Propuesta frente al aumento de tarifa eléctrica: no más con el bolsillo de los usuarios

JP soler art 2

Propuesta frente al aumento de tarifa eléctrica: no más con el bolsillo de los usuarios

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Juan Pablo Soler*

Los altos costos de la energía han llamado la atención del presidente Petro quien llamó a las instituciones competentes y a las empresas del sector a explicar el asunto.

La controversia se generó a raíz de la publicación del DANE, de los Índices de Precios al Consumidor – IPC de la electricidad, similar a la inflación – que para agosto fue del 25,9 % para el sector de la electricidad. Dado que se trata de un promedio, algunas ciudades no notaron la diferencia, pero en otras como Santa Marta el IPC fue del 49,9 %, es decir, que alguien que hace un año pagó 100 pesos por su factura, este mes debió pagar 150 por el mismo consumo. Variaciones similares se presentaron en Riohacha, 47,1%; en Barranquilla, 44,4 %; en Sincelejo, 40,7 %; y en Valledupar y Montería, 40,4%.

Llama la atención que los precios sean más altos en los lugares donde más se necesita la energía. Las familias en esta zona hacen uso de abanicos, refrigeradores, ventiladores y sistemas de aire acondicionado por salud, calidad de vida y comodidad. Sin embargo, los precios son desmesurados e injustos.

Para este mismo periodo la variación del IPC de los ingresos de las familias más pobres fue del 12,7%, de las vulnerables del 12,53%, de la clase media del 10,98% y de las de altos ingresos del 9,28%. Los ingresos familiares, en promedio, crecen al tiempo que la factura de la electricidad, pero desproporcionalmente, lo cual implica que se tenga que destinar un mayor porcentaje de los ingresos familiares para el pago de servicios públicos. Así, derechos constitucionales como la alimentación adecuada, la recreación y la salud, entre otros, quedan condicionados a la capacidad de pago, es decir, a lo que sobre.

Si bien es alarmante el incremento de la última anualidad, no podemos perder de vista los periodos anteriores, en 2020 los usuarios residenciales pagaron en promedio a 219,75 COP/kWh y en 2021 pagaron 248,42 COP/kWh, teniendo un incremento del 26,6 %. Desde el 2015 ya se registraban aumentos por encima de la inflación del 12% como lo anunciaba en una anterior columna.

Hay quienes defienden el papel y el trabajo adelantado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-, pero sin detenerse a cuestionar la estructura. Lo que se debe atender de fondo es el incremento injustificado de las tarifas que hace imposible su pago.

La privatización del sector eléctrico mediante la creación de la Ley 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 de Reforma del Sector Eléctrico agudizó la problemática de la prestación del servicio de la costa caribe y otras partes del país. Además de ser un servicio costoso no tiene la calidad apropiada dado que, durante la mayor parte del tiempo, el voltaje en algunas zonas es muy inferior a los 120 voltios. Hay cortes consecutivos y cuando se reactiva el servicio la energía llega con picos de voltaje que queman los electrodomésticos. Esta situación calamitosa es difícil de comprobar, por lo tanto, los usuarios deben asumir las pérdidas, en la mayoría de los casos.

Las comunidades en varias ocasiones se han manifestado para cambiar esta situación de injusticia. Solo en Barranquilla entre 2002 y 2003 se contabilizaron más de 100 manifestaciones populares que, en lugar de solución, recibieron la represión del ESMAD.

Por su parte, Unión Fenosa propietaria en ese entonces de Electrocosta y Electricaribe presionó al gobierno de la “Confianza Inversionista”, que se comprometió a girar una parte de los recursos de la nación para aliviar la cartera morosa de las empresas. No obstante, esto no sirvió para que las empresas dejaran de presionar a los usuarios.

El Plan Nacional de Desarrollo de ese gobierno además creó el Fondo de Energía Social -FOES-, el cual se financió con un impuesto a las exportaciones de energía (Art. 118 Ley 812 de 2003). De este fondo, el 70% de los dividendos iban directamente a las carteras de las empresas. Dicho fondo se fue desvaneciendo de la factura durante los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos.

En este análisis de las tarifas también es necesario resaltar que Colombia ha trazado su política energética siguiendo los lineamientos internacionales del Banco Mundial. Se ha establecido en términos coloquiales que los negocios solo son confiables si se tiene un suministro continuo de electricidad. Es lo que denominan confiabilidad del sistema que no está relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, sino que se refiere, específicamente, a los requerimientos para estimular y sostener los mercados y atraer las inversiones privadas en el sector de la energía.

Estos lineamientos fueron parte de las motivaciones que dieron origen al Cargo por Capacidad que luego derivó en el Cargo por Confiabilidad, el cual es un costo adicional que se suma a la tarifa eléctrica y que guarda asidero en el pánico energético de la década de los noventa. Del Cargo por Capacidad las empresas obtuvieron directamente de los usuarios cerca de 5.000 millones dólares, por los que jamás tuvieron que rendir cuentas, y del cargo por capacidad, hasta 2016, habían recibido cerca de 8.000 millones de dólares sin que hubiesen cumplido con su obligación de suministrar Energía Firme para no incrementar las tarifas, según lo denunció en su momento la Contraloría General de la República.

Si bien se han seguido las reformas establecidas por la Banca se evidencia un mito más de la privatización, dado que el documento de estrategia para el sector de la Energía del Banco Mundial de 2011 establecía que se debían reformar los marcos regulatorios para garantizar la participación de actores privados, ya que serían ellos quienes financiarían y asumirían los riesgos en la promoción de mercados competitivos. Sin embargo, seguimos observando que cuando llegan los riesgos las empresas acuden al estado y al bolsillo de los usuarios para salvarse y no al contrario.

El sistema tarifario es complejo de entender, pero seguramente llegarán a algún acuerdo el gobierno y las empresas, donde se anuncia que los precios no bajarán en el corto plazo. En realidad, se deben crear mecanismos tipo resorte que permitan tomar medidas antes de que se apliquen los incrementos a los usuarios. Se debería crear un fondo de reserva con los recursos de las mismas empresas del sector eléctrico y no del Estado, el cual que se alimentaría poniendo un límite a las utilidades. Es decir, cuando las ganancias sean extraordinarias, pasarían a alimentar el fondo de reserva sin poner en riesgo la operación. Así, cuando las variables de la tarifa cambien hacia un incremento se tomaría del fondo de reserva y no del bolsillo de los usuarios.

Esta propuesta además tiene asidero en el ejemplo de Unión Fenosa. Durante mismo años en que esta empresa se quejó y presionó al gobierno por la situación en la Costa Caribe, sus utilidades en las plantas generadoras -gestionadas por su filial EPSA- superaron los 100 millones de dólares; sin embargo, lo callaron, repitiendo la injusta situación en la que siempre se tiende a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.

Esta propuesta también es una alternativa a la presentada por Acolgen, Andesco, Andeg y Asocodis que han planteado crear un nuevo fondo, que se alimente con dineros del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE- lo cual constituye un obstáculo más a la transición energética justa que propone el gobierno en curso.

 

 

 

*Artículo publicado por Juan Pablo Soler en Revista Raya, el 14 de septiembre del 2022. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Participar ¿es decidir? Tensiones y desafíos para una transición energética justa y democrática

Participar ¿es decidir? Tensiones y desafíos para una transición energética justa y democrática

María Paz AEDO
María Paz AEDO
Ignacio SÁNCHEZ
Ignacio SÁNCHEZ
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Aunque la mañana es fría, el salón está calefaccionado y bien provisto para recibir a las autoridades y los representantes del proyecto. La comunidad que se ha enterado del encuentro está dividida entre quienes deciden asistir e informarse y quienes, agotados de reuniones sin fin y de no tener ningún poder de decisión real, ya no quieren ser parte del proceso. Los que asisten, se ubican ordenadamente en la sala, distribuida como si fuese una clase. Las autoridades y los representantes de la empresa se ubican en la testera. Un facilitador está a cargo de guiar la conversación y generar dinámicas para romper el hielo. Otro miembro del equipo oficial toma actas. Un miembro de la comunidad intenta grabar la sesión pero rápidamente un funcionario le dice que no se puede, que “la prensa” debe estar acreditada. La conversación inicia con largas exposiciones sobre las ventajas de la propuesta, la importancia para el desarrollo, la oferta de empleo, el posicionamiento de la región en los mercados. Las preguntas de la comunidad son recogidas por grupos. Las respuestas, generales. Se cierra la sesión agradeciendo la participación en el encuentro y con el compromiso de derivar los comentarios y compartir las actas. 

 

Este relato describe algunos de los hitos que comparten muchos procesos de participación ciudadana en el marco de la evaluación de proyectos. Un formato tutelado, marcado por la asimetría de conocimientos y poder en términos no sólo simbólicos -cargos, profesiones y vestimenta- sino materiales: tanto las metodologías de estos diálogos como la estructura física -salas, sillas, tecnologías, medios de difusión- son dispositivos que tienden a reproducir relacionamientos hegemonizantes y subordinantes, que en muchos casos replican la verticalidad de las relaciones, situando a ciertos actores “arriba” de la testera  -los expertos, los inversores, las autoridades- y a otros “abajo”, en el público -las comunidades, las organizaciones sociales, los pueblos-. La discusión sobre energía ha sido históricamente elitizada bajo el supuesto de neutralidad política y saber experto. Sin embargo, es ineludible su condición sociotécnica, inseparable de sus implicancias económicas, culturales, éticas y políticas.  

 

En el caso de los proyectos de energía, el relato que sustenta estas dinámicas está marcado por el compromiso de los gobiernos con el apoyo al desarrollo de proyectos considerados “estratégicos” en términos macroeconómicos; es decir, funcionales a las expectativas de crecimiento sostenido. Otras consideraciones, como los impactos ecosistémicos, sociales y culturales; las necesidades y derechos a la energía de las comunidades; la justicia ambiental; la propiedad, distribución y destino de la energía, se subordinan a la incuestionable obligación de incrementar el PIB como único y principal indicador de “desarrollo”. Así, todo el proceso comprendido desde la concepción a la evaluación de los proyectos energéticos está permeado por la voluntad política de su aprobación, previo a la consulta de las partes involucradas fuera de los desarrolladores mismos, tanto públicos como privados. El principal interés es seguir dotando de energía a la sustentación del modelo existente. 

 

Como muestra particular de lo anterior, frente a la insoslayable crisis climática y a los evidentes impactos socioterritoriales de la producción y combustión de hidrocarburos, los mercados energéticos están trasladando sus intereses a las fuentes de energías renovables como nuevo nicho de negocios, replicando las mismas antiguas prácticas. Un nuevo nicho, no un desafío global de justicia y equidad. En este escenario adverso de crisis en la que vivimos, pero ya conocido para las comunidades afectadas por proyectos energéticos históricamente, se abre en este punto de inflexión: la posibilidad concreta de una transición justa que contenga la  construcción de una soberanía energética desde los pueblos.

 

Resulta central para una transición energética justa, evitar la cooptación de agendas, territorios y comunidades de una transición basada en el mero reemplazo de energéticos antes que la transformación y reconocimiento de los relacionamientos con los bienes naturales comunes en su globalidad. Sobre este último punto, la transición entonces, no sería sólo el movimiento hacia algo completamente nuevo, sino también una forma de nombrar lo que históricamente es propio, reconocer entonces que la experiencia de las comunidades locales, las autonomías en la producción de la energía y los materiales que se requieren para sostener la vida están compuestos de entramados complejos de cooperación y cuidados. 

 

Para que esta transformación desde los pueblos se reconozca a sí misma como un camino por su propio mérito y no sólo una respuesta antagónica al que se impone desde el mercado es fundamental el acceso de las comunidades a la capacitación e información sobre generación, producción y distribución de energía, poniendo en valor los saberes locales de gestión, toma de decisiones, distribución de beneficios y generación de acuerdos (Baigorrotegui, 2019; Sannazzaro, 2017). De esta manera, es posible pensar en una producción energética orientada al bienestar de los pueblos en vez de sólo alimentar un metabolismo económico caracterizado por la demanda sostenida de energía y materiales, por demás agotado y responsable de la crisis global (Valero et. al, 2019).

 

Hoy el predominio de participaciones tuteladas, orientadas a dar legitimidad a proyectos cuya decisión ha sido ya tomada en aras del crecimiento y desarrollo, no sólo es una práctica que reproduce las desigu

aldades sino también se pierde de la riqueza presente en los saberes, prácticas y experiencias locales. 

 

Con la visión de no replicar estas prácticas y sus resultados, el autoreconocimiento de las comunidades en su valor tangible e intangible junto a la desconcentración de la producción, la comercialización local y la distribución colectiva de beneficios abren posibilidades interesantes a la descentralización de la energía y a reducir las dependencias y vulnerabilidades que emergen. 

 

Si la premisa de los llamados procesos de participación es extender las posibilidades de bienestar en las comunidades, la energía debe ser reconocida como un derecho a ejercer activamente en ellos. En plena crisis y con una transición energética que busca ser justa, no podemos permitirnos seguir reproduciendo prácticas que sólo generan más deterioro socioecológico y concentración de beneficios.

 

Referencias

Baigorrotegui, G. (2019). Transición Energética y Democracia: Chile – Comunidades energéticas en Latinoamérica. Notas para situar lo abigarrado de prácticas energocomunitarias. País Vasco: Proyecto TRADENER, Ekologistak Martxan, Ingeniería Sin Fronteras (ISF-MGI), Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Sannazzaro, J., Campos, M., Gajardo, P., Santibáñez, P. y Mondaca, E. (2017). El caso de implementación del proyecto de electrificación de las islas del Archipiélago de Chiloé y la desechada autonomía energética. Documento de trabajo, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) y Sur Territorio.

Valero, A., Valero, A. y Calvo, G. (2021). Thanatia: Límites materiales de la transición energética. Zaragoza: Ediciones PUZ, Universidad de Zaragoza.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

¿Economía del Hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias

¿Economía del Hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias

Maximiliano PROAÑO
Maximiliano PROAÑO
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

El hidrógeno (H2) es un vector energético, una materia prima y un combustible, y tiene la particularidad que aún siendo el elemento más abundante en el universo, no es posible encontrarlo naturalmente en su estado puro. De acuerdo a la materia prima que se utiliza para su obtención, y los efectos que este tiene para el medioambiente, el hidrógeno se ha clasificado comúnmente en:

  1. a) gris, si proviene de fuentes de energía fósiles (como gas natural o carbón) o, mediante electrólisis pero mediante electricidad generada con combustibles fósiles. El proceso es altamente contaminante;
  2. b) azul cuando también proviene de fuentes de energía fósiles, sin embargo, su producción es considerada carbono neutral, porque tiene acoplada una cadena de valor que permite el proceso de captura y almacenamiento del carbono;
  3. c) verde, se produce a partir de agua y energías renovables, mediante un procedimiento llamado electrolisis, el cual divide el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno reacciona con el aire liberando agua en forma de vapor.


El H2 verde probablemente jugará un rol muy importante en los procesos de descarbonización en los distintos países y, por lo tanto, lograr un sector energético bajo en emisiones. Sin embargo, resulta relevante advertir que el modo en que se ha venido llevando el debate en torno al H2 verde, lejos de dirigirnos hacia una transición energética justa, popular y democrática, seguirá siendo un sector secuestrado por los grandes intereses corporativos y el rol de la ciudadanía seguirá siendo el de meros clientes. En otras palabras, hoy existe un serio riesgo que “la revolución del H2 verde” implique que este ocupe el lugar de las energías fósiles pero con la misma gobernanza ambiental (o la falta de esta), similares actores, concentración en la propiedad y estructura impositiva, así como nulos avances en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.


Al hacer una breve revisión del estado actual del debate, estrategias y regulación del H2 verde en algunos países de la región, es posible observar que el debate gira en torno a las grandes inversiones, incentivos gubernamentales, mega proyectos y actores ya conocidos, mientras que las propuestas en torno a una nueva gobernanza son nulas. A continuación algunos ejemplos.


Chile[1] se ha planteado una estrategia sumamente ambiciosa respecto al desarrollo del hidrógeno verde, al 2025 espera ser el primer país de latinoamérica en inversiones de H2 verde en Latinoamérica, tener 5 GW de capacidad de electrólisis construida y en desarrollo en al menos dos polos en el país. Al 2030 Chile espera estar produciendo el H2 verde más barato del planeta (<1,5 USD/kg), líder global en exportación de hidrógeno verde y sus derivados, con 2,5 billones de dólares al año, y líder global de H2 verde por electrólisis con 25 GW.


Argentina[2] tiene actualmente una demanda de hidrógeno de alrededor de 300.000 toneladas anuales de H2 desde sectores como el petroquímico, para procesos en refinerías; desde la industria química, para producción de amoníaco y fertilizantes para la agricultura; para la producción de metanol, entre otros. Dicha demanda actualmente es cubierta con hidrógeno gris. Para que el país transite desde el hidrógeno gris al verde requerirá primero incrementar y consolidar la participación de las energías renovables en el sector eléctrico. Donde Argentina sí tiene camino avanzado es en regulación y en proyectos experimentales. El país posee desde el año 2006 una ley de fomento al hidrógeno, y desde el año 2018 se encuentran en discusión en el parlamento adecuaciones a la regulación para que esta signifique un impulso al desarrollo de H2 verde. Respecto a proyectos piloto, Hychico (compañía argentina) produce H2 verde para autoconsumo desde el 2008, y desde el 2010 almacena metano verde en un pozo petrolero agotado para la producción de metano verde, a través de un gaseoducto apto para el transporte de H2 de 2,3 Km de longitud. La petrolera estatal YPF y CONICET convocaron a un consorcio de empresas interesadas en el desarrollo del hidrógeno.


En México la Ley de Transición Energética establece como mandato que el 35% de la generación de energía eléctrica en México deberá provenir de energías limpias para el año 2024. En el marco regulatorio energético actual el hidrógeno verde aparece mencionado en la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en el Programa Sectorial de Energía y en los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs). El país aún no cuenta con un plan o estrategia específica para Hidrógeno Verde ni con proyectos de gran escala de producción.


En Colombia[3] se encuentra en discusión en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca promover el desarrollo tecnológico, la producción y el uso del hidrógeno verde en el país. El marco regulatorio, considera un Plan de incentivos y apoyo a la innovación y emprendimiento para proyectos relativos al hidrógeno verde. Durante 2021 será presentada la hoja de ruta estructurada con el BID para la producción y uso de hidrógeno verde teniendo en cuenta las variables institucionales, legales, comerciales y financieras del país.


Brasil posee un enorme potencial para el desarrollo de H2 verde, tanto por el desarrollo que se espera para las energías renovables en el país como por la gran demanda interna que este podría tener entre otros usos para productos del sector agrícola. El país no tiene una regulación ni tampoco un plan o estrategia específica para el desarrollo del H2 verde. Si se menciona en el Plan Nacional de Energía 2050, en el contexto de descarbonización y transición de las fuentes energéticas brasileñas. En febrero de 2021 el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) señaló el hidrógeno verde como tema prioritario para investigación y desarrollo. A pesar de la falta de una institucionalidad específica para el desarrollo del H2 verde, en el mes de marzo 2021, la compañía Enegix Energy y el gobierno estatal han anunciado la construcción de la planta de hidrógeno verde más grande del mundo en Ceará. El proyecto llamado Base One involucra una inversión de 5.400 millones de dólares, y produciría más de 600.000 toneladas de hidrógeno verde al año a partir de 3,4 GW de energía renovable de carga base ya contratada a través de una asociación con Enerwind[4].


Usos del Hidrógeno verde

Un segundo aspecto importante a abordar en el debate en torno al desarrollo del H2 verde es lo relativo a los usos que podría tener en el futuro. Es cada vez más frecuente que gobiernos, agencias internacionales y grandes empresas del sector energético hablen de la economía del hidrógeno proyectando su uso como combustible para los vehículos a hidrógeno y para producir calor,  para el almacenamiento de energía, para el transporte de largas distancias, así como los actuales usos que tiene el H2 gris y azul en las industrias química y petroquímica.


Pareciera de sentido común pensar que difícilmente el H2 verde será más competitivo que la electricidad generada por fuentes renovables, si esta es justamente uno de los insumos para producirlo junto con el agua. Aún pensando en el almacenamiento, es muy difícil que el H2 pueda competir en precio/eficiencia frente a las baterías. Sin embargo, el H2 verde desarrollado a gran escala le permite a las grandes empresas energéticas mantener su modelo de negocio, mientras que la electricidad con fuentes renovables resulta cada vez más asequible para desarrollar proyectos a pequeña escala. En esta línea, resulta bastante curioso que muchos de los grandes proyectos de H2 verde consideren entre sus usos el transporte terrestre e incluso el uso residencial. Pero sí existen algunos sectores donde el H2 puede llegar a tener amplia demanda como lo son el transporte aéreo, marítimo, usos industriales y por supuesto los usos que ya tiene el H2 convencional en la industria química y petroquímica.


El impacto socioambiental del H2 verde

El tercer aspecto a considerar es sin duda el medioambiental. Siendo el sector energético el responsable de alrededor del 70% de las emisiones de gases efecto invernadero, el H2 verde ha sido promovido como la gran esperanza en la lucha contra la crisis climática pues no libera dióxido de carbono sino sólo vapor de agua. Como fue mencionado anteriormente, los intereses de las grandes corporaciones se esmeran en mantener el sistema productivo actual que les permite concentrar grandes ganancias  entre pocos actores a través del impulso de proyectos a gran escala. Este modelo es el que debe ser impugnado, pues no existen fórmulas mágicas, una economía basada en el crecimiento infinito como un dogma es el que afecta gravemente a comunidades y territorios, debilita la democracia y pone en riesgo la subsistencia de la especie humana. El H2 verde aparece como la solución contra la crisis climática, sin embargo, no tenemos certeza sobre cuáles serán los impactos que su desarrollo a gran escala conllevará. Algunos riesgos que se visualizan son:


El H2 verde requiere para su producción básicamente electricidad y agua. El agua es esencial para la vida, por lo que si en el proceso de producción de H2 verde se utilizan fuentes naturales de agua dulce, esto podría producir grandes problemas de escasez hídrica y sequía en los territorios afectando a la población local y destruyendo ecosistemas. La otra opción es utilizar agua de mar desalinizada. Un estudio[5] realizado por científicos del Instituto para el Agua, el Medioambiente y la Salud (UNU-INWEH) -un organismo de la ONU basado en Canadá-, la Universidad Wageningen (Holanda), y el Instituto Gwangju de Ciencia y Tecnología (Corea del Sur) ha advertido que las plantas desalinizadora producen un 50% más de salmuera que lo previamente estimado. El estudio establece que el impacto potencial de la salmuera es muy importante, pues aumenta la temperatura del agua del mar y reduce la cantidad de oxígeno en el agua lo que causa graves daños a la vida acuática. Otros impactos negativos al medioambiente se producen por el vertimiento de residuos como cloro al mar y en el proceso de absorber agua marina para desalinizar pues elimina muchos animales marinos que son atrapados en redes para evitar ser succionados.


También se deben considerar los riesgos que implica que el H2 es altamente inflamable por lo que su transporte y almacenamiento requieren de un alto estándar de seguridad.


A modo de conclusión, la transición energética no puede tratarse sólo de la desfosilización del sector. Sin duda es una urgencia, en el contexto de crisis climática, pero también es una oportunidad de pensar por qué llegamos hasta este punto. Culpar a una fuente energética determinada es un reduccionismo que sólo nos llevaría a cometer errores similares. 


Hoy vemos cómo las opciones energéticas “del futuro” también involucran impactos que a gran escala pueden ser desastrosos, tanto por la afectación de dinámicas sociales en territorios donde  no se ha considerado adecuadamente a quienes los habitan, como porque las tecnologías de energías renovables y la fabricación de baterías para almacenar la energía producida mediante estas fuentes también implica impactos ambientales por los minerales que requieren y por los desechos que se generan una vez finalizada su vida útil. Como hemos visto, el H2 verde también involucra impactos socioambientales, sobretodo si se desarrolla bajo los mismos paradigmas del modelo energético actual.


Los países latinoamericanos, tenemos una larga historia de economías basadas en la extracción de combustibles fósiles y minerales cuyos beneficios económicos han sido para pequeñas élites económicas locales y grandes transnacionales, mientras los costos sociales y ambientales lo han soportado las comunidades. ¿Es este mismo modelo el que la economía del hidrógeno verde nos viene a ofrecer? Entonces, no, gracias. Esta realidad sumada al contexto de la crisis climática, nos deben plantear un desafío mayor, el de una transición socioecológica transformadora. La energía puede ser la punta de lanza de estas transformaciones, pero para eso necesitamos repensar las bases en que se ha sostenido el modelo energético vigente y poner las nuevas fuentes y tecnologías al servicio de la gente y la protección de los ecosistemas. Las señales que han dado los gobiernos hasta el momento no son muy auspiciosas, pero aún estamos a tiempo que el impulso del hidrógeno verde traiga avances sustantivos en materia de gobernanza ambiental para nuestros pueblos.


[1] https://bit.ly/3cVPqqE

[2] https://h2lac.org/argentina

[3] https://h2lac.org/colombia

[4]https://elperiodicodelaenergia.com/enegix-energy-construira-la-planta-de-hidrogeno-verde-mas-grande-del-mundo-en-brasil/

[5]https://inweh.unu.edu/un-warns-of-rising-levels-of-toxic-brine-as-desalination-plants-meet-growing-water-needs/

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Chile necesita una constitución ecológica para una transición energética transformadora

Chile necesita una constitución ecológica para una transición energética transformadora

Maximiliano PROAÑO
Maximiliano PROAÑO
Ignacio SÁNCHEZ
Ignacio SÁNCHEZ
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

El proceso constituyente Chileno en curso que fue ratificado con amplio triunfo en el plebiscito del pasado 25 de octubre al aprobar la realización de una nueva constitución, representa una enorme oportunidad para la construcción de las bases de un nuevo entendimiento sobre nuestros derechos sociales, culturales y ambientales y sobre la distribución del poder económico, político y territorial, lo que abrirá muchos debates en cuanto a los contenidos de la futura constitución.

 

Uno de estos debates es el que ha sido impulsado por diversos actores de la sociedad civil que abogan por una constitución ecológica, post-extractivista, acorde a los tiempos de crisis climática que el país y el mundo estarán inmersos durante las próximas décadas.

En Chile sobre el 78% de la generación de gases efecto invernadero (GEI) proviene del sector energético[1]. De este porcentaje un 41% de dichas emisiones proviene de la generación de electricidad. A su vez, de ese 41% las 28 termoeléctricas a carbón que operan actualmente en el país son responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), el 88% de la totalidad de material particulado (MP), el 97% de las emisiones totales de SO2 y el 91% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NOx)[2]. Estas emisiones provienen de termoeléctricas a carbón que se concentran en las llamadas zonas de sacrificio ambiental[3] ubicadas en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Los habitantes de estos territorios llevan décadas de vulneración a sus derechos fundamentales, soportando enormes cantidades de contaminación en el aire, en la tierra y en sus costas, afectando gravemente la salud de su población. La respuesta estatal, se ha limitado a planes de recuperación ambiental y social (PRAS) que no resuelven la crisis, no buscan eliminar el impacto ambiental ni las industrias sino que, buscan establecer un consenso en aceptarlas como un mal necesario. Naturalmente quienes habitan estos territorios han acumulado un gran descontento frente a una institucionalidad que los declarado sacrificables. Muy probablemente por esta razón, en el plebiscito por una nueva constitución, donde a nivel nacional la opción “apruebo una nueva Constitución” obtuvo un altísimo 78,27%, en la zonas de sacrificio los resultados fueron aún más altos, por ejemplo Mejillones con 89,6%, Tocopilla (90%), Quintero (81%) y Puchuncaví (84%).

 

Constitución ecológica para la transición energética. Algunos elementos para el debate

 

Una constitución política de un país otorga un marco a su modelo de desarrollo. El modelo energético de un país está directamente ligado a su modelo de desarrollo, y por lo tanto, el resultado del proceso constituyente, tendrá gran incidencia en el modelo energético futuro.

También resulta lógico pensar que una constitución del siglo XXI debe internalizar la problemáticas de la crisis climática y la justicia ambiental en su contenido, lo que a su vez propiciaría una transición energética justa, democrática y popular. Entonces la siguiente interrogante es qué aspectos específicos debiera abordar una llamada constitución ecológica para llevar esto a cabo.

 

Un aspecto clave a superar en una nueva constitución es el principio subsidiario que subyace e inspira la Constitución de 1980 y que en la práctica subordina el bien común al bien particular, especialmente la propiedad privada. En materia energética opera claramente, dejando al Estado como regulador y con una participación muy marginal a través de ENAP, mientras son los privados los que deciden mediante qué fuentes, dónde y cuánta energía generar.

 

Pero una nueva constitución que busque desmercantilizar nuestros derechos, no puede quedarse sólo en el debate Estado o mercado. La gestión de lo público, de lo común, debe incluir al tercer pilar, a las comunidades. Esto significa superar la actual visión meteorizada del territorio para las intervenciones del estado, las que son reactivas y acotadas, donde se entiende la participación ciudadana sólo en términos formales, y se impone el “dejar hacer” a las empresas privadas mediante una legislación y fiscalización ambiental débil, poniendo el foco en la gestión del conflicto a través de la reparación y compensación y no en su prevención.

 

La energía como derecho

 

El acceso equitativo a la energía hoy resulta de gran relevancia para el desarrollo pleno de las personas, por lo tanto, la energía debe dejar de ser concebida como una mera mercancía y ser comprendida como un derecho. Esto también tiene implicancias en materia de pobreza energética, entender la energía como un derecho también debe garantizar su acceso en términos de contar con un servicio energético de calidad, apropiado al contexto territorial y la posibilidad cierta de contar con él más allá de la posición socioeconómica.

 

Un aspecto que dice relación tanto con una mejor distribución del poder como de la energía como derecho es la necesidad de establecer la justicia ambiental como un principio que informe la nueva constitución y que asegure una distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales generados, entre otras actividades, por el sector energético.

 

La energía en la constitución orgánica

 

La crisis social en Chile está directamente relacionada con la insostenible concentración de poder que ostenta un pequeño sector de la sociedad. Por lo tanto una nueva constitución necesariamente deberá organizar el Estado propiciando la desconcentración económica, política y territorial.

 

Relacionado con lo anterior está el necesario proceso de descentralización y planificación  territorial con efectiva participación de la ciudadanía. Las energías renovables no aseguran per se que no haya conflictos socioambientales, hay temas de escala de los proyectos, de pertinencia territorial, y de reconocimiento de las dinámicas sociales y culturales que deben ser consideradas y donde la ciudadanía debe estar involucrada. Por lo tanto, planes regionales de ordenamiento territorial vinculantes discutidos participativamente por la ciudadanía, son de gran relevancia para avanzar en una transición energética justa, democrática y popular.

 

 

 

[1] https://www.revistaei.cl/2018/12/12/informe-dice-sector-energia-genera-78-las-emisiones-del-pais/

[2] http://www.chilesustentable.net/2019/10/termoelectricas-a-carbon-como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-ellas/

[3] Una zona de sacrificio ambiental es un territorio con un deterioro de la calidad ambiental agudo, multidimensional con efectos graves sobre la población y el medio ambiente derivada de decisiones principalmente económicas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Energía y Pandemia

Energía y Pandemia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

El contexto de pandemia asociado al COVID 19  ha impactado en la cotidianeidad de todas las culturas del planeta y el sistema energético no queda exento de ello. Si bien no podemos decir que haya cambiado sustancialmente el diagnóstico, si podemos recorrer sus principales dimensiones y observar los cambios que se han producido tanto cuanti como cualitativamente.

El impacto más visible para los mercados se asocia a la fuerte caída en la magnitud de la energía utilizada en aquellos países en donde la pandemia está produciendo mayores impactos. A nivel global y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía la extracción de petróleo sufrió caídas de 10,8 millones de barriles diarios en marzo, 29 millones en abril y 25 millones en mayo tras lo cual se augura un proceso de recuperación paulatina de los valores anteriores. Los valores máximos de caída equivalen a aproximadamente un 30% de la extracción diaria de petróleo (para más detalles ver la nota: Energía, ambiente, COVID 19 y la delgada línea entre la normalidad y el ecocidio). Podríamos decir que vivimos un corto período de caída abrupta impactada fundamentalmente por la reducción del consumo del sector transporte a nivel global y que ha afectado a nuestra región teniendo en cuenta que dicho sector es el de mayor consumo energético.

Pero los impactos más fuertes para la sociedad latinoamericana se asocian a varios aspectos en lo vinculado al sistema energético. Por un lado el crecimiento de la pobreza energética en la región como producto del avance de la pobreza a raíz de los impactos que la pandemia está teniendo sobre los sistemas productivos en los diversos países. Si bien existen datos como los presentados por los informes de la CEPAL respecto a pobreza, no es tan sencillo acceder a información fehaciente que de cuenta del real impacto en el crecimiento de la pobreza energética. Si bien algunos estados han intentado dar algún tipo de respuestas como ser congelamiento de tarifas las mismas aún resultan insuficientes.

El contexto pandémico, si bien ha generado en muchos estados acciones de políticas sociales directas, también debemos decir que ha afectado la libertad de demandar, peticionar y reclamar por derechos. Esto, en un sector habitualmente opaco como en el energético, resulta preocupante no solo en lo que respecta a la disputa por el acceso a la energía sino por las dificultades ampliadas que tienen en este contexto las comunidades afectadas por proyectos extractivos energéticos.

Es de hacer notar que la alta concentración y centralización del sistema energético se configuran también como un elemento de fragilidad que sumado a la lógica mercantil que domina el sector en el continente se transforman en elementos que conspiran con la posibilidad de pensar en que pueda haber una respuesta acorde en la actual situación.

En este marco, tal vez la condición fundamental para dar respuestas que estén a la altura de las necesidades actuales, se refieran a establecer como pauta la recuperación de la idea que ubica a la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas y de redistribución de riqueza en un contexto de profundización de las desigualdades.

Esto impone, más que nunca, abandonar la concepción mercantil capitalista de la energía y colocarla en otra esfera, en otra dimensión por fuera de las lógicas de oferta y demanda.

Podríamos decir que la pandemia ha agudizado las problemáticas alrededor del sistema energético, solo el breve lapso que veremos de disminución del uso de combustibles fósiles podría ser algo positivo, pero que con la vuelta a las condiciones prepandemia quedaría solo en una anécdota.

En este marco se refuerzan las necesidades de cambio sobre el sistema energético ahora con las urgencias que implican los principales impactos que está teniendo la pandemia sobre la sociedad.

En este sentido cobra particular relevancia dar respuestas urgentes a las situaciones de pobreza energética, no solo referido a los nuevos pobres energéticos sino al conjunto de la población que se encuentra en esta situación. La lucha por sobrevivir en este contexto necesita imperiosamente garantizar el acceso a los servicios públicos, entre ellos la energía, y estas políticas debieran ser centrales y urgentes.

Otras dimensiones deseables en un proceso de transición energética tal vez no tengan la urgencia de la anterior pero si creemos que se presenta el momento oportuno para ello.

Este debiera ser un momento para avanzar en la crítica y derogación de los marcos normativos y legislativos neoliberales del sector energético regional que han consagrado en su momento una estructura de mercado ajeno a las necesidades de la población del continente.

La pandemia ha puesto sobre la mesa nuevamente al estado y su rol, en muchas áreas abandonado en favor del mercado. Como bien hemos visto esta nueva aparición de la necesidad de fortaleza del estado se da de forma ambivalente en muchos países, por un lado suele aparecer un estado presente con políticas sociales pero, en algunos casos, aparecen también algunos reflejos no deseados que se asocian a restricciones democráticas.

Sin embargo, podríamos decir que se ha habilitado globalmente y en buena hora, el debate y las acciones posibles de los estados de recuperar resortes claves de la economía, entre ellos el sector energético. Esto ha impulsado en algunas regiones procesos de desprivatizaciones. En América Latina gran parte del sector energético se encuentra en manos estatales, sin embargo sabemos que esto no alcanza si no logramos una gestión verdaderamente pública y democrática. El camino de desprivatización debe estar abierto no solo a la propiedad estatal sino a otras formas de lo público y se configura como un desafío el control democrático de las políticas energéticas.

Pero la pandemia nos presenta también otras oportunidades, entre ellas, y a partir de la crisis del modelo de producción globalizado, se encuentra la de rediscutir los circuitos de producción. Localizar la producción, en particular la de alimentos, desglobalizar las cadenas productivas, fortalecer la idea del vivir con lo nuestro ahora en un contexto latinoamericano se presentan como oportunidades a aprovechar.

En un contexto de restricciones a la participación ciudadana por las medidas de aislamiento social resulta relevante prestar atención al fortalecimiento de procesos y mecanismos que apunten a la democratización del sector.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp