Chile necesita una constitución ecológica para una transición energética transformadora
El proceso constituyente Chileno en curso que fue ratificado con amplio triunfo en el plebiscito del pasado 25 de octubre al aprobar la realización de una nueva constitución, representa una enorme oportunidad para la construcción de las bases de un nuevo entendimiento sobre nuestros derechos sociales, culturales y ambientales y sobre la distribución del poder económico, político y territorial, lo que abrirá muchos debates en cuanto a los contenidos de la futura constitución.
Uno de estos debates es el que ha sido impulsado por diversos actores de la sociedad civil que abogan por una constitución ecológica, post-extractivista, acorde a los tiempos de crisis climática que el país y el mundo estarán inmersos durante las próximas décadas.
En Chile sobre el 78% de la generación de gases efecto invernadero (GEI) proviene del sector energético[1]. De este porcentaje un 41% de dichas emisiones proviene de la generación de electricidad. A su vez, de ese 41% las 28 termoeléctricas a carbón que operan actualmente en el país son responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), el 88% de la totalidad de material particulado (MP), el 97% de las emisiones totales de SO2 y el 91% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NOx)[2]. Estas emisiones provienen de termoeléctricas a carbón que se concentran en las llamadas zonas de sacrificio ambiental[3] ubicadas en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Los habitantes de estos territorios llevan décadas de vulneración a sus derechos fundamentales, soportando enormes cantidades de contaminación en el aire, en la tierra y en sus costas, afectando gravemente la salud de su población. La respuesta estatal, se ha limitado a planes de recuperación ambiental y social (PRAS) que no resuelven la crisis, no buscan eliminar el impacto ambiental ni las industrias sino que, buscan establecer un consenso en aceptarlas como un mal necesario. Naturalmente quienes habitan estos territorios han acumulado un gran descontento frente a una institucionalidad que los declarado sacrificables. Muy probablemente por esta razón, en el plebiscito por una nueva constitución, donde a nivel nacional la opción “apruebo una nueva Constitución” obtuvo un altísimo 78,27%, en la zonas de sacrificio los resultados fueron aún más altos, por ejemplo Mejillones con 89,6%, Tocopilla (90%), Quintero (81%) y Puchuncaví (84%).
Constitución ecológica para la transición energética. Algunos elementos para el debate
Una constitución política de un país otorga un marco a su modelo de desarrollo. El modelo energético de un país está directamente ligado a su modelo de desarrollo, y por lo tanto, el resultado del proceso constituyente, tendrá gran incidencia en el modelo energético futuro.
También resulta lógico pensar que una constitución del siglo XXI debe internalizar la problemáticas de la crisis climática y la justicia ambiental en su contenido, lo que a su vez propiciaría una transición energética justa, democrática y popular. Entonces la siguiente interrogante es qué aspectos específicos debiera abordar una llamada constitución ecológica para llevar esto a cabo.
Un aspecto clave a superar en una nueva constitución es el principio subsidiario que subyace e inspira la Constitución de 1980 y que en la práctica subordina el bien común al bien particular, especialmente la propiedad privada. En materia energética opera claramente, dejando al Estado como regulador y con una participación muy marginal a través de ENAP, mientras son los privados los que deciden mediante qué fuentes, dónde y cuánta energía generar.
Pero una nueva constitución que busque desmercantilizar nuestros derechos, no puede quedarse sólo en el debate Estado o mercado. La gestión de lo público, de lo común, debe incluir al tercer pilar, a las comunidades. Esto significa superar la actual visión meteorizada del territorio para las intervenciones del estado, las que son reactivas y acotadas, donde se entiende la participación ciudadana sólo en términos formales, y se impone el “dejar hacer” a las empresas privadas mediante una legislación y fiscalización ambiental débil, poniendo el foco en la gestión del conflicto a través de la reparación y compensación y no en su prevención.
La energía como derecho
El acceso equitativo a la energía hoy resulta de gran relevancia para el desarrollo pleno de las personas, por lo tanto, la energía debe dejar de ser concebida como una mera mercancía y ser comprendida como un derecho. Esto también tiene implicancias en materia de pobreza energética, entender la energía como un derecho también debe garantizar su acceso en términos de contar con un servicio energético de calidad, apropiado al contexto territorial y la posibilidad cierta de contar con él más allá de la posición socioeconómica.
Un aspecto que dice relación tanto con una mejor distribución del poder como de la energía como derecho es la necesidad de establecer la justicia ambiental como un principio que informe la nueva constitución y que asegure una distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales generados, entre otras actividades, por el sector energético.
La energía en la constitución orgánica
La crisis social en Chile está directamente relacionada con la insostenible concentración de poder que ostenta un pequeño sector de la sociedad. Por lo tanto una nueva constitución necesariamente deberá organizar el Estado propiciando la desconcentración económica, política y territorial.
Relacionado con lo anterior está el necesario proceso de descentralización y planificación territorial con efectiva participación de la ciudadanía. Las energías renovables no aseguran per se que no haya conflictos socioambientales, hay temas de escala de los proyectos, de pertinencia territorial, y de reconocimiento de las dinámicas sociales y culturales que deben ser consideradas y donde la ciudadanía debe estar involucrada. Por lo tanto, planes regionales de ordenamiento territorial vinculantes discutidos participativamente por la ciudadanía, son de gran relevancia para avanzar en una transición energética justa, democrática y popular.
[1] https://www.revistaei.cl/2018/12/12/informe-dice-sector-energia-genera-78-las-emisiones-del-pais/
[2] http://www.chilesustentable.net/2019/10/termoelectricas-a-carbon-como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-ellas/
[3] Una zona de sacrificio ambiental es un territorio con un deterioro de la calidad ambiental agudo, multidimensional con efectos graves sobre la población y el medio ambiente derivada de decisiones principalmente económicas.