Propuesta frente al aumento de tarifa eléctrica: no más con el bolsillo de los usuarios

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Propuesta frente al aumento de tarifa eléctrica: no más con el bolsillo de los usuarios

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Juan Pablo Soler*

Los altos costos de la energía han llamado la atención del presidente Petro quien llamó a las instituciones competentes y a las empresas del sector a explicar el asunto.

La controversia se generó a raíz de la publicación del DANE, de los Índices de Precios al Consumidor – IPC de la electricidad, similar a la inflación – que para agosto fue del 25,9 % para el sector de la electricidad. Dado que se trata de un promedio, algunas ciudades no notaron la diferencia, pero en otras como Santa Marta el IPC fue del 49,9 %, es decir, que alguien que hace un año pagó 100 pesos por su factura, este mes debió pagar 150 por el mismo consumo. Variaciones similares se presentaron en Riohacha, 47,1%; en Barranquilla, 44,4 %; en Sincelejo, 40,7 %; y en Valledupar y Montería, 40,4%.

Llama la atención que los precios sean más altos en los lugares donde más se necesita la energía. Las familias en esta zona hacen uso de abanicos, refrigeradores, ventiladores y sistemas de aire acondicionado por salud, calidad de vida y comodidad. Sin embargo, los precios son desmesurados e injustos.

Para este mismo periodo la variación del IPC de los ingresos de las familias más pobres fue del 12,7%, de las vulnerables del 12,53%, de la clase media del 10,98% y de las de altos ingresos del 9,28%. Los ingresos familiares, en promedio, crecen al tiempo que la factura de la electricidad, pero desproporcionalmente, lo cual implica que se tenga que destinar un mayor porcentaje de los ingresos familiares para el pago de servicios públicos. Así, derechos constitucionales como la alimentación adecuada, la recreación y la salud, entre otros, quedan condicionados a la capacidad de pago, es decir, a lo que sobre.

Si bien es alarmante el incremento de la última anualidad, no podemos perder de vista los periodos anteriores, en 2020 los usuarios residenciales pagaron en promedio a 219,75 COP/kWh y en 2021 pagaron 248,42 COP/kWh, teniendo un incremento del 26,6 %. Desde el 2015 ya se registraban aumentos por encima de la inflación del 12% como lo anunciaba en una anterior columna.

Hay quienes defienden el papel y el trabajo adelantado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-, pero sin detenerse a cuestionar la estructura. Lo que se debe atender de fondo es el incremento injustificado de las tarifas que hace imposible su pago.

La privatización del sector eléctrico mediante la creación de la Ley 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 de Reforma del Sector Eléctrico agudizó la problemática de la prestación del servicio de la costa caribe y otras partes del país. Además de ser un servicio costoso no tiene la calidad apropiada dado que, durante la mayor parte del tiempo, el voltaje en algunas zonas es muy inferior a los 120 voltios. Hay cortes consecutivos y cuando se reactiva el servicio la energía llega con picos de voltaje que queman los electrodomésticos. Esta situación calamitosa es difícil de comprobar, por lo tanto, los usuarios deben asumir las pérdidas, en la mayoría de los casos.

Las comunidades en varias ocasiones se han manifestado para cambiar esta situación de injusticia. Solo en Barranquilla entre 2002 y 2003 se contabilizaron más de 100 manifestaciones populares que, en lugar de solución, recibieron la represión del ESMAD.

Por su parte, Unión Fenosa propietaria en ese entonces de Electrocosta y Electricaribe presionó al gobierno de la “Confianza Inversionista”, que se comprometió a girar una parte de los recursos de la nación para aliviar la cartera morosa de las empresas. No obstante, esto no sirvió para que las empresas dejaran de presionar a los usuarios.

El Plan Nacional de Desarrollo de ese gobierno además creó el Fondo de Energía Social -FOES-, el cual se financió con un impuesto a las exportaciones de energía (Art. 118 Ley 812 de 2003). De este fondo, el 70% de los dividendos iban directamente a las carteras de las empresas. Dicho fondo se fue desvaneciendo de la factura durante los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos.

En este análisis de las tarifas también es necesario resaltar que Colombia ha trazado su política energética siguiendo los lineamientos internacionales del Banco Mundial. Se ha establecido en términos coloquiales que los negocios solo son confiables si se tiene un suministro continuo de electricidad. Es lo que denominan confiabilidad del sistema que no está relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, sino que se refiere, específicamente, a los requerimientos para estimular y sostener los mercados y atraer las inversiones privadas en el sector de la energía.

Estos lineamientos fueron parte de las motivaciones que dieron origen al Cargo por Capacidad que luego derivó en el Cargo por Confiabilidad, el cual es un costo adicional que se suma a la tarifa eléctrica y que guarda asidero en el pánico energético de la década de los noventa. Del Cargo por Capacidad las empresas obtuvieron directamente de los usuarios cerca de 5.000 millones dólares, por los que jamás tuvieron que rendir cuentas, y del cargo por capacidad, hasta 2016, habían recibido cerca de 8.000 millones de dólares sin que hubiesen cumplido con su obligación de suministrar Energía Firme para no incrementar las tarifas, según lo denunció en su momento la Contraloría General de la República.

Si bien se han seguido las reformas establecidas por la Banca se evidencia un mito más de la privatización, dado que el documento de estrategia para el sector de la Energía del Banco Mundial de 2011 establecía que se debían reformar los marcos regulatorios para garantizar la participación de actores privados, ya que serían ellos quienes financiarían y asumirían los riesgos en la promoción de mercados competitivos. Sin embargo, seguimos observando que cuando llegan los riesgos las empresas acuden al estado y al bolsillo de los usuarios para salvarse y no al contrario.

El sistema tarifario es complejo de entender, pero seguramente llegarán a algún acuerdo el gobierno y las empresas, donde se anuncia que los precios no bajarán en el corto plazo. En realidad, se deben crear mecanismos tipo resorte que permitan tomar medidas antes de que se apliquen los incrementos a los usuarios. Se debería crear un fondo de reserva con los recursos de las mismas empresas del sector eléctrico y no del Estado, el cual que se alimentaría poniendo un límite a las utilidades. Es decir, cuando las ganancias sean extraordinarias, pasarían a alimentar el fondo de reserva sin poner en riesgo la operación. Así, cuando las variables de la tarifa cambien hacia un incremento se tomaría del fondo de reserva y no del bolsillo de los usuarios.

Esta propuesta además tiene asidero en el ejemplo de Unión Fenosa. Durante mismo años en que esta empresa se quejó y presionó al gobierno por la situación en la Costa Caribe, sus utilidades en las plantas generadoras -gestionadas por su filial EPSA- superaron los 100 millones de dólares; sin embargo, lo callaron, repitiendo la injusta situación en la que siempre se tiende a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.

Esta propuesta también es una alternativa a la presentada por Acolgen, Andesco, Andeg y Asocodis que han planteado crear un nuevo fondo, que se alimente con dineros del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE- lo cual constituye un obstáculo más a la transición energética justa que propone el gobierno en curso.

 

 

 

*Artículo publicado por Juan Pablo Soler en Revista Raya, el 14 de septiembre del 2022. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html
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¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

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¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

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Juan Pablo Soler*

La parcialidad y la irregularidad con que puede llegar a actuar la policía y ejército nacional puede provenir de su financiamiento.

Recuerdo que en el año 2013 al cruzar el río Cauca, en la Vuelta del Bombillo, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango que hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención por los derechos vulnerados recibieron de inmediato la represipon del ESMAD. Sin mediar palabras, desaseguraron sus armas de gas pimienta y pistolas de balas de goma y las accionaron contra la población. No les importó que en el lugar estuvieran adultos mayores ni menores de edad, muchos se fueron rodando por el terreno pendiente obteniendo contusiones y no recibieron atención médica, lo único que importó a la policía fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.

Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, se aproximó el ESMAD y con el uso de la fuerza subió a 87 personas en camiones de la policía. Las capturas masivas son ilegales pero eso no fue impedimento para que la policía intentara por ese medio deshacer la manifestación campesina. Al otro día, pese a estar en un predio privado la policía derribó el cerco y tiró las ollas al piso donde se preparaba el desayuno. Esto fue el detonante para salir de la zona, caminando hacia Medellín, configurando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete (7) meses albergados en la Universidad de Antioquia.

Años más tarde, en noviembre de 2015, en una audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda logramos comprender que estas y otras actuaciones correspondían a un ejercicio sistemático derivado de los convenios que ha pactado la fuerza pública con empresas.

Una revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo en la que no se les permitió tener copias ni fotografías, se pudo revelar las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre el 2002 y el 2014 (Ver tabla adjunta):

Empresa

Valor en pesos colombianos

Pacific Rubiales y Metapetroleum

119.150.000.000

ISAGEN

100.732.000.000

Oleducto Bicentenario (Pacific, Ecopetrol, Petrominerales, Hocol, Canacol, Vetra, Grupo CIC)

72.403.000.000

OCENSA  – Oleoducto Central

50.501.000.000

Empresas Públicas de Medellín

55.274.000.000

Carbones del Cerrejón

30.851.000.000

Drummond

10.514.000.000

Anglogold Ashanti (AGA)

10.176.000.000

Entre Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI- se han firmado más de 1.229 contratos secretos de cooperación entre 1990 y 2014. Cifra que debe actualizarse con las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva en Colombia y con el hecho de que los batallones pueden haber firmado directamente convenios de cooperación.

Para la construcción de paz con enfoque territorial este financiamiento debe replantearse o por lo menos revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Los convenios de cooperación citan de manera recurrente que son para actuar ante las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres que hacen parte de estas contrataciones, que representaba más del 15 del total del total de las fuerzas armadas en 2015.

Otro caso que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció tardíamente haber financiado al batallón que opera en sus instalaciones pero se abstuvo de reconocer los impactos. En el caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se puede apreciar otra dimensión del efecto, pues la base del BAEEV #12  José María Tello se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía para alojar 1.200 soldados[1].

Si se traslapa el análisis las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna más compleja. En el caso de Antioquia entre 2000 y 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Brigada 16 la cual ha recibido dineros, vía de convenios de cooperación, por más de 209.400.000.000 de pesos colombianos de empresas como Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific, Petrobras, Petrominerales, entre otras. A este arista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que han ocasionado la fuerza pública pagada por empresas y que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía.

De cara a la transición energética, se deben analizar los impactos ambientales que conllevan la operación de estos batallones la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos para ser etiquetados como energía limpia.

El problema aquí planteado no es que se cuiden las infraestructuras energéticas. El problema es que lo haga la fuerza pública mediante contratos secretos suscritos con empresas extractivas de minerales, hidrocarburos y energía en los que el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre movilidad a la información, etc.

Además, el Senador Cepeda denunciaba en la audiencia que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón, y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y derechos humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quien lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.

[1]                     Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719

*Artículo publicado por Juan Pablo Soler en Revista Raya, el 27 de agosto del 2022. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html
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Participar ¿es decidir? Tensiones y desafíos para una transición energética justa y democrática

Participar ¿es decidir? Tensiones y desafíos para una transición energética justa y democrática

María Paz AEDO
María Paz AEDO
Ignacio SÁNCHEZ
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Aunque la mañana es fría, el salón está calefaccionado y bien provisto para recibir a las autoridades y los representantes del proyecto. La comunidad que se ha enterado del encuentro está dividida entre quienes deciden asistir e informarse y quienes, agotados de reuniones sin fin y de no tener ningún poder de decisión real, ya no quieren ser parte del proceso. Los que asisten, se ubican ordenadamente en la sala, distribuida como si fuese una clase. Las autoridades y los representantes de la empresa se ubican en la testera. Un facilitador está a cargo de guiar la conversación y generar dinámicas para romper el hielo. Otro miembro del equipo oficial toma actas. Un miembro de la comunidad intenta grabar la sesión pero rápidamente un funcionario le dice que no se puede, que “la prensa” debe estar acreditada. La conversación inicia con largas exposiciones sobre las ventajas de la propuesta, la importancia para el desarrollo, la oferta de empleo, el posicionamiento de la región en los mercados. Las preguntas de la comunidad son recogidas por grupos. Las respuestas, generales. Se cierra la sesión agradeciendo la participación en el encuentro y con el compromiso de derivar los comentarios y compartir las actas. 

 

Este relato describe algunos de los hitos que comparten muchos procesos de participación ciudadana en el marco de la evaluación de proyectos. Un formato tutelado, marcado por la asimetría de conocimientos y poder en términos no sólo simbólicos -cargos, profesiones y vestimenta- sino materiales: tanto las metodologías de estos diálogos como la estructura física -salas, sillas, tecnologías, medios de difusión- son dispositivos que tienden a reproducir relacionamientos hegemonizantes y subordinantes, que en muchos casos replican la verticalidad de las relaciones, situando a ciertos actores “arriba” de la testera  -los expertos, los inversores, las autoridades- y a otros “abajo”, en el público -las comunidades, las organizaciones sociales, los pueblos-. La discusión sobre energía ha sido históricamente elitizada bajo el supuesto de neutralidad política y saber experto. Sin embargo, es ineludible su condición sociotécnica, inseparable de sus implicancias económicas, culturales, éticas y políticas.  

 

En el caso de los proyectos de energía, el relato que sustenta estas dinámicas está marcado por el compromiso de los gobiernos con el apoyo al desarrollo de proyectos considerados “estratégicos” en términos macroeconómicos; es decir, funcionales a las expectativas de crecimiento sostenido. Otras consideraciones, como los impactos ecosistémicos, sociales y culturales; las necesidades y derechos a la energía de las comunidades; la justicia ambiental; la propiedad, distribución y destino de la energía, se subordinan a la incuestionable obligación de incrementar el PIB como único y principal indicador de “desarrollo”. Así, todo el proceso comprendido desde la concepción a la evaluación de los proyectos energéticos está permeado por la voluntad política de su aprobación, previo a la consulta de las partes involucradas fuera de los desarrolladores mismos, tanto públicos como privados. El principal interés es seguir dotando de energía a la sustentación del modelo existente. 

 

Como muestra particular de lo anterior, frente a la insoslayable crisis climática y a los evidentes impactos socioterritoriales de la producción y combustión de hidrocarburos, los mercados energéticos están trasladando sus intereses a las fuentes de energías renovables como nuevo nicho de negocios, replicando las mismas antiguas prácticas. Un nuevo nicho, no un desafío global de justicia y equidad. En este escenario adverso de crisis en la que vivimos, pero ya conocido para las comunidades afectadas por proyectos energéticos históricamente, se abre en este punto de inflexión: la posibilidad concreta de una transición justa que contenga la  construcción de una soberanía energética desde los pueblos.

 

Resulta central para una transición energética justa, evitar la cooptación de agendas, territorios y comunidades de una transición basada en el mero reemplazo de energéticos antes que la transformación y reconocimiento de los relacionamientos con los bienes naturales comunes en su globalidad. Sobre este último punto, la transición entonces, no sería sólo el movimiento hacia algo completamente nuevo, sino también una forma de nombrar lo que históricamente es propio, reconocer entonces que la experiencia de las comunidades locales, las autonomías en la producción de la energía y los materiales que se requieren para sostener la vida están compuestos de entramados complejos de cooperación y cuidados. 

 

Para que esta transformación desde los pueblos se reconozca a sí misma como un camino por su propio mérito y no sólo una respuesta antagónica al que se impone desde el mercado es fundamental el acceso de las comunidades a la capacitación e información sobre generación, producción y distribución de energía, poniendo en valor los saberes locales de gestión, toma de decisiones, distribución de beneficios y generación de acuerdos (Baigorrotegui, 2019; Sannazzaro, 2017). De esta manera, es posible pensar en una producción energética orientada al bienestar de los pueblos en vez de sólo alimentar un metabolismo económico caracterizado por la demanda sostenida de energía y materiales, por demás agotado y responsable de la crisis global (Valero et. al, 2019).

 

Hoy el predominio de participaciones tuteladas, orientadas a dar legitimidad a proyectos cuya decisión ha sido ya tomada en aras del crecimiento y desarrollo, no sólo es una práctica que reproduce las desigu

aldades sino también se pierde de la riqueza presente en los saberes, prácticas y experiencias locales. 

 

Con la visión de no replicar estas prácticas y sus resultados, el autoreconocimiento de las comunidades en su valor tangible e intangible junto a la desconcentración de la producción, la comercialización local y la distribución colectiva de beneficios abren posibilidades interesantes a la descentralización de la energía y a reducir las dependencias y vulnerabilidades que emergen. 

 

Si la premisa de los llamados procesos de participación es extender las posibilidades de bienestar en las comunidades, la energía debe ser reconocida como un derecho a ejercer activamente en ellos. En plena crisis y con una transición energética que busca ser justa, no podemos permitirnos seguir reproduciendo prácticas que sólo generan más deterioro socioecológico y concentración de beneficios.

 

Referencias

Baigorrotegui, G. (2019). Transición Energética y Democracia: Chile – Comunidades energéticas en Latinoamérica. Notas para situar lo abigarrado de prácticas energocomunitarias. País Vasco: Proyecto TRADENER, Ekologistak Martxan, Ingeniería Sin Fronteras (ISF-MGI), Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Sannazzaro, J., Campos, M., Gajardo, P., Santibáñez, P. y Mondaca, E. (2017). El caso de implementación del proyecto de electrificación de las islas del Archipiélago de Chiloé y la desechada autonomía energética. Documento de trabajo, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) y Sur Territorio.

Valero, A., Valero, A. y Calvo, G. (2021). Thanatia: Límites materiales de la transición energética. Zaragoza: Ediciones PUZ, Universidad de Zaragoza.

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¿Economía del Hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias

¿Economía del Hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias

Maximiliano PROAÑO
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El hidrógeno (H2) es un vector energético, una materia prima y un combustible, y tiene la particularidad que aún siendo el elemento más abundante en el universo, no es posible encontrarlo naturalmente en su estado puro. De acuerdo a la materia prima que se utiliza para su obtención, y los efectos que este tiene para el medioambiente, el hidrógeno se ha clasificado comúnmente en:

  1. a) gris, si proviene de fuentes de energía fósiles (como gas natural o carbón) o, mediante electrólisis pero mediante electricidad generada con combustibles fósiles. El proceso es altamente contaminante;
  2. b) azul cuando también proviene de fuentes de energía fósiles, sin embargo, su producción es considerada carbono neutral, porque tiene acoplada una cadena de valor que permite el proceso de captura y almacenamiento del carbono;
  3. c) verde, se produce a partir de agua y energías renovables, mediante un procedimiento llamado electrolisis, el cual divide el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno reacciona con el aire liberando agua en forma de vapor.


El H2 verde probablemente jugará un rol muy importante en los procesos de descarbonización en los distintos países y, por lo tanto, lograr un sector energético bajo en emisiones. Sin embargo, resulta relevante advertir que el modo en que se ha venido llevando el debate en torno al H2 verde, lejos de dirigirnos hacia una transición energética justa, popular y democrática, seguirá siendo un sector secuestrado por los grandes intereses corporativos y el rol de la ciudadanía seguirá siendo el de meros clientes. En otras palabras, hoy existe un serio riesgo que “la revolución del H2 verde” implique que este ocupe el lugar de las energías fósiles pero con la misma gobernanza ambiental (o la falta de esta), similares actores, concentración en la propiedad y estructura impositiva, así como nulos avances en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.


Al hacer una breve revisión del estado actual del debate, estrategias y regulación del H2 verde en algunos países de la región, es posible observar que el debate gira en torno a las grandes inversiones, incentivos gubernamentales, mega proyectos y actores ya conocidos, mientras que las propuestas en torno a una nueva gobernanza son nulas. A continuación algunos ejemplos.


Chile[1] se ha planteado una estrategia sumamente ambiciosa respecto al desarrollo del hidrógeno verde, al 2025 espera ser el primer país de latinoamérica en inversiones de H2 verde en Latinoamérica, tener 5 GW de capacidad de electrólisis construida y en desarrollo en al menos dos polos en el país. Al 2030 Chile espera estar produciendo el H2 verde más barato del planeta (<1,5 USD/kg), líder global en exportación de hidrógeno verde y sus derivados, con 2,5 billones de dólares al año, y líder global de H2 verde por electrólisis con 25 GW.


Argentina[2] tiene actualmente una demanda de hidrógeno de alrededor de 300.000 toneladas anuales de H2 desde sectores como el petroquímico, para procesos en refinerías; desde la industria química, para producción de amoníaco y fertilizantes para la agricultura; para la producción de metanol, entre otros. Dicha demanda actualmente es cubierta con hidrógeno gris. Para que el país transite desde el hidrógeno gris al verde requerirá primero incrementar y consolidar la participación de las energías renovables en el sector eléctrico. Donde Argentina sí tiene camino avanzado es en regulación y en proyectos experimentales. El país posee desde el año 2006 una ley de fomento al hidrógeno, y desde el año 2018 se encuentran en discusión en el parlamento adecuaciones a la regulación para que esta signifique un impulso al desarrollo de H2 verde. Respecto a proyectos piloto, Hychico (compañía argentina) produce H2 verde para autoconsumo desde el 2008, y desde el 2010 almacena metano verde en un pozo petrolero agotado para la producción de metano verde, a través de un gaseoducto apto para el transporte de H2 de 2,3 Km de longitud. La petrolera estatal YPF y CONICET convocaron a un consorcio de empresas interesadas en el desarrollo del hidrógeno.


En México la Ley de Transición Energética establece como mandato que el 35% de la generación de energía eléctrica en México deberá provenir de energías limpias para el año 2024. En el marco regulatorio energético actual el hidrógeno verde aparece mencionado en la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en el Programa Sectorial de Energía y en los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs). El país aún no cuenta con un plan o estrategia específica para Hidrógeno Verde ni con proyectos de gran escala de producción.


En Colombia[3] se encuentra en discusión en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca promover el desarrollo tecnológico, la producción y el uso del hidrógeno verde en el país. El marco regulatorio, considera un Plan de incentivos y apoyo a la innovación y emprendimiento para proyectos relativos al hidrógeno verde. Durante 2021 será presentada la hoja de ruta estructurada con el BID para la producción y uso de hidrógeno verde teniendo en cuenta las variables institucionales, legales, comerciales y financieras del país.


Brasil posee un enorme potencial para el desarrollo de H2 verde, tanto por el desarrollo que se espera para las energías renovables en el país como por la gran demanda interna que este podría tener entre otros usos para productos del sector agrícola. El país no tiene una regulación ni tampoco un plan o estrategia específica para el desarrollo del H2 verde. Si se menciona en el Plan Nacional de Energía 2050, en el contexto de descarbonización y transición de las fuentes energéticas brasileñas. En febrero de 2021 el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) señaló el hidrógeno verde como tema prioritario para investigación y desarrollo. A pesar de la falta de una institucionalidad específica para el desarrollo del H2 verde, en el mes de marzo 2021, la compañía Enegix Energy y el gobierno estatal han anunciado la construcción de la planta de hidrógeno verde más grande del mundo en Ceará. El proyecto llamado Base One involucra una inversión de 5.400 millones de dólares, y produciría más de 600.000 toneladas de hidrógeno verde al año a partir de 3,4 GW de energía renovable de carga base ya contratada a través de una asociación con Enerwind[4].


Usos del Hidrógeno verde

Un segundo aspecto importante a abordar en el debate en torno al desarrollo del H2 verde es lo relativo a los usos que podría tener en el futuro. Es cada vez más frecuente que gobiernos, agencias internacionales y grandes empresas del sector energético hablen de la economía del hidrógeno proyectando su uso como combustible para los vehículos a hidrógeno y para producir calor,  para el almacenamiento de energía, para el transporte de largas distancias, así como los actuales usos que tiene el H2 gris y azul en las industrias química y petroquímica.


Pareciera de sentido común pensar que difícilmente el H2 verde será más competitivo que la electricidad generada por fuentes renovables, si esta es justamente uno de los insumos para producirlo junto con el agua. Aún pensando en el almacenamiento, es muy difícil que el H2 pueda competir en precio/eficiencia frente a las baterías. Sin embargo, el H2 verde desarrollado a gran escala le permite a las grandes empresas energéticas mantener su modelo de negocio, mientras que la electricidad con fuentes renovables resulta cada vez más asequible para desarrollar proyectos a pequeña escala. En esta línea, resulta bastante curioso que muchos de los grandes proyectos de H2 verde consideren entre sus usos el transporte terrestre e incluso el uso residencial. Pero sí existen algunos sectores donde el H2 puede llegar a tener amplia demanda como lo son el transporte aéreo, marítimo, usos industriales y por supuesto los usos que ya tiene el H2 convencional en la industria química y petroquímica.


El impacto socioambiental del H2 verde

El tercer aspecto a considerar es sin duda el medioambiental. Siendo el sector energético el responsable de alrededor del 70% de las emisiones de gases efecto invernadero, el H2 verde ha sido promovido como la gran esperanza en la lucha contra la crisis climática pues no libera dióxido de carbono sino sólo vapor de agua. Como fue mencionado anteriormente, los intereses de las grandes corporaciones se esmeran en mantener el sistema productivo actual que les permite concentrar grandes ganancias  entre pocos actores a través del impulso de proyectos a gran escala. Este modelo es el que debe ser impugnado, pues no existen fórmulas mágicas, una economía basada en el crecimiento infinito como un dogma es el que afecta gravemente a comunidades y territorios, debilita la democracia y pone en riesgo la subsistencia de la especie humana. El H2 verde aparece como la solución contra la crisis climática, sin embargo, no tenemos certeza sobre cuáles serán los impactos que su desarrollo a gran escala conllevará. Algunos riesgos que se visualizan son:


El H2 verde requiere para su producción básicamente electricidad y agua. El agua es esencial para la vida, por lo que si en el proceso de producción de H2 verde se utilizan fuentes naturales de agua dulce, esto podría producir grandes problemas de escasez hídrica y sequía en los territorios afectando a la población local y destruyendo ecosistemas. La otra opción es utilizar agua de mar desalinizada. Un estudio[5] realizado por científicos del Instituto para el Agua, el Medioambiente y la Salud (UNU-INWEH) -un organismo de la ONU basado en Canadá-, la Universidad Wageningen (Holanda), y el Instituto Gwangju de Ciencia y Tecnología (Corea del Sur) ha advertido que las plantas desalinizadora producen un 50% más de salmuera que lo previamente estimado. El estudio establece que el impacto potencial de la salmuera es muy importante, pues aumenta la temperatura del agua del mar y reduce la cantidad de oxígeno en el agua lo que causa graves daños a la vida acuática. Otros impactos negativos al medioambiente se producen por el vertimiento de residuos como cloro al mar y en el proceso de absorber agua marina para desalinizar pues elimina muchos animales marinos que son atrapados en redes para evitar ser succionados.


También se deben considerar los riesgos que implica que el H2 es altamente inflamable por lo que su transporte y almacenamiento requieren de un alto estándar de seguridad.


A modo de conclusión, la transición energética no puede tratarse sólo de la desfosilización del sector. Sin duda es una urgencia, en el contexto de crisis climática, pero también es una oportunidad de pensar por qué llegamos hasta este punto. Culpar a una fuente energética determinada es un reduccionismo que sólo nos llevaría a cometer errores similares. 


Hoy vemos cómo las opciones energéticas “del futuro” también involucran impactos que a gran escala pueden ser desastrosos, tanto por la afectación de dinámicas sociales en territorios donde  no se ha considerado adecuadamente a quienes los habitan, como porque las tecnologías de energías renovables y la fabricación de baterías para almacenar la energía producida mediante estas fuentes también implica impactos ambientales por los minerales que requieren y por los desechos que se generan una vez finalizada su vida útil. Como hemos visto, el H2 verde también involucra impactos socioambientales, sobretodo si se desarrolla bajo los mismos paradigmas del modelo energético actual.


Los países latinoamericanos, tenemos una larga historia de economías basadas en la extracción de combustibles fósiles y minerales cuyos beneficios económicos han sido para pequeñas élites económicas locales y grandes transnacionales, mientras los costos sociales y ambientales lo han soportado las comunidades. ¿Es este mismo modelo el que la economía del hidrógeno verde nos viene a ofrecer? Entonces, no, gracias. Esta realidad sumada al contexto de la crisis climática, nos deben plantear un desafío mayor, el de una transición socioecológica transformadora. La energía puede ser la punta de lanza de estas transformaciones, pero para eso necesitamos repensar las bases en que se ha sostenido el modelo energético vigente y poner las nuevas fuentes y tecnologías al servicio de la gente y la protección de los ecosistemas. Las señales que han dado los gobiernos hasta el momento no son muy auspiciosas, pero aún estamos a tiempo que el impulso del hidrógeno verde traiga avances sustantivos en materia de gobernanza ambiental para nuestros pueblos.


[1] https://bit.ly/3cVPqqE

[2] https://h2lac.org/argentina

[3] https://h2lac.org/colombia

[4]https://elperiodicodelaenergia.com/enegix-energy-construira-la-planta-de-hidrogeno-verde-mas-grande-del-mundo-en-brasil/

[5]https://inweh.unu.edu/un-warns-of-rising-levels-of-toxic-brine-as-desalination-plants-meet-growing-water-needs/

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Reloj

En Chile, ¿A quién vamos a proteger con esta descarbonización?

En Chile, ¿A quién vamos a proteger con esta descarbonización?

Ignacio SÁNCHEZ
Ignacio SÁNCHEZ
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Al momento de cierre de la edición de este artículo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, expone frente a la ONU que «Hay que dejar de lado la falsa dicotomía entre crecimiento y desarrollo sustentable. El desarrollo o es sustentable o no va ser desarrollo». En ese mismo día, la cancillería Chilena reafirma que no firmará el acuerdo de Escazú, acuerdo que compromete garantías ambientales y sociales a las comunidades que hoy están en crisis y en posibles conflictos futuros.
Hoy, incendios de miles de kilómetros cuadrados permanecen en el corazón de la región de California en Estados Unidos, récords de temperaturas en el desierto y aumentos sostenidos de la magnitud y cantidad de incendios por año nos entregan otra señal del punto donde se cruzan las acciones humanas con el ecosistema. En este contexto, como un golpe de lucidez frente a los hechos, el gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció por conferencia de prensa que “no tiene paciencia para los que niegan el cambio climático”, sin embargo este mismo año bajo su administración se han aprobado  más de 45 nuevos proyectos de fracking, tipo de extracción que se liga directamente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Como este ejemplo lejano vemos como el cambio climático sigue su paso, que se muestra inexorable ante acciones poco claras, o mejor dicho movilizadas otros motivos, no enfocados al bienestar de las personas y comunidades, sino de la rentabilidad y estabilidad de los capitales privados. El panel intergubernamental contra el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, como medida global concreta contra el cambio climático y limitar a 1.5 °C el aumento de temperatura media global,  indica que para el año 2050 se debe balancear en “cero” las emisiones de CO2 y disminuir al mínimo las emisiones otros generadores de efecto invernadero. En este foco la “descarbonización” de la matriz eléctrica, que se refiere a reducir los combustibles fósiles en uso para generación energética, se menciona como crucial A nivel Latinoamericano, este foco de descarbonización ha sido presentado como portador de oportunidades económicas a los países que mantengan acciones al respecto, y en el caso de la generación energética creando empleos y disminuyendo los impactos a la salud por medio del uso de fuentes renovables de energía. Asimismo, mantener las antiguas tecnologías respecto al uso de fuentes renovables además de aumentar su riesgo económico en esta transición hacia una matriz más limpia, se vuelve altamente impopular ante el escenario climático. Esta llamada de atención mundial se cruza directamente con la motivación existente en el territorio Chileno de eliminar las termoeléctricas a carbón, manifestada desde la amplia acción de comunidades y ciudadanía como lo es la alianza “Chao Carbón”para visibilizar las zonas de sacrificio ambiental y social creadas en torno a estas ellas , donde existen altas tasas de problemas de salud asociados a emisiones y efectos severos en los ecosistemas circundantes. (Debemos recordar que Chile mantenía al 2016 un 78% de la emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la generación eléctrica y mantenía un 40% de esta producción en base a carbón al 2018) Con acciones que hacen pensar que se están atendiendo a estas demandas, el gobierno chileno lanzó el año 2019 un plan de descarbonización que cuenta con el cierre de las centrales eléctricas a carbón comenzando con 19% de la capacidad total antes del año 2025 y el 100% para el año 2040. Este plan de avance se entregó como una oportunidad para renovar medios de generación obsoletos en el escenario climático “y que serán reemplazados por Energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia» en palabras del ministro de energía Jobet   Sin embargo el tono e imagen de las medidas son contradictorias en la urgencia de las mismas:  Por una primera parte para este plan de descarbonización el cierre de casi 80% de las generadoras a carbón restantes post 2025, no considera un programa de cierre para ninguna unidad generadora antes del 2040 dejando hasta el momento la decisión completamente a criterio de las empresas hasta el año 2041. Medida directamente incongruente con la necesidad urgente de acabar lo antes posible los efectos dañinos acumulativos demostrados en personas y ecosistemas ubicados en las cercanías de estas centrales y más concretamente respecto a lo plasmado según el último estudio del Gobierno para la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) documento que concreta que estas acciones de cierre: “permitirán propiciar un desarrollo sustentable y sostenible para la comunidad”. Y en una faceta antagónica, con un gobierno que considera muy preocupante un proyecto de ley que podría permitir el cierre de todas las termoeléctricas a carbón menores de 30 años al 2025. Argumentando la posible crisis laboral y de precios de la energía que podría acarrear el precipitarse, pero como se vió, sin contrapropuestas concretas al respecto.  Siguiendo en la misma línea, mientras en el PELP del gobierno se muestra una proyección positiva de las energías renovables alcanzando un 70% al 2025, se realizó un polémico cambio reglamentario bajo el título de «Estado de reserva estratégica» para posibilitar que las centrales a carbón se mantengan disponibles hasta por 5 años después de su cierre mediante una remuneración de un 60% del monto que reciben las centrales activas por potencia.  La justificación a lo anterior se entrega dentro del decreto aprobatorio sólo con la frase: “con la finalidad de dar resguardo a la seguridad y eficiencia del sistema Eléctrico Nacional”. De esta manera, bajo una medida no respaldada por informes técnicos acerca del aporte de estas centrales al respaldo de la matriz, se le entrega un subsidio o aliciente a las termoeléctricas para su retiro amortiguando su costo capital de cierre. Este claroscuro muestra que en lo sustantivo, el foco de las medidas tiene que ver más con una imagen políticamente correcta en lo medioambiental y con un fuerte foco en la estabilidad económica del «business as usual» más que medidas con un espíritu real de cambio. Se da a entender al fin, que las decisiones país sobre el bienestar tanto de las comunidades como ambiental, está coercionado por la circunstancias del mercado, creadas a partir de decisiones de rentabilidad tomadas por privados y donde el rol del estado o la ciudadanía fue cosmético o administrativo, y que verdaderamente no se cree en un futuro sin carbón ni en un plan contra el cambio climático sino que es una postura forzada por las circunstancias geopolíticas.  La rentabilidad únicamente financiera no puede ser el motor de la decisión política para que ciertas tecnologías como el carbón ingresen a la matriz a corto o largo plazo, ya que como se muestra en este caso, al momento de tomar decisiones que están fuera del ámbito de las razones de mercado que las dejaron establecerse (plan de descarbonización, y compromisos ambientales país), la justificación de su necesidad estratégica y política se vuelve autoproclamada.  Lamentablemente no hubo un compromiso estratégico real con el medio ambiente al momento de frenar que el 40% de la generación fuese tomada por las carboneras en un afán economicista y, como mínimo posterior, al tomar cartas en el asunto por las zonas de sacrificio. Ese enfoque ya no existió, y con la oportunidad de comenzar de cero con un plan de descarbonización tampoco están las voluntades para salir del vicio del mercado ya adquirido. La rentabilidad dicta los pasos futuros y el riesgo lo asume en este caso el estado, y lo que es peor las personas que ven transformados y vulnerados sus territorios.  Es necesario otro enfoque, donde el medio ambiente y los habitantes jueguen un rol fundamental en las decisiones. De aprobarse la redacción de una nueva constitución en Chile, será el momento donde se pueda plasmar  en una constitución ecológica los reales derechos de los ecosistemas y sus habitantes, la justicia ambiental y valorar el medio ambiente sobre el derecho a la propiedad y así, que decisiones tomadas en un unos pocos directorios de empresas privadas no defina cuales son las políticas públicas en energía futuras sino el derecho soberano de sus habitantes a tener a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
[1] https://jacobinmag.com/2020/09/ecosocialism-barbarism-climate-change-denial-wildfires
[2] Rogelj, J., D. Shindell, K. Jiang, S. Fifita, P. Forster, V. Ginzburg, C. Handa, H. Kheshgi, S. Kobayashi, E. Kriegler, L. Mundaca, R. Séférian, and M.V.Vilariño (2018). Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R.  atthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]
[3] BID y DDPLAC  (2019). Como Llegar a Cero Emisiones Netas: Lecciones de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C 
[4] http://www.chaocarbon.cl/alianza.php
[5]https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/09/cierre-adelantado-de-cuatro-centrales-energeticas-a-carbon-ambientalistas-valoran-pero-califican-de-insuficiente-el-anuncio-del-gobierno-en-la-cop25/ 
[6] Chile Sustentable (2020). Estado de reserva estratégica: ¿Subsidio a las termoeléctricas a carbón?
[7]Ministerio de energía de Chile (2019). Planificación Energética de Largo Plazo, Periodo 2018-2020.
[8] https://www.revistaei.cl/2020/08/04/nuevo-reves-para-el-gobierno-comision-de-medio-ambiente-aprueba-proyecto-que-prohibe-instalacion-y-funcionamiento-de-centrales-a-carbon/
[9] Ministerio de Energía (2020). Decreto Supremo N°42

 

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