¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?
Juan Pablo Soler*
La parcialidad y la irregularidad con que puede llegar a actuar la policía y ejército nacional puede provenir de su financiamiento.
Recuerdo que en el año 2013 al cruzar el río Cauca, en la Vuelta del Bombillo, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango que hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención por los derechos vulnerados recibieron de inmediato la represipon del ESMAD. Sin mediar palabras, desaseguraron sus armas de gas pimienta y pistolas de balas de goma y las accionaron contra la población. No les importó que en el lugar estuvieran adultos mayores ni menores de edad, muchos se fueron rodando por el terreno pendiente obteniendo contusiones y no recibieron atención médica, lo único que importó a la policía fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, se aproximó el ESMAD y con el uso de la fuerza subió a 87 personas en camiones de la policía. Las capturas masivas son ilegales pero eso no fue impedimento para que la policía intentara por ese medio deshacer la manifestación campesina. Al otro día, pese a estar en un predio privado la policía derribó el cerco y tiró las ollas al piso donde se preparaba el desayuno. Esto fue el detonante para salir de la zona, caminando hacia Medellín, configurando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete (7) meses albergados en la Universidad de Antioquia.
Años más tarde, en noviembre de 2015, en una audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda logramos comprender que estas y otras actuaciones correspondían a un ejercicio sistemático derivado de los convenios que ha pactado la fuerza pública con empresas.
Una revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo en la que no se les permitió tener copias ni fotografías, se pudo revelar las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre el 2002 y el 2014 (Ver tabla adjunta):
Empresa | Valor en pesos colombianos |
Pacific Rubiales y Metapetroleum | 119.150.000.000 |
ISAGEN | 100.732.000.000 |
Oleducto Bicentenario (Pacific, Ecopetrol, Petrominerales, Hocol, Canacol, Vetra, Grupo CIC) | 72.403.000.000 |
OCENSA – Oleoducto Central | 50.501.000.000 |
Empresas Públicas de Medellín | 55.274.000.000 |
Carbones del Cerrejón | 30.851.000.000 |
Drummond | 10.514.000.000 |
Anglogold Ashanti (AGA) | 10.176.000.000 |
Entre Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI- se han firmado más de 1.229 contratos secretos de cooperación entre 1990 y 2014. Cifra que debe actualizarse con las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva en Colombia y con el hecho de que los batallones pueden haber firmado directamente convenios de cooperación.
Para la construcción de paz con enfoque territorial este financiamiento debe replantearse o por lo menos revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.
Los convenios de cooperación citan de manera recurrente que son para actuar ante las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres que hacen parte de estas contrataciones, que representaba más del 15 del total del total de las fuerzas armadas en 2015.
Otro caso que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció tardíamente haber financiado al batallón que opera en sus instalaciones pero se abstuvo de reconocer los impactos. En el caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se puede apreciar otra dimensión del efecto, pues la base del BAEEV #12 José María Tello se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía para alojar 1.200 soldados[1].
Si se traslapa el análisis las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna más compleja. En el caso de Antioquia entre 2000 y 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Brigada 16 la cual ha recibido dineros, vía de convenios de cooperación, por más de 209.400.000.000 de pesos colombianos de empresas como Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific, Petrobras, Petrominerales, entre otras. A este arista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que han ocasionado la fuerza pública pagada por empresas y que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía.
De cara a la transición energética, se deben analizar los impactos ambientales que conllevan la operación de estos batallones la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos para ser etiquetados como energía limpia.
El problema aquí planteado no es que se cuiden las infraestructuras energéticas. El problema es que lo haga la fuerza pública mediante contratos secretos suscritos con empresas extractivas de minerales, hidrocarburos y energía en los que el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre movilidad a la información, etc.
Además, el Senador Cepeda denunciaba en la audiencia que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón, y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y derechos humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.
Frente a esta situación ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quien lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719