El contexto de pandemia asociado al COVID 19 ha impactado en la cotidianeidad de todas las culturas del planeta y el sistema energético no queda exento de ello. Si bien no podemos decir que haya cambiado sustancialmente el diagnóstico, si podemos recorrer sus principales dimensiones y observar los cambios que se han producido tanto cuanti como cualitativamente.
El impacto más visible para los mercados se asocia a la fuerte caída en la magnitud de la energía utilizada en aquellos países en donde la pandemia está produciendo mayores impactos. A nivel global y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía la extracción de petróleo sufrió caídas de 10,8 millones de barriles diarios en marzo, 29 millones en abril y 25 millones en mayo tras lo cual se augura un proceso de recuperación paulatina de los valores anteriores. Los valores máximos de caída equivalen a aproximadamente un 30% de la extracción diaria de petróleo (para más detalles ver la nota: Energía, ambiente, COVID 19 y la delgada línea entre la normalidad y el ecocidio). Podríamos decir que vivimos un corto período de caída abrupta impactada fundamentalmente por la reducción del consumo del sector transporte a nivel global y que ha afectado a nuestra región teniendo en cuenta que dicho sector es el de mayor consumo energético.
Pero los impactos más fuertes para la sociedad latinoamericana se asocian a varios aspectos en lo vinculado al sistema energético. Por un lado el crecimiento de la pobreza energética en la región como producto del avance de la pobreza a raíz de los impactos que la pandemia está teniendo sobre los sistemas productivos en los diversos países. Si bien existen datos como los presentados por los informes de la CEPAL respecto a pobreza, no es tan sencillo acceder a información fehaciente que de cuenta del real impacto en el crecimiento de la pobreza energética. Si bien algunos estados han intentado dar algún tipo de respuestas como ser congelamiento de tarifas las mismas aún resultan insuficientes.
El contexto pandémico, si bien ha generado en muchos estados acciones de políticas sociales directas, también debemos decir que ha afectado la libertad de demandar, peticionar y reclamar por derechos. Esto, en un sector habitualmente opaco como en el energético, resulta preocupante no solo en lo que respecta a la disputa por el acceso a la energía sino por las dificultades ampliadas que tienen en este contexto las comunidades afectadas por proyectos extractivos energéticos.
Es de hacer notar que la alta concentración y centralización del sistema energético se configuran también como un elemento de fragilidad que sumado a la lógica mercantil que domina el sector en el continente se transforman en elementos que conspiran con la posibilidad de pensar en que pueda haber una respuesta acorde en la actual situación.
En este marco, tal vez la condición fundamental para dar respuestas que estén a la altura de las necesidades actuales, se refieran a establecer como pauta la recuperación de la idea que ubica a la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas y de redistribución de riqueza en un contexto de profundización de las desigualdades.
Esto impone, más que nunca, abandonar la concepción mercantil capitalista de la energía y colocarla en otra esfera, en otra dimensión por fuera de las lógicas de oferta y demanda.
Podríamos decir que la pandemia ha agudizado las problemáticas alrededor del sistema energético, solo el breve lapso que veremos de disminución del uso de combustibles fósiles podría ser algo positivo, pero que con la vuelta a las condiciones prepandemia quedaría solo en una anécdota.
En este marco se refuerzan las necesidades de cambio sobre el sistema energético ahora con las urgencias que implican los principales impactos que está teniendo la pandemia sobre la sociedad.
En este sentido cobra particular relevancia dar respuestas urgentes a las situaciones de pobreza energética, no solo referido a los nuevos pobres energéticos sino al conjunto de la población que se encuentra en esta situación. La lucha por sobrevivir en este contexto necesita imperiosamente garantizar el acceso a los servicios públicos, entre ellos la energía, y estas políticas debieran ser centrales y urgentes.
Otras dimensiones deseables en un proceso de transición energética tal vez no tengan la urgencia de la anterior pero si creemos que se presenta el momento oportuno para ello.
Este debiera ser un momento para avanzar en la crítica y derogación de los marcos normativos y legislativos neoliberales del sector energético regional que han consagrado en su momento una estructura de mercado ajeno a las necesidades de la población del continente.
La pandemia ha puesto sobre la mesa nuevamente al estado y su rol, en muchas áreas abandonado en favor del mercado. Como bien hemos visto esta nueva aparición de la necesidad de fortaleza del estado se da de forma ambivalente en muchos países, por un lado suele aparecer un estado presente con políticas sociales pero, en algunos casos, aparecen también algunos reflejos no deseados que se asocian a restricciones democráticas.
Sin embargo, podríamos decir que se ha habilitado globalmente y en buena hora, el debate y las acciones posibles de los estados de recuperar resortes claves de la economía, entre ellos el sector energético. Esto ha impulsado en algunas regiones procesos de desprivatizaciones. En América Latina gran parte del sector energético se encuentra en manos estatales, sin embargo sabemos que esto no alcanza si no logramos una gestión verdaderamente pública y democrática. El camino de desprivatización debe estar abierto no solo a la propiedad estatal sino a otras formas de lo público y se configura como un desafío el control democrático de las políticas energéticas.
Pero la pandemia nos presenta también otras oportunidades, entre ellas, y a partir de la crisis del modelo de producción globalizado, se encuentra la de rediscutir los circuitos de producción. Localizar la producción, en particular la de alimentos, desglobalizar las cadenas productivas, fortalecer la idea del vivir con lo nuestro ahora en un contexto latinoamericano se presentan como oportunidades a aprovechar.
En un contexto de restricciones a la participación ciudadana por las medidas de aislamiento social resulta relevante prestar atención al fortalecimiento de procesos y mecanismos que apunten a la democratización del sector.