular la lógica mercantil, recuperar y fortalecer la idea de  la energía como una herramienta que permite mejorar nuestras condiciones de vida en un marco de límites y de desigualdades.

Y lo más estimulante es ver la posibilidad de transformar en realidad una transición energética popular.

Resulta indispensable abandonar los combustibles fósiles. No solo por la escasez y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por los graves conflictos socioterritoriales que han generado el desarrollo de los combustibles fósiles, la agroindustria y la producción a gran escala.

El camino principal pasa por la reducción de la demanda de energía en los sectores que más la usan, apuntando a eliminarlos, reducirlos, transformarlos y suplantar su fuente energética fósil. En este camino, se plantea la idea de una sólida incorporación de fuentes renovables de energía.

En el presente trabajo, las fuentes energéticas se caracterizan por dos atributos. Por un lado su renovabilidad o no renovabilidad. Este atributo es una característica física y se relaciona con la posibilidad de que las generaciones futuras dispongan de dicha fuente, en función de su tasa de consumo y regeneración natural. Así, por ejemplo, mientras que el petróleo es no renovable, el viento y el sol son fuentes renovables. Pero el segundo atributo es su sustentabilidad o no sustentabilidad. En este caso, este atributo no solo tiene que ver con aspectos físicos de la fuente, sino con la forma y los procesos de aprovechamiento de esa fuente. Así, se asume que las no renovables, justamente por esa razón, también son no sustentables. Pero los aprovechamientos de las fuentes renovables se deben analizar desde una matriz que contemple no solo los beneficios energéticos, sino los impactos sociales, ambientales, ecosistémicos, etc.

Existen diferentes formas y procesos para llevar a cabo la adaptación tecnológica necesaria para el uso de las fuentes renovables de energía. En la actualidad, predomina un formato industrial e hipertecnológico de las fuentes renovables que puede considerarse una extensión de los combustibles fósiles (Gonzalez Reyes, 2018). Este modelo intensivo utiliza los fósiles, la minería y muchos compuestos que también son finitos.

A diferencia de los combustibles fósiles y el uranio, las fuentes primarias de energías renovables son de una magnitud inconmensurable. Existen innumerables trabajos que comparan, por ejemplo, la radiación solar disponible sobre la Tierra con el uso actual de la energía, indicando que, en solo unos instantes de tiempo, llega a la Tierra la energía que consumimos en un año,[1] o trabajos que muestran que el potencial eólico disponible es muy superior a la energía utilizada en la actualidad y a la que necesitaremos ante un escenario tendencial.[2]

Sin embargo, las limitaciones aparecen a la hora de disponer de dichos recursos primarios para su transformación en uso final.En un primer momento, se podría afirmar que, en el corto y mediano plazo, es posible utilizar fuentes primarias renovables para producir electricidad, que luego será el vehículo para atender un uso final determinado.

Las restricciones son de diverso tipo, pero podríamos agruparlas básicamente en dos grupos: las limitaciones físicas y materiales, y las limitaciones socioambientales. Ambas establecerán un techo a la posibilidad de desarrollo infinito de las aplicaciones de las fuentes renovables de energía.

Si se hace referencia a las limitaciones físicas y materiales, es necesario aceptar que, más allá de que las fuentes primarias sean inconmensurables, la infraestructura para su conversión requiere de una cantidad importante de materiales, entre los que se encuentran algunos muy comunes como el cobre, pero también diversos tipos de materiales menos abundantes, como teluro, cadmio, indio, germanio, arsénico y galio, entre otros. Todos estos materiales son finitos y muchos de ellos se encuentran ya en estado crítico.

En el siguiente cuadro, se puede observar un listado de los materiales citados con información acerca de su aplicación y la fecha prevista de cénit, tras lo que se prevé que su producción decrezca (Gonzalez Reyes, 2018).

Existen muchos trabajos que dan cuenta de la criticidad de los materiales necesarios para el desarrollo de las fuentes renovables.[3] Estos recursos no solo son escasos y tienen una tasa de extracción mucho menor a las necesidades que implicaría un desarrollo en masa de energías renovables que mantenga la demanda actual, sino que tienen implicaciones económicas y geopolíticas importantes debido a su distribución en el planeta. Por ejemplo, China posee más del 95 % de las reservas de estos minerales.

Es importante también atender a los procesos, ya que la infraestructura no se desarrolla de un día para otro. La actual infraestructura fósil demoró más de medio siglo en instalarse y solo fue una adición de fuentes. En este caso, como advierte González Reyes (2018), se trata de un cambio distinto, ya que no se trata de aumentar el consumo, sino de disminuirlo.

Pero también existen limitaciones socioambientales importantes. Por un lado, la mayoría de los materiales involucrados son extraídos mediante minería, en algunos casos en el lecho submarino. El incremento de estos procesos mineros ocasionaría contaminación de fuentes de aire, agua, mares y subsuelo, lo cual daría lugar a conflictos socioambientales en los territorios (continentales y costeros), asociados a desplazamientos, acaparamientos y desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores, así como los de las comunidades sobre los territorios. Más allá de la necesidad de usar algunos materiales, la decisión sobre su extracción debe ser tomada por las comunidades en los territorios donde estos se encuentran.

Asimismo, el establecimiento de parques eólicos o granjas fotovoltaicas, que requieren grandes cantidades de tierra o espacio oceánico, se traduce en una mayor presión sobre el acceso, uso y control de los territorios y aguas, generando aún mayor impacto sobre las comunidades que viven en ellos.

Desde la transición energética popular, este problema hace evidente la necesidad de una transformación más profunda, que incluya las formas de uso y control de la energía, en el contexto de formas de producción, distribución y consumo sostenibles desde el punto de vista social y ambiental.

[1] https://landartgenerator.org/infographics.html. En este caso, se muestra la superficie necesaria de paneles fotovoltaicos para abastecer el consumo de energía mundial en distintos años.

[2] https://landartgenerator.org/infographics.html

[3] Se puede observar información relevante en “Metal Stocks in Society, Scientific Shyntesis” (UNEP, 2010) o en “Critical Materials for the Transition to a 100por ciento Sustainable Energy Future” (WWF, 2014).

Honty (2014) sistematiza claramente la mejor información existente sobre muchos de estos materiales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, las denominadas tierras raras disprosio, terbio, europio, neodimio e itrio, que son críticos en el corto plazo, además de otros en situación casi crítica.

Estos últimos meses Chile ha vivido días muy duros, al enorme aumento de casos de contagios por COVID-19 y las muertes asociadas, se sumó el drama social de amplios sectores de la sociedad que no tienen lo mínimo para subsistir. La crisis sanitaria ha desnudado grandes temas pendientes del país como lo son la enorme desigualdad y la vulnerabilidad con que vive la gran mayoría de los chilenos. Desigualdad y vulnerabilidad que hizo que la mayoría del país dijera basta a partir del 18 de octubre en las más grandes manifestaciones sociales en 30 años. Lo que se ha impugnado fuertemente durante los últimos meses es el modelo de desarrollo que genera desigualdades en muchas dimensiones, una de las principales son las desigualdades territoriales, donde mientras un sector minoritario del país puede vivir con un estándar de país desarrollado, la gran mayoría debe sufrir las consecuencias nocivas de este modelo, la contaminación, los servicios públicos deficientes, la precariedad en diversos ámbitos de la vida.

Hoy resulta increíble recordar que, en el período previo al estallido social, Piñera trataba de instalarse como líder internacional con la organización de la COP25 y la APEC. Un país con zonas de sacrificio, cuya principal fuente de generación eléctrica sigue siendo el carbón, un país que aún no firma el tratado de Escazú, con sus aguas completamente privatizadas y un sistema de evaluación ambiental absolutamente deficiente.  Previo al 18-O el gobierno estaba logrando la aprobación de una reforma tributaria que bajaba impuestos a los más ricos y que no planteaba nada respecto a establecer un impuesto verde a las fuentes fijas que hasta el FMI ha recomendado establecer en 73 dólares por tonelada de CO2 (en Chile actualmente son 5 dólares por tonelada de CO2).

La gran mayoría de la élite política y económica de Chile se había autoconvencido de ese país próspero ad portas de convertirse en un país desarrollado y que el modelo económico-social del país era un éxito. Un claro ejemplo de esto, es que a menos de dos semanas del 18-O el empresariado por medio de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ponía una alerta a proyectos de ley enfocados en el bien común considerados literalmente “Riesgos al crecimiento”, advirtiendo que existen instrumentos alternativos como una mejor gestión que pueden usarse para no afectar este crecimiento. Esta misiva advertía de ciertas iniciativas que podrían limitar el desarrollo productivo del país, tales como la protección de glaciares, provocar incertidumbre en proyectos al permitir revocar proyectos por ratificación ciudadana, distorsionar

los instrumentos ambientales vigentes al incorporar “condiciones a proyectos por el sólo hecho de estar emplazados en una localidad” (localidades que son zonas declaradas ambientalmente latentes o saturadas claro) ignorando la posibilidad de reducir la contaminación, por secretarìa, al compensar emisiones si fuese el caso. Esto entrega rápidamente una radiografìa del foco del empresariado chileno ambientalmente hablando: mantener las decisiones con los cánones existentes de decisiones centralizadas, con parámetros principalmente económicos y legales, fuera de los territorios y la ciudadanía.

En este contexto de las acciones del gobierno y el empresariado, resulta muy preocupante que el gobierno en medio de la crisis sanitaria y social actual, y bajo la justificación de la reactivación económica, ha insistido en su agenda pre 18-O, impulsando proyectos de ley como el que “Perfecciona textos legales que indica para promover la inversión” Boletín 11747-03. Dicho proyecto de ley había sido presentado en 2018 pero su tramitación estaba entrampada en el parlamento principalmente por propuestas que proponen bajar el estándar ambiental en materias de aguas, energía y evaluación ambiental de los proyectos de inversión. En materia energética, el proyecto de ley, plantea reformar la ley ambiental que indica que deben ser evaluadas ambientalmente las centrales de energía que generan más de 3 MW. El proyecto de ley  propone que el poder ejecutivo mediante un reglamento establecerá las centrales que deban ser evaluadas ambientalmente. Esto significa que cada gobierno tendría la potestad de establecer o modificar mediante reglamento qué proyectos de generación eléctrica deben ser evaluados ambientalmente. Aunque el parlamento ha rechazado dicha modificación a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, el gobierno ha insistido en reponer su tramitación y en mayo, en medio de la crisis sanitaria, le puso suma urgencia a su discusión.

Durante las últimas semanas ha sido posible observar en la prensa varios titulares sobre la necesaria reactivación económica poniendo énfasis en la necesidad de un “fast track” en la tramitación ambiental resolviendo los “cuellos de botella” que retrasan la aprobación de proyectos. En este contexto se produjo el pasado 14 de junio el “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” entre el oficialismo y algunos partidos de oposición con la finalidad de, por una parte allegar a las familias más vulnerables del país los recursos básicos para subsistir, y de esta manera puedan efectivamente quedarse en casa, y por otra el acuerdo plantea medidas de reactivación económica. Una revisión de este acuerdo, permite observar escasas referencias a una reactivación con consideraciones ambientales. Además, resulta llamativo que mientras en la sección que describe medidas de inversión pública se establece que estas serán “con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático acelerando cartera de inversión pública ligados a construcción embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en ERNC”; en cambio, las medidas de incentivo a la inversión privada se plantean medidas de “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando

estricto cumplimiento de normativas ambientales” y también plantea otras medidas para “acelerar concesiones”.

En una línea que pareciera paralela, pero que no hace más que corroborar cuál es el foco de las medidas anteriores, desde el ingreso en marzo del COVID a Chile como demuestra el reporte de OLCA se han ingresado al sistema de evaluaciòn medioambiental el doble de proyectos con 5 veces mayor inversión global en relación al mismo período de los 2 años anteriores, esto genera un escenario donde las capacidades de evaluación se vuelven insuficientes para filtrar proyectos que deberían someterse a requerimientos más estrictos.  De estos, un 65% del global de proyectos pertenecen al sector energía, casi totalmente proyectos de energìas renovables, contando como ejemplo que sólo dos megaproyectos de energía fotovoltaica se llevan el 68% de la inversión energética ingresada en este perìodo y ambos ingresados aprovechando la posible evaluación ambiental más laxa y sin participación ciudadana.  Se podría aplaudir el hecho de este ingreso de energías limpias a la matriz eléctrica, pero dado el contexto de ingreso a evaluación, nula participación ciudadana, la escala de inversiones y el escenario político-empresarial mencionado anteriormente, se vuelve un marco poco esperanzador.

Es más, resulta contradictorio el proceso que vive Chile con las señales que el gobierno intenta proyectar: La recientemente lanzada estrategia de transición justa como visión de largo plazo, considera como eje fundamental de trabajo a la  comunidad para la detección de necesidades e impactos en el territorio, valorar la decentralizaciòn de la discusión, y reconocer la responsabilidad ambiental y social de las empresas. Todo esto corre el riesgo de volverse letra muerta en el escenario aquí descrito o peor aún usar el instrumento como legitimador de proyectos ambientalmente cuestionables.

Así podemos ver que en Chile se configura un futuro ambiental incierto en función de la recuperación económica, imagen que contrasta peligrosamente con muchos otros países. La Unión Europea en su “plan de recuperación para europa” considera dentro de sus ejes fundamentales la transición ecológica y considera instrumentos concretos como el fortalecimiento del Fondo de Transición Justa con el fin de ayudar a los Estados miembros a acelerar la transición hacia la neutralidad climática. En latinoamérica, los gobiernos no han sido capaces de comprender la necesidad de repensar nuestros modelos productivos, que nos permitan afrontar mejor posibles crisis sanitarias futuras y sobretodo la crisis climática cuyos efectos serán catastróficos para la región si no reaccionamos ahora. Sin embargo, una luz de esperanza surge desde la sociedad civil quienes han comprendido que, así como lo planteara Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. De esta forma diversos actores de distintos países, sectores y disciplinas, claman por un “Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina” en lo que se ha denominado “Pacto Social del Sur”. De modo similar en Chile la Plataforma de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) frente al acuerdo del “Marco de Entendimiento para Plan de

Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” concluye que “El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental”.

Existen tantas miradas de la transición energética como intereses económicos, políticos, ideológicos, ecológicos, tecnológicos y hegemónicos.

Así, hay propuestas de transición energética con objetivos claramente diversos. Miradas político-económicas desde el neoliberalismo, el keynesianismo y el anticapitalismo, desde perspectivas ecologistas, del culto a la vida silvestre o a la ecoeficiencia (culto a lo tecnológico) o desde el ecologismo de los pobres (Martinez Alier, 2011), con focos en la sustentabilidad débil, fuerte o superfuerte (Gudynas, 2004), o por grandes multinacionales de la industria del crudo [1] y por pequeñas cooperativas ciudadanas.

Actualmente, conviven diversas miradas de la transición energética, desde las que sostienen representantes del neoliberalismo verde [2] y grandes multinacionales de la industria del crudo[3], hasta las de movimientos o instituciones ecologistas de las más diversas vertientes ideológicas [4], organismos internacionales vinculados a la energía [5], equipos científicos y sindicatos [6], por mencionar solo algunas.

Es importante analizar y sistematizar las diversas propuestas de transición energética, con el fin de brindar pautas para ayudar a pensar cuáles deben ser las características de una transición energética congruente con una mirada de justicia social, ambiental y poscapitalista frente al extractivismo.

Con el objetivo de ordenar las diversas propuestas, se presenta aquí una especie de clasificación no exhaustiva ni excluyente.

Si bien existen diferencias profundas, la mayoría de las propuestas de transición energética poseen un denominador común: aceptar el rol de la acción humana, particularmente a partir de la era industrial, en la generación del cambio climático que se presenta actualmente, proponer la diversificación de la matriz energética y el fomento de la disminución del contenido fósil para reemplazarlo por otras fuentes; en algunos casos, por fuentes renovables y sustentables; en otros, por nuclear e, incluso en algunos casos, por los llamados fósiles no convencionales.

El debate sobre transición energética surge en el contexto de la guerra fría a finales de la década de 1970, como propuesta para desarrollar una matriz energética basada en recursos renovables, opuesta al desarrollo de la energía nuclear (Brüggemeier, 2017) (Fornillo, 2018).

A su vez, el término “transición justa”, si bien no se refiere solo a la transición energética, surge por primera vez como un principio rector del movimiento laboral en la década de 1970 bajo el liderazgo de Tony Mazzocchi en la Unión Internacional de Trabajadores del Petróleo, la Química y la Energía Nuclear (OCAW), que estuvo en el origen de la creación del movimiento sindical y ambiental. La idea de una «transición justa» aparece en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015, que hace referencia a la necesidad de tener «en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional» (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2015).

En pleno siglo XXI, se puede afirmar que la preocupación (o, en algunos casos, la oportunidad económica) para algunos actores que impulsan la transición energética es la crisis climática. Así, desde distintos espacios oficiales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se plantean propuestas y condiciones para la transición energética. Al identificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como la principal causa de la crisis climática, estos espacios pretenden generar mecanismos para restringirlas, principalmente a través del uso de fuentes energéticas no fósiles.

Sin embargo, reducir el análisis de las causas de la crisis climática a las emisiones de gases de efecto invernadero deja de lado otros elementos, tanto en el ámbito ambiental (por ejemplo, contaminación, reducción de la biodiversidad) como social (consumo, desigualdades, violación de derechos). Son aspectos importantes, que forman parte de la crisis y deben tenerse en cuenta en la búsqueda de soluciones. Esta reducción conceptual se conoce como “carbonización del clima” y se asocia con el interés de establecer indicadores cuantitativos y, ligado a ello, crear herramientas de mercado. En muchos casos, todo se reduce a las toneladas equivalentes de dióxido de carbono (por ser el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera),[7] cuya disminución se convierte en el indicador único de la lucha frente a la crisis climática global.

En este contexto, son varias las vertientes que pretenden imponer su mirada de transición energética, algunas de forma autoritaria, y otras populares y en constante construcción. Como punto de partida, se pueden identificar dos grandes universos. Por un lado, están los actores que, frente a la situación climática, ven en la transición energética un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico geopolítico —con mecanismos de sustentabilidad débil, con una mirada corporativa y patriarcal—, que se podría denominar “universo del ambientalismo corporativo” o lo que Maristella Svampa, en su ensayo “Imágenes del fin” (2018), clasifica como narrativa capitalista-tecnocrática. Este posicionamiento configura lo que aquí denominaremos como la transición energética corporativa.

Por el otro, están quienes apuestan por una sustentabilidad fuerte o superfuerte y persiguen una transición energética basada en la justicia socioambiental, participativa y cooperativa, algo que se podría definir como “universo del ecologismo popular”, basado en la narrativa anticapitalista y de transición socioecológica (Ibídem, pág. 158, 2018). Esta perspectiva daría lugar a lo que llamaremos, de aquí en adelante, la transición energética popular.

La transición energética corporativa no es solo empresarial, sino que esta mirada puede tener adeptos diversos, como empresas multinacionales, Estados (países, provincias, regiones, municipios), instituciones y organizaciones que ven en este camino el único posible —o, para ellos, el más “rápido”— para responder a la urgencia de la crisis.

Quienes impulsan una transición energética corporativa se enfocan en una perspectiva estrictamente técno-economicista hegemónica. Para esta visión, el objetivo principal es emitir menos gases de efecto invernadero y generar cierto respaldo geopolítico ante la creciente preocupación pública por el cambio climático, en un proceso creciente de acumulación de riqueza y poder a través de las nuevas áreas de extracción, manteniendo las relaciones de desigualdad existentes.

En muchos casos, impulsan salidas a las urgencias climáticas sumamente controvertidas e impactantes, como el uso de la energía nuclear, el gas no convencional y las grandes represas.

En la transición energética corporativa, la mayoría de los elementos (artefactos, proyectos, normativas, investigación y desarrollo, etc.) son controlados por, o funcionan en favor de, corporaciones transnacionales o potencias mundiales, complejizando los sistemas y la cotidianeidad bajo la excusa de la eficiencia, y limitando así la posibilidad de democratizar el uso de la energía y la tecnología.

En este marco, juega un rol central el tema de la propiedad y el control de acceso a las fuentes energéticas, los materiales y las tecnologías necesarias. La concentración del sistema energético es una característica inherente a este. Grandes empresas, no solo privadas, sino en muchos casos públicas, detentan el poder hegemónico.

Los principales actores de la transición energética corporativa impulsan el desarrollo de las fuentes de energías renovables desde una concepción utilitaria y desde un formato industrial, imaginando que ellas podrían ser una alternativa a los límites planetarios de recursos en el marco de un modelo intensivo extractivista, en definitiva dominado por una lógica fósil (Gonzalez Reyes, 2018). Imaginan que las fuentes energéticas no fósiles podrían sostener el sendero actual de crecimiento ilimitado.

En algunos casos, también adquiere protagonismo la cuestión asociada a la eficiencia energética desde una perspectiva tecnocrática. Se percibe el potencial de cambio solo en la eficiencia tecnológica y, por lo tanto, de consumo, sin plantear que se alteren las lógicas mismas de ese consumo.

Esta transición energética corporativa se configura como hegemónica, autoritaria y hetero-patriarcal. No obstante, debido a la presión de movimientos sociales, en algunos casos llega a contar con características más democráticas, como el acceso al sol en las viviendas, la eliminación de impuestos a la autogeneración de energía solar en países como España o los planes de acceso a energías renovables para hogares vulnerables en Nueva York,[8] entre muchos otros ejemplos. Estas variables no son parte integral de la transición energética corporativa, sino resultado de la presión política que ejercen los movimientos sociales.

Así, la transición energética corporativa se asienta en la banalizada idea del “desarrollo sustentable”, en continuar en el camino del crecimiento sin límites, intercambiando recursos fósiles por renovables y alta tecnología, sin modificar las lógicas de consumo capitalistas, ni cuestionar la distribución o el acceso a la energía de las poblaciones o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.

La transición energética corporativa no representa un cambio de paradigma, sino una expresión del modo en que el sistema capitalista intenta capitalizar la crisis energética y climática para un nuevo ciclo de acumulación.

El fin último de los actores que impulsan esta visión de la transición energética es liderarla. Así lo expresa un representante de la empresa de energía danesa DONG Energy:[9]

“Nuestra ambición es impulsar la transición del sistema energético y liderar la transformación ecológica. Y eso no es solo un reto tecnológico, también es un reto humano (…) ¿Cómo conseguimos que el público para el que construimos nuestros parques eólicos o los que viven cerca de donde se instalarán acepten este cambio en su paisaje? (…) Necesitaremos que la gente adopte comportamientos o productos que son buenos para la sociedad y buenos para el medio ambiente, pero que no necesariamente tienen un beneficio directo y visible para los individuos cuyo comportamiento estamos pidiendo cambiar.”

Desde esta visión, no se cuestionan los conflictos socioambientales que se generan, sino cómo permear los valores culturales de las comunidades, imponiendo la perspectiva de las empresas.

En contraposición a este “universo del ambientalismo corporativo”, encontramos el ”universo del ecologismo popular”.

Desde esta otra mirada, urge construir colectivamente una transición energética popular contrahegemónica, basada en el respeto de los derechos y en la justicia socioambiental. En palabras del investigador Kolya Abramsky (Transnational Institute, 2016), “la democracia energética —entendida como una visión abstracta del futuro desarrollo del sector de la energía— es ‘una fantasía’. El equilibrio de poder existente en el capitalismo neoliberal es profundamente antidemocrático. Por lo tanto, toda transición energética emancipadora requeriría una transformación fundamental de la geometría del poder actual y, como tal, exigiría una estrategia política concreta y ambiciosa sobre cómo se podría alcanzar este tipo de transformación. De este modo, puede que la cuestión más apremiante no pase por cuáles serían las características exactas de una futura utopía energética, sino, más bien, cómo podemos construir poder y organización colectiva”.

Las condiciones materiales del planeta imposibilitan la idea de la expansión o el crecimiento sin límites. Esta realidad se debe analizar en un contexto de conflictos ecológicos distributivos, por los que diferentes actores, con diferentes niveles de poder e intereses distintos, se enfrentan a las demandas de recursos por parte de otros actores en un momento ecológico particular (Martinez Allier, 2004).

No hay posibilidad de imaginar un mundo en el cual quepan muchos mundos sin sentipensar cómo construir muchas sociedades que puedan alcanzar la felicidad con mucha menos materia y energía. Esto significa una gran disputa de poder y de sentido.

Son pocas las miradas que entienden la energía no como un fin, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en un marco de derechos congruente con los derechos de la naturaleza.

“La concepción de la energía es cultural. Son radicalmente distintas las sociedades que consideran el petróleo como un recurso, que las que lo hacen como la sangre de la tierra. En este marco se asume a la energía como algo más que un concepto físico, pues es un elemento social, político, económico y cultural.” (Fernández Durán & González Reyes, 2018).

Esta mirada de la transición energética popular se asienta sobre la premisa de construir el derecho a la energía y cuestiona la idea de la energía como una mercancía. Se asienta sobre la idea de desprivatizar, de fortalecer las diversas formas de lo público, lo participativo y lo democrático. Se asienta sobre la imperiosa necesidad de reducir la utilización de energía y, a la vez, desfosilizar las fuentes energéticas utilizadas. Se asienta sobre la lucha por eliminar la pobreza energética, y descentralizar y democratizar los procesos de decisión en torno a la energía.

La transición energética popular se configura como un proceso de democratización, desprivatización, descentralización, desconcentración, desfosilización y descolonización del pensamiento, para la construcción de nuevas relaciones sociales, congruentes con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza.

Bibliografía

Brüggemeier, F.-J. (2017). Sol, agua, viento: la evolución de la transición energética en Alemania. Friedrich Ebert Stiftung.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (2015). Acuerdo de París.

Fernández Durán, R., & González Reyes, L. (2018). En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (Vol. 1). (I. 978-84-947850-8-5, Ed.) Madrid, España: Libros en Acción/Baladre.

Fornillo, B. (2018). Hacia una definición de transición energética para Sudamérica: Antropoceno, geopolítica y posdesarrollo. Prácticas de oficio, 46-53.

Gonzalez Reyes, L. (2018). Las necesidades de evaluar la reducción neta del consumo de energía. En Voces expertas para la transcición energética. Madrid: Ecologistas en Acción.

Gudynas, E. (2004). Ecología, economía y ética para el desarrollo sostenible. Montevideo, Uruguay: Ediciones Coscoroba.

Martinez Alier, J. (2011). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria.

Martinez Allier, J. (2004). El ecologismo de los pobres (Vols. ISBN: 84-7426-743-9). Barcelona: Icaria Editorial S.A.

Svampa, M. (diciembre de 2018). Imegenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. Nueva Sociedad(278).

Transnational Institute. (2016). Hacia la democracia energética. Debates y conclusiones de un taller internacional.

[1] https://elperiodicodelaenergia.com/los-tres-grandes-ejes-de-la-transicion-energetica-de-la-petrolera-bp/

[2] http://www.losverdes.org.ar/tag/transicion-energetica/

[3] http://www.retruco.com.ar/la-transicion-energetica-solo-matriz-fosil-o-popularizacion-del-poder/

En la reunión del Foro Económico Mundial de Davos que tuvo lugar en enero de 2019, el director ejecutivo de la petrolera BP, Bob Dudley, señaló: “Creo que es hora de que contemos nuestra historia de manera un poco diferente; que la gente sepa que estamos comprometidos con esta gran transición energética”.

[4] https://www.foeeurope.org/just-transition, https://www.tierra.org/paso-9-asegurar-una-transicion-energetica-justa-y-equitativa/

[5] http://www.olade.org/noticias/guatemala-se-desarrollo-la-iv-conferencia-la-transicion-energetica-america-latina-caribe/

[6] http://www.unter.org.ar/node/15222

http://csa-csi.org/MultiItem.asp?pageid=11647

[7] https://br.boell.org/pt-br/2016/11/01/metrica-do-carbono-abstracoes-globais-e-epistemicidio-ecologico

[8]https://elperiodicodelaenergia.com/nueva-york-proporcionara-energia-solar-comunitaria-gratis-a-10-000-hogares-vulnerables/?fbclid=IwAR3qOVwUFZ3_Ce_z4dD19JnTP6kfEENtq3eJHM9AQ4jyBRpaVPBdPkCyAw8

[9] https://blog.antropologia2-0.com/es/transicion-energetica-necesita-antropologos/