Urge la revisión de los modelos de gestión del agua y la energía en Colombia y la región

Los efectos del fenómeno del niño, aunado a la crisis climática y el modelo de ocupación de los territorios en Colombia dejó al descubierto la vulnerabilidad e insostenibilidad del sistema de gestión del agua, puso en alerta al sistema eléctrico y generó un drama social de la cual derivan una serie de impactos que guían la necesidad de transformar el paradigma de sociedad.

La ausencia de lluvias por varios meses en varias regiones del país generó desabastecimiento en 277 municipios que equivalen al 25% del país, en 30 de 32 departamentos que tiene Colombia. Las dos ciudades que más tienen habitantes como son Bogotá y Medellín, tuvieron que tomar medidas drásticas al respecto. La capital del país tuvo que implementar un plan de racionamiento de agua en abril y que se mantiene en la actualidad, que ha implicado serios impactos en la dinámica social y que a su vez ha afectado a otros centros poblados como La Calera, Cota, Mosquera, Madrid, Funza, Soacha y Chía entre otros. En Medellín se han presentado interrupciones en el servicio en algunos barrios y las comunas nororientales de la ciudad estuvieron al límite del racionamiento que fue amortiguado por la llegada de las lluvias.

Respecto al sistema de generación de energía eléctrica, en promedio las represas hidroeléctricas en Colombia descendieron al 28,56% situándose al borde del 27% para iniciar un racionamiento de energía eléctrica según lo anunciado por el Ministerio de Minas y Energía. Dicha situación no se consumó en virtud de la llegada de las lluvias torrenciales en regiones estratégicas y de manera complementarias las medidas de incentivo de ahorro que se implementaron.

Estos efectos de la crisis tuvieron paralelo en Ecuador. La represa Mazar registró niveles de 0% y el descenso en los niveles de otras represas conllevó a que la población tuviera que padecer cortes frecuentes del fluido eléctrico generando un drama económico y social sin precedentes extendido por varios meses. Argentina, Brasil y Bolivia ya han tenido situaciones similares en años recientes y Uruguay el año pasado tuvo el agravante de tener que mezclar agua salada con el agua potable para abastecer las demandas básicas de la población y dando lugar a la especulación de precios por parte de las embotelladoras de aguas, condicionando el acceso al agua dulce a las familias con capacidad de pago.

Estas situaciones ponen en evidencia la insostenibilidad de los modelos de gestión y de consumo del agua y la energía en la región. No obstante, vale la pena acentuar el análisis sobre algunas cuestiones. En primer lugar, las causas estructurales de la sequía y la crisis climática, enmarcada en un contexto más amplio de crisis civilizatoria en un modelo que pretende consumir infinitamente frente a unas condiciones materiales finitas del planeta y la naturaleza de la que hacemos parte. Las causas de dicha escasez de agua son presentadas de manera vaga, apelando a responsabilidades individuales, intentando librar  de responsabilidades a las grandes industrias y dejando de lado la discusión del crecimiento urbano en el que se beneficia el sector inmobiliario generando un gran pasivo ambiental. 

Otro punto importante en esta discusión, tiene que ver sobre la narrativa específica de la escasez de agua. La escasez de agua como hecho material es innegable. Sin embargo, la escasez no solo tiene que ver con “lo natural”, sino que existen una serie de factores que influyen en esa condición. Así, la escasez puede ser producida o reproducida por una serie de interrelaciones e intereses económicos y políticos, que son ventajosos para quienes tienen intereses mercantiles sobre este elemento (Caro, 2018). Con esto no negamos que exista una real escasez del agua sino que nos parece importante cuestionar de qué manera se gestiona dicha escasez, para quiénes se materializa y a quiénes afecta realmente. Ello implica que esta discusión también pase por un lado, por hablar de las responsabilidades diferenciadas en el marco de esta crisis y por otro, de las vulnerabilidades y desigualdades existentes, lo que a su vez debería conllevar en decisiones que contemplen estos aspectos. 

Vemos necesario que ante esta problemática se ponga en el centro del debate la perspectiva de la justicia hídrica, como lo resalta Catalina Serrano (2024), el cual pone de presente la necesidad de hablar de acaparamiento y de accesos desiguales al agua. Sobre todo frente a los usos que según Serrano (2024), quien cita la investigación de Cecilia Roa y Sandra Brown, los mayores concesionarios de agua en Colombia son los ingenios azucareros (agroindustria), seguido por el sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo,  señala que si se tiene en cuenta el volumen asignado, el sector hidroeléctrico concentra el 60% de las concesiones. Esto nos abre la discusión por las dinámicas de despojo del agua y por los usos que se priorizan de la misma. 

En este sentido, es importante que esta discusión analice la dependencia del actual modelo energético de los embalses, a propósito del despliegue de las hidroeléctricas en los últimos años, las cuales abastecen más del 70% de la demanda nacional de energía. Este despliegue de las hidroeléctricas responde al auge de las energías renovables no convencionales que a su vez responde a un llamado global a la urgente transición energética. Sin embargo, la transición energética, sin un enfoque de justicia y mirada contextual desde los territorios, reproduce el despojo extractivista, la injusticia hídrica y el racismo ambiental. En el caso de las hidroeléctricas, que se presentan como una alternativa a los combustibles fósiles, ignoran los impactos negativos dejados sobre la sociedad y el ambiente. Además, los embalses tienen una vida útil de 50 a 60 años, o menos, dependiendo de la cuenca, lo que quiere decir que ese potencial de la generación dependiente a las hidroeléctricas no es sostenible en el mediano y largo plazo. Por naturaleza los ríos vivos arrastran sedimentos, pero debido al modelo de ocupación de los territorios, en el que se acentúa la deforestación o la remoción de tierras por la minería hace que los sedimentos aumenten en los embalses y la vida útil de los embalses se reduzca drásticamente. Colombia padeció el nefasto caso de la hecatombe ambiental, en 2001, generada sobre la cuenca del río Anchicayá, cuando  la empresa Unión Fenosa tomó la decisión de abrir las compuertas para vaciar los lodos de la represa, inundando con más de 500 mil metros cúbicos de lodos tóxicos a las poblaciones negras asentadas aguas abajo de la represa, dejándolos sin agua y pesca por más de seis meses.

Esto es una alerta para el resto del país y el mundo donde las hidroeléctricas se siguen imponiendo como alternativa. Actualmente, también se han promovido las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas o PCH a filo de agua. Estas son instalaciones que generan energía eléctrica a través de la rotación del agua por medio de turbinas. Estos proyectos también generan una serie de conflictividades e impactos socioambientales como la alteración de los ciclos hidrológicos y los procesos acuáticos, afectaciones en la calidad de agua, pérdida de la capa vegetal, alteraciones en el suelo, desplazamientos, desecación de cuencas y quebradas, afectaciones en la economía local, entre otras. En este contexto, es importante alertar que con los riesgos y la vulnerabilidad de las hidroeléctricas y las PCH, los gremios y sectores interesados profundicen las justificaciones del mantener la dependencia a los combustibles fósiles, sobre todo por la sostenibilidad en el tiempo de las hidroeléctricas y su capacidad de abastecimiento de energía a largo plazo. Ello sería un grave error teniendo en cuenta la urgente necesidad de la disminución planeada de dependencia a los combustibles fósiles y la urgencia de una transición energética justa. 

Por ello, la discusión por la transformación del modelo energético es fundamental. Desde varias organizaciones sociales se viene hablando de la necesidad de una política que aborde el despilfarro energético, los usos  indispensables y la transformación sociocultural de las maneras en que producimos y consumimos. Es fundamental pensar en descentralizar, desprivatizar y despatriarcalizar el modelo energético. En este sentido, desde un trabajo colectivo entre varias organizaciones como Censat Agua Viva, Comunidades Setaa, Fundaexpresión, El Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander se viene trabajando en torno a las energías comunitarias como una propuesta de poner en el centro la protección de la vida, lo que implica transformar la relación con el agua y la energía, de pasar a contemplarlas como mercancía a un bien común, a partir de los cuales reorganizar nuestras relaciones con la naturaleza en pro del cuidado y la sustentabilidad. “Entendemos las Energías Comunitarias (EC) como el conjunto de conocimientos, prácticas y procesos de transformación socioambiental en la producción y consumo de energías y alimentos, que favorecen la creación de condiciones de vida digna para las comunidades más vulnerables, que respetan todas las formas de vida presentes en el planeta y que aportan en la mitigación de la crisis climática, en la construcción de la paz y en la reconstrucción del tejido social.” (Soler J. et. al., 2022). 

Una de las iniciativas convocada de manera conjunta por dichas organizaciones, el Grupo de Trabajo de Energía y Equidad y el Movimiento de Afectados por Represas (MAR) es la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa (TEJ), la cual busca visibilizar y reconocer diversas propuestas en energías alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, urbanas y rurales en toda América Latina. La propuesta que inició en el 2020, ha logrado cuatro exitosas convocatorias, en las que se evidencia cómo las comunidades avanzan en la generación de alternativas para permanecer en sus territorios y enfrentar los impactos que genera el modelo de desarrollo hegemónico.

Es importante que los distintos gobiernos latinoamericanos apoyen y contribuyan al fortalecimiento de las alternativas de gestión comunitaria de los bienes comunes, en este caso de la energía y el agua, que se vienen proponiendo y apropiando desde los territorios. En contraposición de seguir apoyando la proliferación de grandes megaproyectos, que aún bajo el discurso de la “energía limpia” reproducen el modelo extractivo, profundizan las desigualdades en los territorios y siguen manteniendo una crisis tanto del modelo energético como una crisis civilizatoria en general. 

Referencias bibliográficas

Caro, Catalina (2018). Las venas de la tierra, al sangre de la vida: significados y conflictos por el agua en la zona carbonífera del sur de la Guajira, Colombia. En Agua y disputas territoriales en Chile y Colombia  

Censat Agua Viva et. al. (2022). Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda. 

Serrano, Catalina (2024). Crisis de agua en Bogotá: Una mirada desde la justicia hídrica. 

Soler, Juan Pablo. et. al (2022). Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Ruta de la Transición Energética Justa y Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo.