Propuesta frente al aumento de tarifa eléctrica: no más con el bolsillo de los usuarios
Juan Pablo Soler*
Los altos costos de la energía han llamado la atención del presidente Petro quien llamó a las instituciones competentes y a las empresas del sector a explicar el asunto.
La controversia se generó a raíz de la publicación del DANE, de los Índices de Precios al Consumidor – IPC de la electricidad, similar a la inflación – que para agosto fue del 25,9 % para el sector de la electricidad. Dado que se trata de un promedio, algunas ciudades no notaron la diferencia, pero en otras como Santa Marta el IPC fue del 49,9 %, es decir, que alguien que hace un año pagó 100 pesos por su factura, este mes debió pagar 150 por el mismo consumo. Variaciones similares se presentaron en Riohacha, 47,1%; en Barranquilla, 44,4 %; en Sincelejo, 40,7 %; y en Valledupar y Montería, 40,4%.
Llama la atención que los precios sean más altos en los lugares donde más se necesita la energía. Las familias en esta zona hacen uso de abanicos, refrigeradores, ventiladores y sistemas de aire acondicionado por salud, calidad de vida y comodidad. Sin embargo, los precios son desmesurados e injustos.
Para este mismo periodo la variación del IPC de los ingresos de las familias más pobres fue del 12,7%, de las vulnerables del 12,53%, de la clase media del 10,98% y de las de altos ingresos del 9,28%. Los ingresos familiares, en promedio, crecen al tiempo que la factura de la electricidad, pero desproporcionalmente, lo cual implica que se tenga que destinar un mayor porcentaje de los ingresos familiares para el pago de servicios públicos. Así, derechos constitucionales como la alimentación adecuada, la recreación y la salud, entre otros, quedan condicionados a la capacidad de pago, es decir, a lo que sobre.
Si bien es alarmante el incremento de la última anualidad, no podemos perder de vista los periodos anteriores, en 2020 los usuarios residenciales pagaron en promedio a 219,75 COP/kWh y en 2021 pagaron 248,42 COP/kWh, teniendo un incremento del 26,6 %. Desde el 2015 ya se registraban aumentos por encima de la inflación del 12% como lo anunciaba en una anterior columna.
Hay quienes defienden el papel y el trabajo adelantado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-, pero sin detenerse a cuestionar la estructura. Lo que se debe atender de fondo es el incremento injustificado de las tarifas que hace imposible su pago.
La privatización del sector eléctrico mediante la creación de la Ley 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 de Reforma del Sector Eléctrico agudizó la problemática de la prestación del servicio de la costa caribe y otras partes del país. Además de ser un servicio costoso no tiene la calidad apropiada dado que, durante la mayor parte del tiempo, el voltaje en algunas zonas es muy inferior a los 120 voltios. Hay cortes consecutivos y cuando se reactiva el servicio la energía llega con picos de voltaje que queman los electrodomésticos. Esta situación calamitosa es difícil de comprobar, por lo tanto, los usuarios deben asumir las pérdidas, en la mayoría de los casos.
Las comunidades en varias ocasiones se han manifestado para cambiar esta situación de injusticia. Solo en Barranquilla entre 2002 y 2003 se contabilizaron más de 100 manifestaciones populares que, en lugar de solución, recibieron la represión del ESMAD.
Por su parte, Unión Fenosa propietaria en ese entonces de Electrocosta y Electricaribe presionó al gobierno de la “Confianza Inversionista”, que se comprometió a girar una parte de los recursos de la nación para aliviar la cartera morosa de las empresas. No obstante, esto no sirvió para que las empresas dejaran de presionar a los usuarios.
El Plan Nacional de Desarrollo de ese gobierno además creó el Fondo de Energía Social -FOES-, el cual se financió con un impuesto a las exportaciones de energía (Art. 118 Ley 812 de 2003). De este fondo, el 70% de los dividendos iban directamente a las carteras de las empresas. Dicho fondo se fue desvaneciendo de la factura durante los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos.
En este análisis de las tarifas también es necesario resaltar que Colombia ha trazado su política energética siguiendo los lineamientos internacionales del Banco Mundial. Se ha establecido en términos coloquiales que los negocios solo son confiables si se tiene un suministro continuo de electricidad. Es lo que denominan confiabilidad del sistema que no está relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, sino que se refiere, específicamente, a los requerimientos para estimular y sostener los mercados y atraer las inversiones privadas en el sector de la energía.
Estos lineamientos fueron parte de las motivaciones que dieron origen al Cargo por Capacidad que luego derivó en el Cargo por Confiabilidad, el cual es un costo adicional que se suma a la tarifa eléctrica y que guarda asidero en el pánico energético de la década de los noventa. Del Cargo por Capacidad las empresas obtuvieron directamente de los usuarios cerca de 5.000 millones dólares, por los que jamás tuvieron que rendir cuentas, y del cargo por capacidad, hasta 2016, habían recibido cerca de 8.000 millones de dólares sin que hubiesen cumplido con su obligación de suministrar Energía Firme para no incrementar las tarifas, según lo denunció en su momento la Contraloría General de la República.
Si bien se han seguido las reformas establecidas por la Banca se evidencia un mito más de la privatización, dado que el documento de estrategia para el sector de la Energía del Banco Mundial de 2011 establecía que se debían reformar los marcos regulatorios para garantizar la participación de actores privados, ya que serían ellos quienes financiarían y asumirían los riesgos en la promoción de mercados competitivos. Sin embargo, seguimos observando que cuando llegan los riesgos las empresas acuden al estado y al bolsillo de los usuarios para salvarse y no al contrario.
El sistema tarifario es complejo de entender, pero seguramente llegarán a algún acuerdo el gobierno y las empresas, donde se anuncia que los precios no bajarán en el corto plazo. En realidad, se deben crear mecanismos tipo resorte que permitan tomar medidas antes de que se apliquen los incrementos a los usuarios. Se debería crear un fondo de reserva con los recursos de las mismas empresas del sector eléctrico y no del Estado, el cual que se alimentaría poniendo un límite a las utilidades. Es decir, cuando las ganancias sean extraordinarias, pasarían a alimentar el fondo de reserva sin poner en riesgo la operación. Así, cuando las variables de la tarifa cambien hacia un incremento se tomaría del fondo de reserva y no del bolsillo de los usuarios.
Esta propuesta además tiene asidero en el ejemplo de Unión Fenosa. Durante mismo años en que esta empresa se quejó y presionó al gobierno por la situación en la Costa Caribe, sus utilidades en las plantas generadoras -gestionadas por su filial EPSA- superaron los 100 millones de dólares; sin embargo, lo callaron, repitiendo la injusta situación en la que siempre se tiende a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.
Esta propuesta también es una alternativa a la presentada por Acolgen, Andesco, Andeg y Asocodis que han planteado crear un nuevo fondo, que se alimente con dineros del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE- lo cual constituye un obstáculo más a la transición energética justa que propone el gobierno en curso.